Mendoza y La Pampa tienen una vieja historia de reclamos. El capítulo más conocido es el que la vecina provincia viene agitando por las aguas del río Atuel, pero hay otro que Mendoza viene sosteniendo desde el año ‘73, cuando durante el gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse se firmó el decreto 1.560, por el que Mendoza debía compartir las regalías por la generación hidroeléctrica en los Nihuiles.
Las versiones indican que estaría al salir la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación y que el dictamen sería positivo para Mendoza: es decir, nuestra provincia debería cobrar el 100% de las regalías.
La decisión inminente desata una pelea política entre oficialismo y oposición. Mientras que en el Poder Ejecutivo dicen que hay que esperar el resultado final, que es un decreto de la presidenta Cristina Fernández, el intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, quiere iniciar un reclamo a la Nación para cobrar lo que se dejó de percibir todos estos años por compartir con La Pampa.
Según los cálculos del radical Cornejo, serían unos 300 millones de pesos, más intereses, que llevarían el monto final a 1.000 millones de pesos.
El 8 de marzo del ‘73 se publicaba el decreto 1.560. Se trata de una norma muy breve, apenas un artículo resolutivo y uno de forma (el conocido “comuníquese”). En ese único artículo, dice que Agua y Energía debía liquidar las regalías producidas por la generación del complejo Los Nihuiles divididas en partes iguales entre Mendoza y La Pampa.
La cuestión es que ese decreto hacía una interpretación de una ley de 1960, la 15.336, en la que se establecía que las regalías las cobraban “las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas”.
La fuente hidroeléctrica está en la provincia de Mendoza, porque es en nuestra provincia donde está la “caída” que permite el aprovechamiento hidroeléctrico; entendiendo por caída las condiciones para embalsar el agua y poder mover turbinas que generen electricidad.
En el artículo 5 de la 15.336, se indica que “la energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes”; es decir, que no pueden mezclarse los usos de riego que los de generación eléctrica.
Sobre esta base, Mendoza ha reclamado administrativamente la inconstitucionalidad del decreto 1560/73. Y en el proceso administrativo, el expediente se ha perdido ocho veces y hubo que reconstruirlo en otras tantas ocasiones.
Ahora parece que el tema llega a buen puerto. Tanto el ministro de Energía Marcos Zandomeni, como Cornejo relatan que efectivamente estaría al salir el dictamen de la Secretaría de Energía de la Nación y que esa decisión sería favorable a Mendoza.
Pero Zandomeni indica que esa resolución debería ir a la Procuración del Tesoro y luego al despacho de la Presidenta, para que ella firme un decreto que derogue el 1.560/73.
Cornejo dice que el jueves un grupo de diputados provinciales que responden a su sector, encabezados por Tadeo García Zalazar y Gustavo Villegas, tienen audiencia en la Secretaría de Energía para interiorizarse sobre la situación del reclamo administrativo y, eventualmente, pedir el resarcimiento de Mendoza.
El decreto 1.560/73 es uno de los hechos menos conocidos en la larga historia de desencuentros con La Pampa. Sí es sabido que en el año ‘87 la Corte Suprema cerró un reclamo de La Pampa contra Mendoza por las aguas del río Atuel.
En ese fallo se estableció que Mendoza, antes de dejar pasar agua a la vecina provincia, tenía que regar más de 75 mil hectáreas. La solución nunca satisfizo a los vecinos. El año pasado un particular pampeano presentó una demanda por el daño ambiental causado por la falta agua.
El 15 de febrero pasado, Los Andes hacía pública la opinión del especialista Miguel Mathus Escorihuela, quien indicaba que Mendoza debía reactivar el reclamo por las regalías hidroeléctricas de las generadoras Nihuil I, II y III y, de paso, también reclamar por el uso de aguas de los diques 25 de Mayo y Casa de Piedra, ubicados sobre el río Colorado.
Visiones políticas opuestas y desafíos
“Qué (Alfredo) Cornejo no toque de oído y deje trabajar a la Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado, que vienen trabajando en este tema y muy bien. No sea cosa que arruine una tarea prolija y sin sobreactuaciones”, decía el subsecretario Legal y Técnico Gustavo Tobares.
La cuestión política se inmiscuye en el viejo reclamo de Mendoza por el 1.560/73. Cornejo asegura que Mendoza debe reclamar el resarcimiento de 1.000 millones de pesos y sugiere que el oficialismo no lo hará porque no querrá enfrentarse a Cristina Fernández.
Luego Cornejo indica que 1.000 millones representan el 50% del déficit que traerá el presupuesto 2015 que próximamente presentará el Ejecutivo en la Legislatura.
Al condimento político interno hay que agregarle la demanda de la vecina provincia por las aguas del Atuel. La Pampa reclama por el daño ambiental que se ha producido por la falta de agua del otro lado de la frontera.
Cornejo dice que no hay que ir contra La Pampa en el resarcimiento, porque fue la Nación la que firmó el decreto, pero que puede servir para negociar.
