Crecen la tensión y las denuncias cruzadas en Venezuela

El gobierno del presidente electo Nicolás Maduro saturó el martes los medios de comunicación oficialistas con ataques incesantes contra el líder opositor Henrique Capriles, acusándole de golpista y de incitar a la violencia.

Capriles, por su parte, denunció insistentemente que Maduro carece de legitimidad y exigió un recuento de los votos tras las recientes elecciones.

Maduro también denunció que la ola de protestas, que dejaron siete muertos y 61 heridos, fue orquestada por Estados Unidos, que a su vez dijo que no reconocería los resultados hasta que se haga un nuevo escrutinio de las boletas electorales tal como lo exige Capriles.

No quedaba claro, sin embargo, si la violencia había sido tan grave como lo denunciaba Maduro, quien había sido ungido por el presidente Hugo Chávez como su sucesor antes de su muerte. Venezuela tiene en promedio unos 40 homicidios diarios, una de las tasas más altas del mundo, y el gobierno no facilitó casi nada de información sobre los fallecimientos que según dijo, ocurrieron durante las marchas.

Capriles calificó las acusaciones gubernamentales como una maniobra para distraer la atención de su pedido de que se recuenten todos los votos depositados en las elecciones del domingo, en las que, según resultados oficiales, Maduro ganó por apenas 262.000 de los 14,9 millones de votos depositados.

Han estallado varias protestas contra el gobierno desde las elecciones, algunas de las cuales se han tornado violentas pero al parecer sólo después de que agentes de la Guardia Nacional y la policía lanzaran gas lacrimógeno y balas de goma contra los manifestantes.


Maduro acusó a los opositores de atacar clínicas del gobierno y la vivienda de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, pero las autoridades no han dado pruebas ni detalles. Al igual que Chávez, Maduro tiene la tendencia a hacer acusaciones sin mostrar pruebas.

Cristina, entre las delegaciones que van a la asunción

Entretanto, el gobierno informó que 15 países confirmaron que enviarían delegaciones para asistir a la toma de posesión del viernes. Incluían a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Irán, China, Arabia Saudí, Qatar, Haití, Uruguay y Argentina.

La posibilidad de que ocurran más protestas el miércoles pareció disiparse luego que Capriles canceló una marcha que iba a dirigirse hacia la sede del Consejo Nacional Electoral. La decisión de Capriles tuvo lugar luego que Maduro exhortó a sus partidarios a salir a la calle a manifestarse también.

El presidente electo fue visto en las pantallas de la televisora estatal asistiendo a varios eventos, en que acusaba a Capriles de ser un asesino y golpista. Y repetía acusaciones contra Washington, un blanco favorito de Chávez bajo el cual Maduro fue canciller durante seis años.
Maduro, en un evento en la sede de Petróleos de Venezuela (PDVSA) aseguró que la embajada estadounidense estaba detrás de todos los actos violentos.

Estados Unidos y Venezuela llevan desde el 2010 sin embajadores y el actual encargado de asuntos de la embajada norteamericana, James Derham, salió el lunes del país.

La retórica de Maduro no parecía coincidir con el deseo de mejorar las relaciones entre las dos naciones, expresado por el mismo Maduro a varios políticos estadounidenses que le han visitado, como el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson.

El Departamento de Estado declaró el martes que era ``difícil de entender'' la negativa de las autoridades electorales de acceder al pedido del recuento de Capriles.

Capriles sostiene que los chavistas se robaron las elecciones y mostró ejemplos a reporteros. En 283 centros de votación, los observadores electorales fueron obligados a salir antes del escrutinio de votos, en algunos casos a punta de pistola, dijo Capriles. En un centro de votación en el estado occidental de Trujillo, votaron 717 personas a pesar de que sólo 536 estaban registradas.

Los opositores marcharon en las capitales de varios estados el martes para exigir un recuento de los votos. En la capital de Barinas, el estado natal de Chávez, soldados lanzaron gas lacrimógeno y balines de plástico contra los manifestantes que marchaban hacia la sede local del consejo electoral. Dirigentes opositores dijeron que 30 personas fueron arrestadas y tres fueron levemente heridas.

El gobernador de ese estado es Adán Chávez, hermano del fallecido presidente quien perdió su batalla contra el cáncer el 5 de marzo tras 14 años en el poder. La oposición responsabiliza al gobierno de Chávez por el caos reinante en el país, los apagones de electricidad y la delincuencia desbordada.

El ministro del Interior Néstor Reverol acusó a Capriles de varios delitos, entre ellos la insurrección y la desobediencia civil. El presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello afirmó que se deberían iniciar investigaciones penales contra dos asesores de Capriles, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón y Carlos Ocariz.

Los chavistas desde hace tiempo usan el sistema judicial venezolano para mantener a raya a la oposición, dicen grupos de derechos humanos. Un asistente de Capriles, Leopoldo López, actualmente tiene cargos de abuso de poder relacionados con un caso que data de hace 15 años, y que él desestima como nada más que un intento por callar a la oposición.

Adam Isacson, analista de la organización académica Oficina de Washington para Latinoamérica, dijo que la creciente tensión aumenta la posibilidad de que el gobierno arreste a líderes opositores, aunque dudó que las fuerzas de seguridad acaten órdenes de una represión generalizada.

Isaacson añadió que más le preocupaba ``la violencia de turbas callejeras contra figuras de la oposición, e incluso contra figuras pro-gobierno''.

La fiscal general Luisa Ortega, quien impartió la información sobre la cifra de muertos durante las protestas, dijo que 135 personas fueron detenidas en las concentraciones, probablemente todas el lunes.

Fue ese día que los partidarios de Capriles realizaron sus marchas en Caracas y otras ciudades, incluyendo Barinas, Mérida en el occidente del país y Maracay en el centro.
Ortega no divulgó las identidades de los fallecidos y heridos ni dijo dónde ocurrió la violencia, salvo decir que los muertos pertenecían a la clase obrera.

Fuentes oficiales dijeron que uno de los muertos en la capital fue abatido por opositores frente a una clínica administrada por médicos cubanos. Reporteros de la AP visitaron el lugar y entrevistaron a los vecinos, pero no se pudo confirmar que la muerte se debió a razones políticas.

Sin embargo, sí se pudo establecer que José Luis Ponce, un carpintero de 45 años de edad, no fue muerto en la clínica. El gobierno luego corrigió ese dato.

Reverol dijo que otras muertes por armas de fuego _ en los estados de Sucre, Táchira y Zulia, estaban siendo investigados.

Capriles dijo que el gobierno tiene la culpa de todo hecho de violencia.

En todo el país, gran cantidad de personas participaron en un cacerolazo la noche del martes a una hora preestablecida, al igual que hicieron el lunes dos veces a pedido de Capriles.

El líder opositor pidió repetir los ``cacerolazos'' todos los días hasta el viernes para que coincidan ese día con la juramentación de Maduro.