Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
El 3 de febrero entró en huelga la Policía Militar del estado de Spirito Santo en Brasil, generándose una ola de violencia de magnitud y un conflicto político que terminó teniendo alcance nacional. Esta policía, al tener estado militar, no puede realizar medidas de fuerza ni manifestaciones ya que se constituyen en delito. En esta oportunidad, se acuartelaron pidiendo 43% de aumento salarial –no han tenido aumento en 3 años– y fueron sus familiares los que rodearon los cuarteles realizando piquetes que impidieron –formalmente– la salida del personal policial a cumplir sus funciones. Entre el 4, 5 y 6 de febrero tuvieron lugar 90 homicidios y muertes violentas por la falta de fuerza pública; es un estado cuya población está próxima a los 4 millones de personas. La mayoría de las víctimas fueron en la ciudad de Vitoria, la capital estadual, epicentro de la huelga policial. Tuvieron lugar cientos de saqueos, sólo abrieron comercios con seguridad privada y se paralizó el transporte público. Ante los hechos, el presidente Temer, a pedido del gobernador Paulo Hartung –quien dijo: “Si nosotros no enfrentamos esto ahora, mañana pasará algo parecido en el resto de Brasil”–, envió 1.200 efectivos militares, los que se desplegaron entre el 7 y 8 de febrero, logrando restablecer cierto orden, rodeando el cuartel central de la Policía Militar, pero sin poder controlar la huelga. Se registraron enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de la huelga policial, siendo reprimidos por el Ejército con gas pimienta.
La Policía Civil -que actúa como policía judicial no de seguridad- entró también en huelga el 8 de febrero, por la muerte de uno de sus integrantes por la violencia callejera desatada. El viernes 9 de febrero los muertos alcanzaban a 106 y fueron desplegados 500 efectivos más del Ejército y 100 hombres de la Policía Federal adicionales.
Mientras esto sucedía en Spirito Santo, en el estado de Río de Janeiro se temió el contagio de la huelga policial y el gobernador, ante los rumores de una situación similar, solicitó el despliegue del Ejército. Se trata de un estado con una población de 17 millones de habitantes, un tercio de la cual está en la ciudad que es capital estadual. Desde el martes 7 de febrero comenzó a circular en las redes sociales el mensaje “No salga de su casa el viernes, por su propia seguridad”. Tanto el secretario de seguridad estadual, como el comandante de la Policía Militar del estado negaron la posibilidad de una huelga policial. Pero el gobernador Luis Fernando Pezao el viernes 8 de febrero informó públicamente que se había comunicado con los ministros de Defensa y Justicia para que se pongan en alerta fuerzas militares y de seguridad federales. Al mismo tiempo anunció que el martes 14 se pagaría a policías civiles, militares y bomberos todos los salarios atrasados -aguinaldo y horas extras- y que se daría también un aumento.
La protesta comenzó en la noche del viernes 10, siendo bloqueados por familiares de policías los cuarteles de sólo 4 de los 27 batallones de la Policía Militar del estado -los efectivos de la Policía Militar son 30.000- y participando de la huelga sólo el 5% de los efectivos, aunque familiares de policías manifestaron frente a casi todos los cuarteles. Los municipios adoptaron medidas. El de Niteroi dio un pago único de 1.120 dólares a cada policía; el de Macaé se comprometió a ingresar la paga extra de Navidad todavía pendiente. Entre el 10 y el 12 de febrero tuvo lugar en la ciudad el llamado “Carnaval de la calle” –del que participa la gente–, que es ensayo del oficial que tiene lugar entre el 26 y el 28 del mes.
El lunes 13 de febrero el presidente Temer recibió al gobernador de Río de Janeiro, quien solicitó el despliegue de las Fuerzas Armadas ante la amenaza de extensión de las huelgas policiales durante los días claves del Carnaval, tras lo cual Temer dijo: “El gobierno resolvió que las Fuerzas Armadas estén listas y a disposición frente a cualquier hipótesis de desorden en cualquier estado” y que no seguirá permitiendo motines policiales. El martes 14, el gobernador de Río de Janeiro se reunió con los jefes militares del Comando Militar del Este, del cual dependen las unidades de los estados de Río de Janeiro, Minas Gerais y Spirito Santo, para coordinar el patrullaje militar de Río.
En recientes manifestaciones de protestas frente a los ajustes se ha visto a policías enfrentarse entre ellos al sumarse algunos a las manifestaciones, y ello puede llevar a que las Fuerzas Armadas custodien sedes gubernamentales en determinados momentos. El mismo día, 9.000 hombres de las Fuerzas Armadas eran desplegados en las calles de Río de Janeiro, previéndose que el despliegue dure hasta el 22 de febrero y eventualmente hasta el último día de febrero, en caso de mantenerlo durante el momento culminante del Carnaval.
El jueves 16 policías vestidos de civil recibían a los turistas en el aeropuerto de Río anunciando que la ciudad no tendría seguridad durante el Carnaval, por el atraso en el pago de sus salarios, las malas condiciones de trabajo y el malestar porque en lo que va del año han muerto 100 policías en la ciudad.
En Spirito Santo, la huelga policial se prolongó más, pese a la amenaza de sanciones para los policías y sus familiares. El gobernador Hartung amenazó a 700 policías con condenas de exoneración y penas de prisión de hasta 10 años por violar la ley militar. También dijo que las mujeres de los policías que habían participado en la protesta serían procesadas y pagarían el gasto por el desplazamiento de las fuerzas militares desplegadas por el conflicto. Pero el viernes 10 de febrero por la noche, cuando la huelga cumplió siete días y los muertos llegaban a 121, se llegó a un acuerdo, por el que los policías volvían a la actividad y no iban a ser sancionados. El gobierno estadual no recogió todos los reclamos, pero se comprometió a efectivizar los ascensos atrasados y crear una comisión para revisar la carga horaria de trabajo. Pero la aceptación por parte de los representantes de los policías fue rechazada por sus mujeres, por lo cual el acuerdo fracasó. Al sábado 11 de febrero, los muertos en el Estado de Spirito Santo llegaban a 137, de acuerdo al sindicato de policías. Para ese día, las fuerzas militares desplegadas alcanzaban a 3.000 hombres. El domingo 12 la huelga comenzó a ceder y 875 policías militares de los 10.000 del Estado comenzaron a patrullar las calles –la capital tiene 3.500– tras la exhortación del ministro de Defensa, Raúl Jungman, quien se hizo presente en la capital estadual. Pese a ello, la mayoría de los cuarteles policiales seguían bloqueados por los familiares de los policías. Temer ha calificado de “insurrección” a esta huelga policial. Al 15 de febrero, los muertos superaban los 150 y la medida de fuerza se mantenía, aunque más débil.
El problema de las huelgas policiales no es nuevo en América Latina, pero está adquiriendo relevancia. En 2001 Brasil enfrentó una huelga de la Policía Militar en más de la mitad de los estados al mismo tiempo, que se extendió dos semanas y obligó al despliegue de las Fuerzas Armadas en los estados en conflicto. El 30 de setiembre de 2010 el presidente ecuatoriano Rafael Correa, al apersonarse a negociar con policías en huelga, tuvo un incidente por el cual estuvo retenido 9 horas en un hospital policial, hasta que fue rescatado por fuerzas especiales del Ejército, que reprimieron a los policías provocándoles más de una decena de muertos. En Argentina, en octubre de 2012 tuvo lugar la primera protesta de la historia por razones salariales de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura).
Esta protesta tuvo pequeñas adhesiones en la Armada y la Fuerza Aérea. En diciembre de 2013 en la Argentina tuvo lugar una serie de huelgas de las policías provinciales, que duró una semana y que alcanzó, con distintas modalidades e intensidad, a 21 provincias, provocando 43 muertos por falta de fuerza pública. Frente a este tipo de situación, los casos de Ecuador y Brasil muestran que el empleo de las Fuerzas Armadas fue el recurso con el cual el gobierno nacional logró controlar la situación. En este último país, el gobierno del presidente Temer ha continuado con el despliegue militar en la frontera iniciado en los gobiernos del PT y convocó recientemente al Ejército para desarmar cárceles dominadas por el narcotráfico.
En conclusión: el 3 de febrero entró en huelga la policía militar del estado brasileño de Spirito Santo, generándose una ola de violencia que tuvo alcance político nacional; entre el 10 y el 11 de febrero se extendió a 4 de los 27 batallones de la Policía Militar de Río de Janeiro, pero se contuvo la protesta accediendo a reclamos salariales pendientes. Pero el presidente ordenó “la alerta” de las Fuerzas Armadas preventivamente; la protesta en Spirito Santo continuó, teniendo la posición más intransigente las mujeres de los policías, y el domingo 12 comenzó a ceder tras una intimación del ministro de Defensa.
La huelga policial es un problema creciente en América el Sur, siendo Brasil, Ecuador y Argentina los casos más relevantes. En los dos primeros, se recurrió a la intervención militar para contener el conflicto.
