Carlos Sacchetto - csacchetto@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
A los costados de la ancha avenida de disputas mediáticas que genera la campaña electoral ya lanzada, hay vías laterales menos visibles por donde transitan temas de enorme importancia institucional. Son cuestiones que apuntan a condicionar la transición hasta el cambio de gobierno y también a mantener más allá del 10 de diciembre parte del poder que el kirchnerismo no quiere dejar, cualquiera sea el candidato triunfante.
Uno de esos temas es la Corte Suprema de Justicia, colocada desde hace tiempo por Cristina Fernández en el lugar de un peligroso adversario al que hay que doblegar, para que deje de ser una amenaza con fallos que contradicen intereses del Gobierno.
Eso es al margen de todo lo que ha hecho y seguirá haciendo el oficialismo para evitar que los jueces de primera instancia y algunos camaristas incomoden a funcionarios con el avance de causas por corrupción.
El plan para neutralizar el accionar de la Corte -que hoy sólo mantiene diálogo con el Gobierno por cuestiones administrativas- se parece a una cuidadosa obra de ingeniería política y fue diseñado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.
Los detalles
Por la ley aprobada el 29 de noviembre de 2006 sobre un proyecto de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal de Justicia debe estar integrado por cinco miembros.
Actualmente, tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni, el cuerpo está compuesto por cuatro integrantes: el presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En la práctica, la mayoría para producir un fallo se obtiene con el voto de tres.
Para reemplazar a Zaffaroni, el Gobierno envió al Senado el pliego de Roberto Carlés, un jurista de 34 años, del que fuentes del kirchnerismo dicen que fue recomendado a la Presidenta por el Papa Francisco.
Sin embargo, desde las filas del oficialismo los respaldos no han sido muy enérgicos. La votación en la Cámara alta del pliego de Carlés está prevista para el próximo miércoles, pero aunque todavía no hay confirmación oficial, la propuesta sería retirada (ver página 6A). Por lo pronto, ese día no habrá sesión.
El kirchnerismo, al no contar con los votos de la oposición ni de algunos de sus aliados, no reuniría los dos tercios de los presentes y eso sería una derrota que no les quiere regalar a las otras bancadas. A partir de ese momento, se pondrá en marcha la estrategia principal elaborada por Zannini que es el envío al Congreso del proyecto para llevar a nueve el número de integrantes de la Corte.
Ese proyecto puede ser aprobado por mayoría simple, con lo que el oficialismo no encontrará obstáculos para hacerlo en trámite exprés. En ese texto se dirá que al ser nueve los jueces, la mayoría para producir un fallo en la Corte será de cinco votos. En consecuencia, y hasta que no se designe a los nuevos integrantes, la actual formación del Tribunal, que es de cuatro miembros, se verá imposibilitada de votar cualquier resolución.
Por lo tanto, el Gobierno se asegura que esta Corte quede neutralizada hasta negociar candidatos con la oposición -a la que hará responsable del bloqueo-, o directamente hasta el cambio de gobierno.
Más todavía
No termina allí la estrategia oficial. Si este accionar produce demasiadas tensiones políticas, está previsto un plan B. Con la ampliación de la Corte a nueve miembros, la ley puede prever que los cargos restantes se completen con conjueces, que ya han sido nombrados y en su mayoría responden al kirchnerismo. Si esto ocurre se entrará en otra larga polémica legal.
¿Por qué? Porque los conjueces fueron designados por mayoría simple, y la Constitución dice que para ser miembro de la Corte Suprema se necesita el voto de los dos tercios del Senado. Se estaría entonces frente a una acción inconstitucional del Gobierno, destinada a someter a su arbitrio al Poder Judicial. Mientras se espera que ese debate quede saldado, la Corte actual dejará de funcionar.
El plan del Gobierno, además de garantizarle lo que quiere, busca desafiar a la oposición política. Operadores oficiales aseguran que, en privado, ya han deslizado ofrecimientos para que la segunda minoría en el Congreso, la Unión Cívica Radical, proponga candidatos para integrar la Corte. En un año electoral, cuando se construyen alianzas, la estrategia apunta a dividir a la oposición aún más de lo que está.
Aunque perdiera las elecciones presidenciales, el kirchnerismo conservará las primeras minorías legislativas y tendrá fuerte influencia en la Justicia.
Lo demás le importa menos.