Vienen sucediendo una serie de protestas sociales en varios países de América Latina. En algunos casos la situación detonó con la destitución de algún presidente, como en Brasil o Perú; en otros, presionando por fuertes cambios. En los últimos tiempos estos movimientos se registraron en Ecuador y en Chile.
Más allá de ciertas teorías conspirativas que circulan (que no se pueden confirmar ni desmentir) hay algunos elementos comunes que explican esta insurgencia popular.
El primer elemento común es la desaceleración económica y la caída de los precios de las materias primas. Hubo una explosión de los precios de commodities en la primera década del siglo, que generaron crecimiento económico y eso disimuló las inequidades pero, con la caída de los precios, los Estados y las economías entraron en crisis.
Esta situación terminó estallando con escándalos de corrupción, como en Brasil y Perú, o con protestas por ajustes tarifarios o aumentos de impuestos, como en Ecuador y en Chile.
El problema es que se frenó el crecimiento y los sectores más pobres, que vivieron algo mejor 10 años antes, no tuvieron elementos que les permitieran una movilidad ascendente porque el mismo sistema no lo posibilita.
Las diferencias en el crecimiento son notables. Mientras entre 2003 y 2010 las economías de América Latina crecieron un 4,2% promedio por el alza de los precios de las materias primas, en la década entre 2010 y 2019 ese crecimiento descendió al 2%. Según el FMI, este año será del 0,6%, influido por la caída de la Argentina en un 3,2%.
Durante el crecimiento se expandió la clase media, que ya representa un tercio de la población de la región, pero hoy esa clase sufre menores ingresos y aumento del desempleo, mientras se ve afectada por elevados costos en los servicios sociales básicos.
Casi todos los países, además, tienen problemas de calidad institucional. Salvo Chile, donde el sistema político ha mostrado madurez de convivencia y no hay demasiados registros de corrupción, en el resto de los países esa debilidad institucional se ha visto corroída por mucha corrupción de los funcionarios, incluyendo presidentes, en manos de grupos empresarios, además, de otros ligados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En casi todos los casos, la debilidad institucional se ve reflejada por un Poder Judicial que es un apéndice del Ejecutivo, como ocurre en Venezuela o Bolivia.
Lo cierto es que se aprecia un clima de descontento social hacia la ineptitud mostrada por las burguesías políticas de todos los países, llevado al extremo en Venezuela, donde más de 4 millones de habitantes han salido. Una constante es la voluntad de muchos ciudadanos de los países latinoamericanos que están dispuestos a emigrar de sus países para escapar a condiciones que no consideran dignas.
Estas situaciones, en algunos casos, se han manifestado con distintas formas de violencia propiciadas por los mismos personajes de siempre que aprovechan el descontento para sembrar el terror, porque viven de eso. Pero las manifestaciones también reflejan un hartazgo de crisis y cada vez menos tolerancia a nuevos ajustes o más impuestos.
Las rebeliones, de alguna manera, están reflejando la necesidad de tener Estados más eficientes, que no ahoguen a las comunidades, donde las empresas puedan producir y competir en un mercado libre. Lo importante es no confundir empresas con mercado. Los empresarios son una parte, la oferta, y los consumidores son la demanda, pero con estos nunca nadie quiere arreglar. El Estado debe velar para que ambos sectores puedan llegar en condiciones similares.
Probablemente estemos viviendo los finales de una forma de gobernar. Las comunidades están pidiendo cambios. El problema es que si la oferta de la burguesía política es similar a lo ya conocido, pueden aparecer personajes mesiánicos y autoritarios, de cualquier color, aun bajo las reglas de las democracia. Hay que cuidar la República.
