"He decidido no hacer comentarios sobre remiseros 'arrepentidos' que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también 'arrepentidos', que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme sobre el empresario Gabriel Romero -nuevo 'arrepentido'- que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial".
Con este preámbulo, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió ante los dichos del empresario Gabriel Romero, quien el jueves dijo haber pagado U$S 600 mil a ex funcionarios kirchneristas para conseguir una prórroga en la concesión de la hidrovía del Paraná, considerada la más importante a nivel mundial para el traslado de granos.
El escrito de la ex presidenta es su primer pronunciamiento público referido a la llamada "causa de los cuadernos", sin considerar el escrito que dejó el lunes pasado en el despacho del juez Claudio Bonadio, al que acusó de perseguirla políticamente.
Cristina Fernández dijo sentirse "indignada" por la versión aportada a la Justicia de parte del empresario Romero, uno de los tantos "arrepentidos" que acumula la causa iniciada a partir de la revelación de una serie de cuadernos atribuidos al ex chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.
Romero es el titular de Hidrovía SA, la empresa concesionaria del canal fluvial, y que tiene a su cargo el cobro de peajes a las embarcaciones. Una fuente judicial aseguró a la prensa que el empresario dijo haber pagado "600 mil dólares en sobornos por el decreto 113/2010". El decreto firmado por Cristina Fernández en el tercer año de su primera presidencia extendió la concesión a Hidrovía SA hasta 2021.
Tras la confesión de Romero, Bonadio ordenó la liberación de Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía SA.
En su versión, el empresario le apuntó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, como recaudador de los sobornos.
En los cuadernos hay anotaciones en las que se indica también la entrega de dinero (unos U$S 300 mil) a Roberto Baratta, el segundo de De Vido en Planificación Federal, de parte de Poblete, a quien nombra como "Paulette".
Dijo ayer Cristina Fernández: "Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni éste ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos. Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados", sostuvo.
En su escrito difundido por las redes sociales, la senadora nacional explicó, en 11 puntos, el recorrido institucional del controvertido decreto hasta la rúbrica presidencial.
"Mi intervención como Presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la Sigen, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación", argumentó.
La carta concluye con una fuerte crítica al accionar del fiscal y el juez que llevan adelante la causa de los cuadernos, a los que les atribuye discrecionalidad para decidir a quién liberan y quién sigue el proceso judicial desde la cárcel: "El evidente manejo extorsivo de la figura del 'arrepentido' llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social. Lo saben todos y todas".
