El juez Claudio Bonadío, en la causa Los Sauces SA, procesó a la ex Presidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López por "asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles". Además embargó a Cristina Fernández en 130 millones de pesos.
Ninguno de los procesados podrá salir del país. La medida alcanza a los escribanos que participaron en diferentes operaciones.
El magistrado, además, se declaró incompetente y sugirió que la investigación por conexidad, continúe en el juzgado a cargo del juez Julián Ercolini que procesó a Kirchner y a Báez por asociación ilícita en la causa que investiga la corrupción en la obra pública. Los hijos del empresario preso, también fueron procesados.
La inmobiliaria fue creada en 2006 por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner. Según Bonadío su único fin fue “la devolución o retorno” que “se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa”.
Remarca que Los Sauces no contaba con una sede real, "no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la firma. Figuran como empleados, Ángel Ramón Díaz Díaz (jardinero de la ex mandataria) y Florencia Kirchner, que "no se sabe cuáles son sus tareas como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad".
Por primera vez los hijos de la ex presidenta están procesados en una causa por corrupción. El juez los definió como "jefes de una banda".
Máximo y Florencia tienen un embargo de $ 130 y $ 100 millones respectivamente. En el caso de Báez el embargo también fue por $ 130 millones, mientras que a la sobrina de la ex mandataria -Romina Mercado-, se le trabó un embargo de $ 100 millones. Los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, fueron embargos en $ 100 millones cada uno.
Osvaldo Sanfelice, socio del diputado de La Cámpora, también fue procesado y embargado. Las 21 personas indagadas en la causa terminaron procesadas.
En la causa Los Sauces, que se inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), Bonadío consideró que hay pruebas suficientes para determinar que Cristina y Máximo Kirchner son "los jefes de la banda" a la que se sumó después de octubre de 2010 "Florencia Kirchner contando con poder de decisión en la sociedad".
Al respecto, señaló que la empresa nunca buscó ser realmente una inmobiliaria sino un entramado “personal y societario para percibir dinero ilegítimo a fin de darle apariencia lícita” y que dicho plan fue pergeñado por “Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández, y Máximo Carlos Kirchner”. Florencia tuvo un rol “preponderante” después del fallecimiento de su padre.
Así, según el escrito de más de 200 páginas, el juez consideró que después de las 21 indagatorias realizadas, se había “conformado una banda con el objeto de recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma ‘Los Sauces S.A’ propiedad de Cristina Elizabeth Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados Grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia S.A. y la Asociación Mutual Siempre Joven”.
¿Por qué se procesó a Cristina Fernández, a sus hijos y socios comerciales? Por ser “jefes de una banda” y haber “conformado una organización que comenzó a desarrollar sus designios criminales desde mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, día que se dispuso la intervención judicial de ‘Los Sauces S.A.,’ y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner”, con la finalidad de “recibir dinero como ilegítima contraprestación del otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindar la apariencia de origen lícito”.
El juez señaló que la inmobiliaria de la ex mandataria se valió para sus operaciones de un entramado societario conformado por empresas del Grupo Austral, de Lázaro Báez (Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones, Valle Mitre S.A) y dos firmas del Grupo Indalo: Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia S.A.
Además, señaló que también participaron empresas de Sanfelice, Idea SA y Negocios Patagónicos. Todo este conglomerado de firmas, fueron “beneficiarias de gran cantidad de contratos con el Estado nacional”, mientras que los dos principales accionistas de Los Sauces S.A. “ejercieron la primera magistratura de la República Argentina y cargos ejecutivos y legislativos en la provincia de Santa Cruz”.
El magistrado se declaró incompetente y pidió que, por conexidad, la causa continúe siendo investigada por el juzgado a cargo de Julián Ercolini, que procesó por asociación ilícita a Cristina Fernández y a Báez, y a un conjunto de ex funcionarios kirchneristas.
Los hijos del dueño de Austral Construcciones también fueron procesados y embargados. En el caso de Martín Báez por $ 20 millones mientras que sus hermanos Luciana y Leandro, por $ 10 millones cada uno.
La causa Los Sauces SA se inició con una denuncia de la diputada Margarita Stobilzer (GEN) a fines de 2015 tras detectar una serie de irregularidades en el funcionamiento de la inmobiliaria y que sus principales inquilinos fueron Cristóbal López y Lázaro Báez.
Otras complicaciones judiciales
Dólar futuro: Primer procesamiento junto a Kicillof, Vanoli y otros por la venta de dólares a valor inferior al de mercado. La causa está a punto de elevarse a juicio oral.
Asociación ilícita y obra pública: Procesamiento por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y embargo por $10.000 millones junto a De Vido, José López, Lázaro Báez y otros. En este expediente también se investiga la operatoria Hotesur (similar a Los Sauces) y las negociaciones incompatibles con la función pública.
Ruta del Dinero K: Imputada por lavado de dinero luego de las revelaciones de Leonardo Fariña en abril pasado.
Encubrimiento a Irán por el ataque a la AMIA: Se trata de la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de morir. Tras un fallo en diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó abrir la causa. Imputada junto a Parrilli y De Vido.
Armado de causas: Denunciada por "armar causas" al espía Antonio "Jaime" Stiuso, según se desprende de las escuchas realizadas al teléfono de Parrilli.
