La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene una nueva cita judicial: el jueves 20 de octubre deberá presentarse ante el juez federal Julio Ercolini, quien ayer pidió su indagatoria en una causa por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública.
El juez Ercolini también citó a otras 16 personas, entre ellas el ahora diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos (por otras causas) José López y Lázaro Baéz. El juez también dictó la inhibición de los bienes de la ex Presidenta.
Con su llamado indagatoria, Ercolini respondió favorablemente al pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. En agosto pasado, los fiscales solicitaron la indagatoria de la ex Presidenta y de unas 33 personas por considerar “responsables de delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función públicas”.
En esa oportunidad, Cristina Fernández, en una carta publicada en la red social Facebook, dijo ser objeto de una persecución de parte del “partido judicial”.
La causa en cuestión implicó la investigación de 49 obras viales y el movimiento de más de 16 mil millones de pesos, entre 2003 y 2015.
En un dictamen de 29 páginas, el juez Ercolini recorrió la causa cuyo expediente principal se inició en noviembre de 2008 por una denuncia realizada por Elisa Carrió y el actual diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) contra el ex presidente Néstor Kirchner, el por entonces ministro de Obras y Planificación Federal Julio De Vido y el empresario patagónico Lázaro Báez.
Aquel expediente fue engrosando con otras denuncias, entre ellas de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien agregó a Cristina Fernández entre los acusados por las presuntas irregularidades en el manejo de obras públicas.
En el llamado a indagatoria, el juez Ercolini aludió a “las estrechas relaciones personales y comerciales que tendrían entre sí los intervinientes, así como también el exponencial crecimiento de sus patrimonios, precisamente a partir de los vínculos establecidos”.
También indicó que “los ilícitos denunciados habían comenzado desde fines del año 2003 (…) con los contratos de obra pública llevados adelante desde el Estado con un grupo reducido de empresas, sin cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas para el adecuado funcionamiento de la administración pública”.
Puntos clave
Las presuntas maniobras fraudulentas, dice el llamado a indagatoria, “se edificaban sobre cuatro pilares fundamentales”: “1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; 2) la exportación de una estructura provincial (Santa Cruz) montada con gente de confianza a un nivel nacional; 3) la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y 4) el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez”.
El juez Ercolini mencionó que “casi el 80% de la obra pública (de Santa Cruz)” le fue asignada al Grupo Báez. También se consignó que Austral Construcciones (la empresa madre del ‘holding’ Báez) “fue reelecta una y otra vez en los procesos licitatorios sin tenerse en cuenta los contínuos incumplimientos en los que habría incurrido”.
Se destacó, además, “la simulación” en la competencia de distintos procesos de licitación y “sobreprecios”.
Hoy, Cristina Fernández volverá desde El Calafate a esta ciudad. Mañana dará una conferencia invitada por ATE-Capital. Allí, seguramente aludirá a esa nueva movida que la vuelve a poner en el centro de la escena judicial.
Solicitan llevar a juicio a Aníbal Fernández por el Plan Qunita
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió enviar a juicio oral a Aníbal Fernández, el último jefe de Gabinete de Cristina Fernández, y a otros 17 procesados por sobreprecios y direccionamiento de la licitación pública para entregar 140.000 kits de productos para los niños recién nacidos.
Además de Fernández, según el fiscal deben ser enviados a juicio el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y su ex viceministro, Nicolás Kreplak.
La fiscalía también apuntó a los empresarios que resultaron beneficiados del llamado “Plan Qunita” con una licitación que para la fiscalía estuvo “direccionada desde su principio” y que validó el pago de “precios excesivos”.
Según la fiscalía, los empresarios proveyeron al Estado los kits por un valor de $ 7.900 cada unidad, cuando en el mercado se conseguían por 4.000 pesos.
