Un repaso de apenas algunos hechos y situaciones que estamos viviendo en los últimos tiempos (delitos, violencia, asesinatos por decenas, linchamientos, narcotráfico, barras bravas, tránsito caótico, malestar a flor de piel, entre otros) tienen un común denominador. La incapacidad (no la ausencia) del Estado y de los gobiernos para cumplir las funciones básicas para las que fueron creados, garantizar la vida y los bienes de sus habitantes. Esta crisis, a lo largo de la historia, se ha manifestado en un crecimiento desmesurado del gasto, del déficit fiscal y de la emisión monetaria para financiarlo.
Sorprendentemente, la incapacidad de cumplir con su cometido ocurre cuando el Estado dispone de la mayor cantidad de recursos para ello. “La Argentina devorada por su Estado”, elocuente síntesis del economista J. L. Espert. “Agobiante carga impositiva” dice el siempre prudente O. Ferreres. Los diagnósticos y conclusiones económicas son coincidentes y sencillos. Los diagnósticos políticos y sociales son, quizás, más complejos, más difíciles y nos sumen a veces en el desconcierto y la perplejidad.
Dicen tratadistas del origen del Estado que éste surgió de un “contrato”, desde luego primero no formal, para poner fin o impedir la lucha creciente de todos contra todos, para no matarnos los unos a los otros. Decidimos entonces resignar parte de nuestra libertad, de nuestros derechos para que, junto con los demás, pudiéramos garantizar la vida y los bienes en un determinado territorio.
Si resignábamos un poco cada uno, ganábamos todos. Éste es del origen del Constitucionalismo de fines del s. XVII y comienzos del XIX. El contrato se hizo texto constitucional y surgió el Estado moderno. En nuestro caso, en la Constitución Nacional de 1853. Ahí están plasmados los derechos y garantías de los habitantes, las obligaciones y responsabilidades de cada uno y del Estado de derecho que hemos instituido en esa Constitución.
No importa demasiado saber cuándo nosotros como sociedad comenzamos a alejarnos del cumplimiento de la ley y el orden; quizás fueron más los tiempos de desorden y anarquía. Ya en 1982 Carlos Nino publicaba ese formidable libro de plena actualidad: “Un país al margen de la ley”, cuya conclusión sobre la anomia nos grita hoy como nunca antes. Al incumplimiento generalizado de la ley, que terminaba perjudicando a todos, Nino la llamó “la anomia boba”.
Algo así como vivir bajo el lema de “jorobémonos los unos a los otros”.
Alguien podría pensar que el Estado no puede cumplir sus funciones esenciales por falta de recursos; no es nuestro caso. Por el contrario, nunca en la historia del país el Estado dispuso de mayor cantidad de dinero que en la década kirchnerista. En el trabajo de Ferreres, que citábamos, ha efectuado un cálculo de la carga impositiva de los que pagan.
Es un trabajo complejo y valioso. Sintetizando, los recursos fiscales, consideradas las tres jurisdicciones, el año pasado alcanzaron la extraordinaria suma de 215.000 millones de dólares (lea bien por favor) equivalentes a 39,3% del PBI oficial. Pero cuando esa carga se calcula sobre lo que podríamos llamar la “economía en blanco” o PBI formal como lo denomina el autor, se alcanza el insólito porcentaje de 66,7%. En otras palabras, los que viven dentro de la ley aportan al Estado $ 660 de cada $ 1.000 que perciben. Estudios realizados a lo largo de varias décadas muestran que la carga tributaria factible no podría superar los 105.000 millones de dólares, la mitad de lo que se ha recaudado.
Pues bien, con esa montaña de dinero, deberíamos tener el mejor Estado-Gobierno del mundo. No hace falta decir que tenemos uno de los peores. Lo dicen a gritos la educación, la salud, los transportes, la seguridad sobre todo. El país, la sociedad, retorna cada día más a la ley de la selva. El Estado no sabe, no puede o sencillamente ha renunciado a proteger la vida de sus habitantes, la primera razón de su existencia. No hay Estado ausente, hay Estado incompetente. Reconstruir un Estado que cumpla con las funciones que le dieron origen es la gran tarea de los gobiernos y de la sociedad. No hay que inventar nada, simplemente cumplir lo que manda nuestra sabia Constitución Nacional.
