La expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner se sentó ayer por primera vez en el banquillo de los acusados. Fue en el marco de la causa "Vialidad", en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en favor del empresario Lázaro Báez.
La senadora arribó puntual y escuchó la acusación fiscal en su contra con aire de desinterés, sin abandonar el teléfono celular con el que se comunicó vía mensajes de forma permanente.
Fueron tres horas iniciales de lectura de acusaciones. Esto continuará durante al menos las próximas cinco o seis audiencias. Por lo que recién dentro de dos meses comenzará la etapa de declaraciones, para la que están citados 160 testigos.
La lectura de las acusaciones llegó ayer hasta la página 90, de un total de casi 600. En ellas hay 210 pruebas aportadas por los fiscales investigadores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Son, en su gran mayoría, documentos de la Dirección Nacional de Vialidad presentados por su ex titular Javier Iguacel, quien fue ministro de Energía del gobierno de Cambiemos..
Horas antes de que arrancara el proceso, Cristina dijo que ella ni siquiera tendría que haber sido citada a este enjuiciamiento y afirmó que se trata de un "nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora en el banquillo en plena campaña".
Rápidamente, el gobierno acusó recibo y fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien le contestó. "No es así, ella está enfrentando un proceso y está en una etapa de defensa", expresó el funcionario en declaraciones radiales.
Y agregó que “es un acto de justicia con jueces que, incluso, fueron designados durante su gestión o la de su ex marido. Además, todas las personas que tramitaron estos procesos fueron designaciones previas a la gestión de Cambiemos”.
Cristina es desde el sábado pasado precandidata a vicepresidenta en una fórmula con Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete. El postulante ayer dijo que no le caben dudas que la senadora podrá comprobar su inocencia.
Según la senadora, el Gobierno nacional hizo un "refrito" de denuncias que venían desde 2008, "armadas" inicialmente por Elisa Carrió. "Comodoro Py ya se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito", dijo.
Pero en concreto, el juicio se inició. Ahora correrán audiencias semanales de unas tres horas cada una en las que se intentará comprobar o descartar si las 51 obras viales en Santa Cruz (de un total de 80) que se le adjudicó a Báez fueron direccionadas.
“Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, se defendió Cristina por su cuenta de Twitter.
Al sentarse en la sala AMIA, de Comodoro Py, la expresidenta se ubicó en la última fila de los atriles de los acusados, por detrás de su exministro de Planificación, Julio De Vido, y de todos los funcionarios que aprobaron las licitaciones, adjudicaciones y pagos.
Cristina había presentado una lista de 126 invitados a la audiencia, pero sólo pudieron entrar unos cincuenta por cuestiones de espacio. Se vio a dirigentes políticos –diputados y senadores- y representantes de los Derechos Humanos. Entre éstos a la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto.
En la audiencia a Cristina se la vio inquieta y algo distraída. Giraba cada minuto a la izquierda para hablar con el jefe de su equipo de abogados, Carlos Beraldi, y a la derecha para intercambiar opiniones con Ary Llernovoy, otro integrante de su defensa.
Se puso muy sería en un momento clave: cuando fueron mencionados sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y su hermana Florencia, como presuntos benefactores de las maniobras por las que se la imputa a ella y a su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
La audiencia terminó a las 15:00 horas y el tribunal abrió un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9:30. Al finalizar, el abogado defensor de De Vido, Maximiliano Rusconi, intentó realizar planteos de nulidad. Pero el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, denegó la posibilidad al afirmar que el artículo 376 del Código Procesal Penal indica que estas presentaciones deben realizarse cuando termina la lectura de la acusación fiscal.
Rusconi insistió y Gorini se pudo firme: “Hasta aquí llegamos”, cerró. De Vido, molesto con la situación, dijo “bienvenido la democracia”, se colocó la campera y fue retirado de la sala rumbos al penal de Marcos Paz donde está detenido por otras causas.
