El Gobierno de Alberto Fernández decidió suspender la ley de ajuste jubilatorio, que había sido aprobada con un gran escándalo en el gobierno anterior. De todos modos, el cambio introducido, con la excusa de equidad, introduce una gama muy grande de inequidades con el solo objetivo de un ahorro fiscal de $ 5.000 millones mensuales.
El sistema venía muy desequilibrado hasta que algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia plantearon la necesidad de observar cierta proporcionalidad entre el haber jubilatorio y el cobrado en actividad.
En el fallo Badaro se estableció un 70%, y de ahí partieron miles de juicios perdidos por el Estado, que se estaban pagando según la Ley de Reparación.
EL sistema jubilatorio es deficitario, pero el problema grave se generó cuando se instauró la jubilación que se denominó de “amas de casa” pero incluyó también a muchos hombres que pudieron acceder a una jubilación mínima sin haber hecho aportes.
Para ello se hizo una moratoria por la cual se concedía el haber y el beneficiario debía pagar la misma durante 24 o 36 meses, que se iban descontando de su haber.
Lo cierto es que más de 2 millones de personas pudieron acceder a la jubilación sin haber hecho aportes, régimen que se ha prorrogado para las mujeres hasta 2022, aunque en este caso deberán haber aportado, al menos, 5 años.
Sumar esta cantidad de beneficiarios terminó trastocando a un sistema que ya estaba fundido y le generó grandes problemas. Que se tradujeron en nuevas distorsiones.
Así, los monotributistas, de cualquier categoría, se jubilan con la mínima, lo mismo que los autónomos y deben acerditar 30 años de aportes como mínimo. Y cobran lo mismo que los que nunca aportaron.
Pero con esta nueva modalidad, que suspendió la ley y decidió no aplicar los principios de proporcionalidad reclamada por la Corte, el gobierno decidió aplicar ajustes basados en una suma fija y un pequeño porcentaje.
La idea es achatar la pirámide y darle, proporcionalmente, más beneficios a las categorías más bajas.
Según acaban de avisar, el ajuste de junio se manejará por los mismos criterios, agravando esta distorsión.
El problema grave es que todos los que cobran más de $20.000 se ven perjudicados siendo que aportaron legalmente, al igual que los que ganan la máxima y que, en todos los casos, hicieron los aportes de ley. Ninguno tiene jubilación de privilegio.
Los argumentos son que el sistema es solidario y esto se contrapone con la interpretación de la Corte que exige la proporcionalidad.
Lógicamente, algunos ya han hecho reclamos ante la Corte pero es tradición de muchos gobiernos -entre los cuales se encuentra el presente- de no acatar los fallos del máximo tribunal.
El sistema sigue distorsionado porque nada se ha hecho respecto de las jubilaciones de privilegio de aquellos que obtuvieron el beneficio por haber ocupado un cargo público durante algunos meses, o días, como Adolfo Rodríguez Saa, que fue presidente por seis días.
Salvo los que tuvieran una caja compensadora, el resto debería revisarse y luego discutirlo en la justicia porque no se pueden sostener beneficios obtenidos por normas que violan la Constitución.
Con el sistema en este estado, es necesario pensar un nuevo régimen jubilatorio que contemple también la nueva realidad.
Con una población adulta con mayores expectativas de vida y una baja tasa de natalidad, es necesario incorporar al sistema formal al 40% de trabajadores informales que hoy no aportan y a los que, en algún momento, habrá que atender.
