La Provincia llamó a los proveedores a verificar la deuda que la Administración Pública había contraído con ellos en la gestión de Francisco Pérez. Debían presentarse los que reclamaban más de un millón de pesos. A este fin de semana pasado ya se han presentado 179 empresas que acreditaron haber prestado bienes o servicios por 2.018 millones de pesos.
El problema es que el Gobierno de Alfredo Cornejo tenía la intención de pagar la totalidad de estas deudas con bonos. ¿De dónde saldrán los otros mil millones? Es una pregunta aún sin respuesta.
Los “Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación de Deudas” fueron creados en el artículo 8 de la ley 8.816, norma acordada por el ex gobernador Pérez y el entonces electo Cornejo, con el objetivo de cerrar el rojo que dejaba el primero en las cuentas públicas.
Estos bonos se usarían para cancelar todo o parte de las deudas que el Estado mantenía con proveedores. El paso final para que esos documentos de pago salieran a la luz fue el decreto 127/16 que fue publicado el lunes 22 de febrero pasado.
La idea era entregar los bonos a empresas proveedoras del Estado a las que se les debiera más de un millón de pesos. Esas empresas podían cancelar la totalidad de deudas impositivas vencidas antes del 31 de diciembre de 2014 o el 5% de obligaciones con el fisco posteriores a esa fecha.
En realidad ese 5% es un piso que podría levantarse en caso de que el flujo de caja de la provincia fuera relativamente bueno.
Los tenedores de los Bonos de Consolidación de Deudas cobrarían su deuda en cuotas semestrales con un interés equivalente a la tasa Badlar (promedio del interés pagado en plazos fijos de más de un millón de pesos). El 23 de marzo pasado, la Badlar estaba en el 31%.
La Provincia tiene un año de gracia para empezar a pagar esas cuotas semestrales, es decir que con los bonos se busca “patear” pagos a 2017.
En febrero el objetivo del Ejecutivo era lograr que las empresas acreedoras del Estado aceptaran cobrar la totalidad de sus acreencias en bonos. Hoy la pregunta es cómo cubrir la diferencia entre los 1.000 millones autorizados por la Legislatura y los 2.018 millones de pesos que ya acreditaron las empresas que prestaron servicios o pusieron bienes para el funcionamiento del Estado.
Entre estas empresas están las que ponen los insumos en hospitales y centros de salud; los que proveen las raciones alimenticias en escuelas, comedores y cárceles; los que ponen el papel y el tóner para impresiones, es decir todo lo que hace falta para prestar servicios.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, se queja amargamente de la situación de las cuentas públicas. Respecto de la nota publicada ayer por Los Andes, en la que se informaba el rojo fiscal 2015 de 3.900 millones de pesos, Kerchner decía que “ese número es provisorio. Por ejemplo, falta agregar las deudas con los proveedores”.
Hasta el último día hábil, 179 empresas habían demostrado que el Estado les debe 2.018 millones de pesos y el proceso de verificación aún no culmina, por eso Kerchner dice que aún no se consigna en la ejecución presupuestaria.
“Estamos pagando sueldos con ayuda nacional. Diciembre y parte de enero lo pagamos con crédito del Banco Nación; febrero, con adelanto de coparticipación que aún no nos empiezan a descontar, pero que en algún momento lo harán”, se quejaba Kerchner.
Entonces explica que hay que cubrir un déficit de algo más de 5 mil millones de pesos y 4.622 millones de pesos de amortización de deuda pública, unos 10 millones que sin financiamiento no podrán cancelarse.
Kerchner y todo el Gobierno prenden velas para que el arreglo con los holdouts salga lo antes posible y salir a tomar deuda (ver aparte). Hacen falta unos U$S 700 millones.
Urge financiamiento internacional
La Nación tenía que salir a tomar deuda a nivel internacional antes del 14 de abril, para cumplir con el acuerdo firmado con los holdouts, pero por la revisión del convenio solicitado por los bonistas, que se concretará en una audiencia para el 13 de abril, todo el cronograma de endeudamientos se podría aplazar.
Hacienda de Mendoza trabaja contrarreloj para emitir bonos por U$S 300 millones que ya licitó hace un mes. La esperanza era salir al minuto posterior al pago de Argentina; con esa nueva audiencia todo es incertidumbre.
La urgencia dicta que Mendoza debería conseguir esos U$S 300 millones a fines de abril o en los primeros días de mayo, como último plazo.
