La semana pasada, el abogado Carlos Varela Álvarez, defensor del profesor de la UNCuyo Mauro Aguirre detenido por supuesto abuso sexual, renunció como querellante en los juicios por Lesa Humanidad. Según explicó el letrado en una carta abierta, tomó la decisión por pedido del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) porque la institución entendió que la tarea del abogado en los dos casos es incompatible.
Varela Álvarez es un reconocido penalista que además defiende a la monja Kumiko Kosaka en el caso Próvolo y al intendente de Lavalle Roberto Righi en el caso Tupac Amaru.
En la carta abierta publicada el jueves pasado, el abogado aseguró que estaba dolido y comparó el caso de Aguirre con el de los rugbiers. Además, dedicó varias líneas a reflexionar sobre "la matriz única con la que se denuncian los casos de abusos sexuales", los escraches, el garantismo y los derechos humanos. También tildó al movimiento de "fascismo" que "se ha apoderado de la buena causa que es la defensa de los derechos humanos".
En aquel momento, la directora de Derechos Humanos de la provincia, Luz Faingold, respaldó al abogado: "Lamento que en este caso se arroguen el conocimiento de la verdad y de la ética y seas vos justamente el destinatario de esta violencia con pensamiento único. Contá con mi apoyo, fuiste mi abogado como querellante particular contra los jueces cómplices del terrorismo de Estado, sin cobrar un peso, como integrante de Xumec y ví cómo seguís defendiendo el caso Garrido-Baigorria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ".
Ahora la comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados también salió a respaldar a Varela Álvarez, en un comunicado donde, al mismo tiempo, manifestaron "un enérgico rechazo a la decisión tomada por los organismos de Derechos Humanos a través del MEDH".
Así y a través de una nota firmada por 45 abogados penalistas y encabezada por Pedro Fernando Luquez, presidente de la comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, los letrados señalaron que "dicha decisión no hace más que discriminar, contaminar y condicionar el noble, libre e independiente ejercicio de la profesión de los abogados.
"Entendemos, de este modo, que la solicitud efectuada por los Organismos de Derechos Humanos al MEDH (de apartar al profesional de la representación de los mismos, por haber asumido la defensa de un ciudadano acusado de la posible comisión de un delito penal) ha desnaturalizado y desvirtuado su verdadera función social para responder a intereses particulares...".
Más adelante la nota sigue: "La decisión tomada por MEDH por pedido de los Organismos de Derechos Humanos es de una gravedad tal, que afecta, no solo al excelente y destacado profesional Carlos Varela Álvarez, sino que afecta a todos los profesionales del Derecho".
El comunicado lleva la firma de 45 abogados penalistas, aunque aclara que no se arroga representar la postura que, eventualmente pueda asumir el Colegio de Abogados.