La presidenta Cristina Kichner anunció anoche el envío al Congreso de una nueva ley de Inteligencia que implicará la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) y el traspaso desde la órbita del Ejecutivo a la Procuración General de la Nación del sistema de escuchas telefónicas, conocido con el nombre de “Ojota” en la jerga de los servicios de inteligencia.
La mandataria informó también que firmará un decreto para llamar a sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero, para que las dos cámaras legislativas se aboquen “exclusivamente” a debatir la reforma de los organismos de inteligencia.
La oposición, que venía reclamando las extraordinarias para derogar el Tratado con Irán y citar al jefe de la SI, Oscar Parrilli, y al canciller Héctor Timerman, pedirá una “ampliación del temario” para incluir estas iniciativas y no cederle nuevamente al oficialismo las riendas del debate parlamentario.
Cristina usó la cadena nacional durante una hora y dejó en claro que, para el Gobierno, detrás de la muerte del fiscal Alberto Nisman están “agentes de inteligencia” que le proveían información. En su discurso, la Presidenta delineó los principales ejes del proyecto que en las próximas horas llegará al Congreso.
La actual SI desaparecerá y se creará un nuevo órgano: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que estará comandada por un director general y un subdirector, funcionarios que deberán tener acuerdo del Senado (como los jueces, fiscales o embajadores).
“Se cambian los paradigmas rectores y (la AFI) sólo podrá analizar la información atinente a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y de sus habitantes”, dijo Cristina.
Luego, dio más precisiones: los temas que deberá abordar la nueva Agencia son la prevención del terrorismo, del narcotráfico, del tráfico de armas, de la trata de personas, de los delitos informáticos, de los delitos financieros y de “otras formas de criminalidad organizada”.
El dato que más polémica despertó en la oposición, que venía reclamando reformar las estructuras de la inteligencia estatal que vienen casi intactas desde la Dictadura, es el traspaso a la órbita de la Procuración General de las escuchas telefónicas.
"Es el único órgano constitucional que es extra-poder", fundamentó Cristina para defender la decisión de darle aún más facultades a Alejandra Gils Carbó, la cuestionada jefa de los fiscales federales.
Por otro lado, siempre siguiendo la exposición presidencial, se clasificará la información como “secreta”, “confidencial”, “reservada” y “pública” y se sacará del Ministerio de Justicia la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal para llevarla a la AFI.
“La relación de la AFI con funcionarios de cualquier de los tres poderes sólo pueden hacerse a través del director o del subdirector. La única vía es la institucional. Es necesario dar más transparencia”, dijo la Jefa de Estado.
Por ello, quienes desde el Estado tomen contacto con agentes de inteligencia salteando a la cúpula, “tendrán fuertes penalidades”, agregó Cristina. Además, dijo que la nueva ley sancionará con penas no excarcelables a quien intercepte comunicaciones o envíe información no autorizada.
El miércoles pasado, este diario informó que el oficialismo tenía previsto dar el debate de nueva ley de Inteligencia para contrarrestar la embestida opositora que se originó tras la muerte del fiscal Nisman.
Pero en la bancada de diputados oficialista se estimaba que el anuncio del envío de la nueva norma lo haría Cristina el 1° de marzo, en ocasión de inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias. Presionada por la crisis política, ayer la Jefa de Estado se anticipó y decidió convocar a extraordinarias.
Respuesta opositora
La oposición reaccionó al anuncio presidencial con muchas críticas. "Luego de once años en el poder se da cuenta que el problema de la democracia son los servicios de inteligencia, cuando los ha usado durante todo este tiempo", dijo el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri.
El legislador cordobés recordó que el oficialismo tuvo paralizada la comisión bicameral que sigue los órganos de Inteligencia y se negó a convocar al Consejo Federal de Seguridad. “Este proyecto requiere consenso porque se trata de una ley que durará años y ella -la Presidenta- se va en diciembre”, advirtió Negri.
Los dos precandidatos a presidentes radicales se mostraron críticos del discurso presidencial. “No fue lo que esperábamos”, dijo Julio Cobos. “Con el traspaso del sistema de escuchas a la Procuración, que está manejada por Justicia Legítima, estamos en el horno”, sostuvo.
La posición de la UCR es que el sistema “Ojota” pase a la órbita de la Corte Suprema. En tanto, el senador Ernesto Sanz, se descargó por Twiter. “Con esta gente en el poder, cualquier reforma legislativa será implementada por quienes consideran a la inteligencia una cuestión personal”, escribió y se quejó porque la Presidenta no dijo nada “de la Inteligencia militar que desde hace dos años reemplaza a la de la Side”.
El jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, también se mostró en contra del traspaso de las escuchas a la Procuración. “Lo único serio es que las escuchas las haga la Corte Suprema y no Milani, una agencia o Gils Carbó”, tuiteó.
“Hay que crear la policía judicial y quitarle el poder de realizar escuchas a la Secretaria de Inteligencia y al Gobierno Nacional”, sostuvo Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador, el primer massista en salir a plantear su posición.
Desde la izquierda, el diputado trotskista Nicolás del Caño, denunció “la hipocresía” del oficialismo. “Después de 12 años de mantener intacta la ex-Side de la dictadura y bancar a los Stiuso, CFK plantea la disolución”.
