En los tres años de gobierno de la Alianza Cambiemos, la vitivinicultura mendocina ha pasadopor diversas etapas: del fantasma de la sobreproducción al de la importación y nuevamente el de la sobreproducción; siendo siempre la variable de ajuste el precio de la uva y con ello la pérdida en las condiciones de negociación de muchos de los productores primarios.
Esta situación desventajosa genera un malestar creciente de muchos viticultores, y ante el inminente proceso electoral empiezan a rumorearse paliativos, que si bien pueden parecer muy rimbombantes, no tienden a generar ningún tipo de solución de las causas estructurales de la crisis por las que atraviesa año a año el sector.
¿Cuál es la situación coyuntural por la que está atravesando la industria vitivinícola?
1º. El consumo en el mercado local sigue cayendo (19 litros per cápita) y no repunta el mercado externo. Esto significa aumento de los stocks, y baja de precios (incluso inferiores a los de 12 meses atrás). El total de los vinos comercializados entre noviembre del 2018 (último dato disponible del INV) y el mismo mes del año anterior es del 11.9 % menor.
2º. Poca certidumbre en cuanto al pronóstico de cosecha 2019 que de ser similar a la cosecha 2018 implicaría un aumento en las existencias. En este contexto el INV se aparta a su faz meramente técnica y suspende el pronóstico de cosecha, por creer que es una intervención en el mercado.
3º. El costo del dinero sigue alto y lo seguirá en los próximos meses (en febrero del 2019 la tasa de referencia del Banco Central sigue cerca del 55%). Nadie podrá tomar un crédito y las bodegas ajustarán sus flujos de fondos, elaborando entre un 20% y un 30% menos de uva que el año anterior. Saben que más adelante comprarán vino muy barato sin costo financiero.
4º. Muchos productores ya están avisados de la disminución de compras de sus tradicionales compradores, otros todavía no se enteran. No explota porque muchos creen que es una situación puntual de “su” bodega.
5º. El contrato de compra de uva, ya sancionado como ley, todavía no se instrumenta. Las bodegas no quieren firmarlo y si lo harían sería en condiciones muy ventajosas para el agente industrial (bodegueros). En este contexto de pocos compradores de uva la especulación siempre termina sacando ventaja.
Además, como parte del modelo impuesto no se toman medidas contra los problemas más profundos que generan tal coyuntura
• La concentración económica: Existe un crecimiento exponencial de no más de cuatro grandes formadores de precios y las pequeñas bodegas trasladistas que ven año tras año reducida su capacidad operativa de molienda.
• Baja productividad de los agentes tradicionales: En la actualidad los pequeños y medianos productores están trabajando con nula rentabilidad que de no revertirse en el corto plazo verán imposibilitado comenzar con un nuevo año de trabajo
• Altos costos de producción: Enterramos dólares y cosechamos pesos trasmiten en las sucesivas reuniones de productores. En definitiva la devolución en 2018 los terminó perjudicando ya que vieron dolarizados sus insumos de trabajo pero no así el precio de la materia prima.
• Falta de regulación de la cadena de Comercialización: El circuito vitivinícola debe abrir la cadena y ver cómo se distribuyen las rentas. Si no se responde a la pregunta ‘¿quién se queda con qué?’, no se podrán abordar los problemas de fondo que genera un proceso cíclico de crisis constantes en el sector.
En definitiva, el camino adoptado en los últimos tres años por el gobierno nacional y ratificadas por sus pares provinciales, han agudizado los problemas estructurales que posee la industria y ha puesto en situaciones terminales a los agentes más débiles de la cadena, los viñateros tradicionales.
Uno de los paliativos propuestos consiste en que el gobierno provincial propondrá un Fondo Anticíclico del Vino (FAV) para compensar la caída de la demanda de la uva. Este fondo sería de 1000 millones de pesos por año durante cuatro años.
Desde el peronismo consideramos que FAV no puede transformarse en un plan de transferencia de ingresos del estado, a los mismos ganadores de siempre (grupos concentrados) a través de la compra del sobre stock vínico, usando como chivo expiatorio al sector más vulnerable de la cadena.
El destino de dichos fondos debe estar orientado a los pequeños productores primarios y secundarios buscando así solucionar los problemas coyunturales que año tras año no son abordados.
Proponemos:
• Una operatoria de compra de uva por parte del gobierno provincial, lo cual sería una medida inmediata y altamente eficiente.
• Bloqueo de vinos para aquellas bodegas que importaron en el año 2017 en la misma proporción de litros y colores.
• Eliminar retenciones y aumentar los reintegros a la exportación en la medida que se comprometan a trasladar el beneficio a los precios de vino que compren al elaborador.
• Disminución significativa del porcentaje de mosto del convenio Mendoza- San Juan y mejorar los controles en el cumplimiento. Esta medida busca que bodegas elaboradoras de mosto se vean en la necesidad de comprar uva.
• Es necesario redefinir el PEVI 2020 y el rol de la COVIAR permitiendo la incorporación activa de pequeños y medianos productores logrando mayores consensos en la ejecución de políticas de largo plazo.
• Diseño de políticas en función de la reconversión productiva y herramientas para la generación de mercados más simétricos.
Por último consideramos que el FAV no puede ser diseñado sin la participación de las organizaciones que representan a los productores más damnificados por la crisis política y económica que atraviesa la provincia por tal motivo exigimos al Gobernador Alfredo Cornejo y sus funcionarios la apertura al dialogo con todos los sectores.
