El Gobierno nacional dispuso hacer pública la desclasificación de la “totalidad de la documentación” referida a la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 causó la muerte a 85 personas y heridas a más de 300.
La medida se da dos meses después de que el fiscal Alberto Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes imputados de ese ataque y a casi dos semanas de que la mandataria reaccionara vehementemente en el Congreso cuando diputados opositores mostraron carteles que decían “AMIA Apertura de Archivos” y “AMIA Comisión Investigadora”.
El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, advirtió que “más allá de celebrar toda información nueva que pueda venir, lo que está en tela de juicio es la veracidad de la información, entendiendo que quienes hicieron la instrucción hoy están acusados de ser parte de un aparato que no tenía control”.
En tanto, la Unidad Fiscal AMIA informó que “a partir del lunes, las partes tendrán pleno acceso a las 1.700 carpetas que se encuentran bajo custodia en la dependencia, de manera amplia y sencilla y solamente mediante la presentación de un escrito”.
El decreto 395 que ordena la medida fue publicado ayer en el Boletín Oficial, firmado por Cristina y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, e instruye a la ex Secretaría de Inteligencia para que remita la documentación a la Unidad Fiscal AMIA, cuyo titular era el fallecido Nisman.
“Dispónese la desclasificación de la totalidad de la documentación que fuera remitida en custodia a la referida Unidad Fiscal mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación 'R' N 119/05, Código de Seguridad N 538”, establece el artículo primero.
Y el quinto dice: “Instrúyese a la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación a remitir a la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la Sede de la AMIA toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación”.
Fernández aclaró que “no se desclasifica la documentación en este momento”, ya que “esa desclasificación se hizo hace muchos años en cabeza de quienes tenían que investigar 'prima facie' como el fiscal Nisman; lo que se ha hecho en el día de ayer, por decisión de la Presidenta de la Nación, es hacerla pública”.
Y completó: “Que puedan acceder los familiares (de víctimas), de forma tal que no haya nadie que dude de que la información existente ha sido decididamente preocupante para el Gobierno y que ha tenido por vocación siempre que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por lo delicado de la situación y por los 21 años que vamos a estar llevando ya sin respuestas de ninguna característica”.
Para Wolff “habría que ver si aquellos que archivaron, guardaron pruebas que en definitiva hoy los inculparían si no las hubieran transmitido como relevantes en su momento”.
“Ese es el gran interrogante: si hoy, casi 21 años después” del atentado “alguien que tenía que encargarse de guardar información y mostrarnos información relevante para algo que hasta el momento no supiéramos, lo guardó”, amplió.
“Si aquellos que tenían que guardar información nos dicen que lo que está guardado es información absolutamente reveladora, habría que preguntarse por qué no la mostraron antes”, alertó.
Y el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, dijo: “Toda apertura de archivos o medidas que tienda al esclarecimiento del atentado a la AMIA son para nosotros un paso importante. Hasta hoy no tenemos conocimiento de qué puede haber en esos documentos. Si representa un avance entendemos que es un paso muy importante”.
La decisión de difundir el material se produce en medio del debate y la investigación de la muerte de Nisman, quien acusó a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes K de encubrir a los imputados del atentado a la AMIA.
Cristina había reaccionado con virulencia cuando hablaba en la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo y diputados le mostraron carteles reclamando la apertura de archivos.
“Pueden bajar los carteles porque de la AMIA, no necesito carteles para hablar. Hablo de la AMIA desde 1994 (...), hablo con los familiares desde el año 96. Y hablo y seguiré hablando en Naciones Unidades reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino”, bramó.
Al Gobierno le preocupa la pelea Fein-Arroyo Salgado
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, admitió que el Gobierno mira “con preocupación” las diferencias públicas entre Viviana Fein, a cargo de la investigación de la muerte de Alberto Nisman, y la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal, y afirmó que cada elemento nuevo que aparece en la causa pone “en pésima situación” el proceso.
“Miramos con preocupación esto, que es agregarle todos los días un condimento que signifique más preocupación que la que teníamos hasta ahora”, señaló.
En declaraciones a la prensa antes de ingresar a la Casa Rosada, el funcionario sostuvo que “siempre aparece un elemento distinto para poner esto en una pésima situación, que no se pueda encontrar el camino, que es lo que verdaderamente está buscando este juzgado de instrucción, y que es el de determinar la causa de la muerte” de Nisman.
Al analizar el curso de la investigación, Fernández resaltó que “al menos” se conoce el arma cuya bala terminó con la vida del fiscal, aunque criticó las distintas informaciones aparecidas en los últimos días. “Nos dice la fiscal Fein que el cuerpo no fue arrastrado, que no se defendió y que no fue atacado. Después aparece alguien que dice que fue por dinero, después alguien que dice que fue puesto de rodillas”, explicó.
El jueves, la fiscal Viviana Fein y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado tuvieron un fuerte cruce público sobre la existencia de un punto del informe que la querella presentó sobre la mecánica de la muerte de Nisman, en medio del cual la querellante y ex esposa del fiscal fallecido pidió que "no se le mienta más a la gente”.