Crece la ayuda del Estado para pagar sueldos en empresas privadas de Mendoza

Este año más de 800 trabajadores están recibiendo asistencia para no desvincular personal bajo el Programa de Recuperación Productiva.

Crece la ayuda del Estado para pagar sueldos en empresas privadas de Mendoza
Crece la ayuda del Estado para pagar sueldos en empresas privadas de Mendoza

Durante 2018 cuatro empresas de la provincia solicitaron ser incluidas en el Programa de Recuperación Productiva (Repro), lo que significó la inclusión de 823 trabajadores en el programa por el que el Estado fija una suma mensual remunerativa de hasta el equivalente al salario mínimo, vital y móvil ($ 10.700), por un plazo de hasta 12 meses, destinado a completar el sueldo de su categoría laboral. El número es superior al de hace un año, cuando la asistencia efectiva alcanzaba a unos 500 trabajadores, lo que implica un incremento superior al 60%. 

De acuerdo a lo que informa el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, el pago lo realiza Anses en forma directa y para acceder a ese beneficio "las empresas deben acreditar la situación de crisis que atraviesan, detallando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación, comprometiéndose a no despedir personal y manteniendo la nómina total de trabajadores".

En el caso de las empresas mendocinas, los aportes de Anses por trabajador estuvieron en el orden de los $ 2.500 y los $ 4.000 y significaron una erogación total de $ 2.326.000. No obstante, hacia fines de octubre del año pasado fueron cinco las firmas que obtuvieron asistencia y este año no son más de cuatro, aunque en ambos casos, las solicitudes superaron ampliamente la cantidad de beneficios otorgados.

Otra alternativa 

Paralelamente, las empresas pueden presentar su situación de crisis ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la provincia, y ampararse en la Ley Nº 24.013 (Ley de Empleo, y sus modificaciones), con sus balances y la documentación que acredite la validez del pedido.

Esto se hace con carácter previo a los despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor y causas económicas o tecnológicas, cuando estas afecten a más del 15% del plantel en empresas de menos de 400 trabajadores, más del 10% de 400 a 1.000; y a más del 5% por encima de 1.000. 

De acuerdo con la normativa, la empresa deberá informar qué impacto tendrá la crisis para los trabajadores y qué medidas paliativas propone. Las mismas se presentan en una audiencia conciliatoria en la que participan los representantes de los trabajadores, y en el término de 10 días se llega a un acuerdo que es homologado o rechazado en la Subsecretaría de trabajo con una "resolución fundada". 

Mientras dure el procedimiento de crisis, "el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento (despidos, por ejemplo), ni los trabajadores ejercer la huelga, u otras medidas". Si bien las Cámaras advierten que han realizado consultas sobre esta última posibilidad, la Secretaría no tiene constancia de cuántas han solicitado "Procedimientos Preventivos de Crisis". 

Al respecto, Enrique Tarditi, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) señaló que algunos de sus asociados han estado concurriendo a la Subsecretaría y no han conseguido la información correcta.

Igualmente, desde Asinmet admitieron que, ante la crisis, hay empresas del sector metalmecánico que han comenzado a averiguar sobre ambas posibilidades.

En tanto que el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto, brindó un panorama positivo de la situación y aseguró que no se observan despidos masivos y las cadenas de pago, aunque con algunos retrasos, mantienen su curso.

Por otro lado, indicó que la devaluación produjo un cambio positivo para el turismo, que compensó en cierta medida los aumentos tarifarios que afectaron a todos los comerciantes. "Las empresas que prestan servicios para el agro y sus derivados, la metalmecánica, y quienes trabajan ligados a la industria automotriz son los más complicados", cerró el empresario. 

Qué pasa en el sector cooperativo local

Muchas de las empresas asociadas a diversas cooperativas han tenido el resguardo, durante los primeros meses de recesión económica, que implica conseguir financiamientos accesibles bajo dicha figura, pero según indicó Carlos Iannizzotto, gerente de Acovi, la situación es "alarmante".

En este marco mantuvieron una reunión con el ministro de Producción, Dante Sica, y con el secretario de Agroindustria de la nación, Miguel Etchevehere, para plantearle la situación de emergencia que viven los productores, que ya tienen todas las áreas sembradas pero no tienen acceso al crédito.

"Como cooperativas y federaciones, hemos bancado a los productores, pero eso tiene un límite, porque son 150 mil", lamentó Iannizzotto, y señaló que quedaron en recibir una respuesta que haga que no lleguen a las instancias de crisis anteriormente mencionadas, ya sea la necesidad de ser incluidos en Repro, o solicitar Procedimientos Preventivos de Crisis a la Provincia. Este es todo un desafío para el sector.

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