Cristina Fernández de Kirchner se convertirá hoy en la tercera ex presidenta de la Argentina en ser juzgada por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión, en los treinta y seis años de democracia del país.
Antes que ella y por otros hechos pasaron por el banquillo Carlos Menem y Fernando De la Rúa. El primero fue condenado, pero está en libertad dado que no tiene sentencia firme, hay recursos extraordinarios por resolverse y también cuenta con fueros por ser senador.
El juicio llega en un momento clave: la acusada es desde el sábado candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabeza uno de sus cinco ex jefes de Gabinete, Alberto Fernández.
Cristina tiene una docena de causas en su contra, con doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva. Hasta el momento no fue detenida porque cuenta con fueros desde 2017, por su condición de senadora nacional por Unidad Ciudadana.
Otras cuatro causas ya están camino al juicio oral y público. La próxima en comenzar será la unificada Los Sauces/Hotesur en septiembre. En ella se investiga el lavado de dinero a través de hoteles de la familia Kirchner.
Desde hoy
En este expediente llamado "Vialidad" será juzgada -junto a otros doce imputados- por el Tribunal Oral Federal 2 por haber presuntamente favorecido a las empresas de Lázaro Báez, allegado a ella y a su esposo ya fallecido Néstor Kirchner.
Báez ganó 51 de las 80 obras viales que se hicieron con fondo del Estado Nacional en la provincia de Santa Cruz entre 2004 y 2015, período en el que gobernador la actual senadora y su esposo.
De acuerdo con el expediente elevado a instancia oral por el juez federal Julián Ercolini, señala que -según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita- que se instauró una "maniobra de corrupción" desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública.
Según la acusación, se "montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación del Estado "en favor de Báez" por más de 46.000 millones de pesos.
A las 12, una imagen que recorrerá el mundo: Cristina Fernández sentada en el banquillo, rodeada de algunos de sus ex funcionarios detenidos hace más de un año, como Julio De Vido y José López.
Parte de la dirigencia en carrera electoral pasará por los tribunales por esta causa.Entre los 160 testigos, está el propio Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete entre mayo de 2003 y julio de 2008.
También deberán declarar Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Sergio Massa y Juan Manuel Abal Medina.
Entre los empresarios darán su testimonio Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. También deberán hablar ante el TOF 2 otros hombres de negocios como Carlos Wagner, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.
Lo que une a la senadora con Menem y De la Rúa
Cristina Fernández es la tercer ex presidenta que tuvo juicio oral y público desde el retorno a la democracia. Comparte ese antecedente con Carlos Menem y con Fernando de la Rúa. El 1 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) condenó a cuatro años y medio de prisión al ex presidente Menem, por el pago de sobresueldos durante su gobierno. Esta condena fue confirmada por Casación Penal el 12 de octubre de 2018, pero no puede ejecutarse porque Menem es senador nacional y tiene fueros. En esa causa también fueron condenados Domingo Cavallo (3 años y seis meses) y Raúl Granillo Ocampo (3 años y tres meses de prisión).
El 28 de marzo de este año Menem fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por la venta irregular a la Sociedad Rural Argentina del predio donde está establecida en el barrio de Palermo.
El año pasado Menem fue absuelto por la Cámara de Casación Penal por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, un expediente que se inició en 1995. También fue absuelto por la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero y en el segundo juicio por el atentado a la AMIA
El 23 de diciembre de 2013, trece años después de los hechos denunciados, la Justicia absolvió a De la Rúa en la causa en que se los investigaba por el presunto pago de millonarios sobornos para aprobar la flexibilización laboral, en el 2000.
