¿Quién se animaba a dudar de la maestra de nuestros niños? Sin embargo, si bien en las escuelas siempre pasan cosas, nunca han sido tantas malas en tan poco tiempo como las de estas últimas semanas, y que han logrado jaquear la credibilidad de la única institución que nunca la perdió.
Los casos de discriminación, de bullying, de violencia por parte de los padres o madres hacia el personal docente, de presuntos abusos o encierro de niños, etc., son demasiados y muy graves como para que los cimientos institucionales de las escuelas no sufran daño.
La comunidad educativa no empieza y termina en los alumnos y docentes, quienes tienen obligaciones y responsabilidades que cumplir y derechos que ejercer (pero no son los únicos), sino que comprende a varios actores que tienen distintas responsabilidades, pero que tengo dudas acerca si las están cumpliendo como corresponde.
A modo de ejemplo, ¿los padres están cumpliendo con todas las obligaciones que como tales tienen para con sus hijos, alumnos de nuestras escuelas? ¿Hacen un seguimiento permanente sobre sus actividades en general, y sobre el cumplimiento o no de cómo rinden en su estudio, si respetan a sus docentes y autoridades? ¿Mantienen el deber de formar a sus hijos en y con valores, como el respeto hacia sus superiores y sus pares, el amor a sí mismos y hacia los demás, etc.? ¿Les inculcan normas de convivencia, disciplina y la cultura de la paz?
Asimismo, el gobierno escolar, ¿cumple con sus obligaciones en la escuelas? Los inspectores o supervisores seccionales, de materias especiales, y regionales ¿ejercen sus funciones de acompañamiento de sus escuelas como corresponde? ¿Son proactivos en cuanto a la prevención de conflictos?
Las responsabilidades mayúsculas son de la D.G.E. y se advierte desde hace algún tiempo que las estructuras de la organización escolar no cumplen las funciones de forma pertinente para lo que fueron creadas: desde la Dirección General; Subsecretarías; Direcciones de Línea; Supervisores, el General hasta los Seccionales, y otros organismos de ejecución y de decisión, como las Juntas; deben dictar y/o aplicar normas homogéneas (hoy no todos los organismos aplican las mismas normas para el mismo caso) y deben estar en las escuelas para dar respaldo y contención a los problemas con los que a diario deben lidiar los directores y maestros (hoy estos están solos con problemas para los que ni siquiera han sido preparados). Esto ha hecho que la ley del mercado ingrese también a nuestras escuelas y la D.G.E., en vez de proponer más institucionalidad, aplicando y ejecutando reglas y exigiendo que se cumplan, le hace el juego al mercado mirando los problemas desde afuera de la escuela.
Sugiero al gobierno escolar que ingrese (literalmente) a sus escuelas, que sea protagonista y acompañe como corresponde a sus directores y docentes, porque solos no pueden.
Las recientes normas de convivencia aún no se sabe en las escuelas cómo deben aplicarse; los protocolos de actuación como por ejemplo la resolución 137 del 8 de marzo de 2002. Normas de procedimiento sobre armas de fuego en las escuelas o la resolución 691 del 2 de agosto de 2002 de procedimientos de seguridad para cada establecimiento educativo, no se sabe en las escuelas si se siguen aplicando o no.
Algunos supervisores no las conocen o las "desconocen" y algunos padres tienden a distorsionar esas normas de seguridad (por ej. las puertas de ingreso cerradas), como un caso ocurrido recientemente en una escuela muy céntrica, avasallando la autoridad de la directora y sin tener respuesta pertinente de los supervisores. Es decir que la organización escolar debe tener una legislación ordenada, homogénea y conocida por todas las estructuras para que los directivos la apliquen en todas las escuelas y así respaldarlos como corresponde.
Es plausible que frente a supuestos de nuevos casos en escuelas (como son los presuntos abusos), la D.G.E. haya anunciado el diseño de un protocolo para proceder en esos casos. Asimismo deberá dar creación a gabinetes regionales interdisciplinarios y multidisciplinarios fijos y móviles para que actúen en cada caso y que lo hagan como soporte, contención, acompañamiento y resolución, y no como organismos de represión o castigo.
Por mi experiencia en estos temas y por la cantidad de docentes y directivos que a diario me consultan sobre sus problemas jurídicos y administrativos, sugiero que también se trabaje en protocolo para la resolución de conflictos y que contenga la creación y participación de un cuerpo de mediadores, también móviles y fijos por cada región para que se solucionen conflictos al inicio y no que se espere a que la situación llegue a las Juntas de Disciplina generando desgaste, malestares en las escuelas y gastos a los docentes que repercuten en la calidad de la enseñanza.
Se necesita entonces, un gobierno escolar que administre, atienda a sus escuelas, exija a todas las líneas e instancias a que cumplan con su deber y lleguen a las escuelas permanentemente a acompañar y no a castigar.
Las escuelas no pueden perder credibilidad. El esfuerzo hay que hacerlo por la simple razón de la sinrazón de que, si no se hace, se pierde mucho.
