Aunque son poquísimos los que se animaron a opinar, quienes más entienden del tema explican por lo bajo que es una situación sumamente compleja. Se trata del polémico fallo firmado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para regular las detenciones y la prisión preventiva. Algo que tiene muy preocupado al Gobernador de la Provincia y por lo que hoy, justamente, se reunirá con el presidente del máximo tribunal.
A las 12 Alfredo Cornejo irá a la Corte mendocina para tener un encuentro con su titular, Pedro Llorente. Al menos hasta anoche y al cierre de esta edición, era sólo el dato del horario lo que había trascendido al respecto.
No se sabe si darán una conferencia o se limitará a la reunión puertas adentro. Es que en lo concerniente a este fallo, que fue dado a conocer el jueves en exclusiva por Los Andes, hay bastante hermetismo. Al punto que este diario consultó a las facultades de Derecho de las principales casas de estudio de Mendoza y ninguna quiso opinar.
Sí hubo dos instituciones que emitieron comunicados dando a conocer su parecer. Por un lado, la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó que lo primordial para ellos es “dejar en claro que respetamos la independencia de la Justicia y las garantías que establece nuestra Constitución Nacional, pero también nos interesa que se tengan en cuenta las posibilidades reales que tiene Mendoza para aplicar tal o cual disposición legal.
Es por eso que aspiramos a resoluciones judiciales ajustadas a la realidad, sino ¿qué política de seguridad será efectiva para todos los ciudadanos mendocinos que viven y trabajan conforme a la ley?”.
Asimismo, la FEM remarcó que si bien lo que quieren es justicia la misma debe necesariamente ir de la mano de la seguridad. “Que el gobierno que acaba de asumir en la provincia, elegido democráticamente por la mayoría de los mendocinos, tenga la oportunidad de aplicar su plan”, remarcaron al final desde la entidad gremial empresaria. Indicando así un claro apoyo a la postura del Ejecutivo.
Por otra parte, el Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas “Integrar”, una Organización de la Sociedad Civil mendocina, tiene una postura totalmente favorable al fallo de 81 páginas dictado por la SCJM el pasado 23 de diciembre.
La fundación, apoyada desde lo político por el ex ministro de Tierras Guillermo Elizalde (FpV), reflexiona y explica que el máximo tribunal “ordenó a sus fiscales y jueces de garantías que en el plazo de 60 días se regularice la situación procesal de las personas detenidas sin orden de juez competente. Dispone de medidas para mayor celeridad procesal, crea registros y formaliza las instancias de diálogo interinstitucional para garantizar la humanización y el debido proceso de los ciudadanos en contextos de encierro”.
También en "Integrar" resaltan la importancia del fallo porque "ordena que se ajuste la práctica judicial de Mendoza al Código Procesal Penal vigente. O sea, que se cumpla la ley en la Provincia. Aquellos que conocemos las Unidades Penitenciarias somos conscientes de la veracidad del fallo".
Mientras que otra voz vinculada a esta problemática social contó que según lo que pudo averiguar "mañana (por hoy) será terrible la embestida del Poder Ejecutivo provincial y nacional para evitar el fallo. Van a pedir la anulación del fallo o mayores plazos".
Una disputa que ya tiene alcance nacional
La polémica entre el Gobierno y la Suprema Corte tuvo ayer repercusión nacional, cuando el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y también columnista del diario Página 12, Horacio Versbistky se refirió al tema en el matutino.
Luego de hacer alguna crítica política al rechazo que manifestó el gobierno de Mauricio Macri a través de la ministra Patricia Bullrich y tras algunas consideraciones sobre cómo fue presentado el tema por la prensa mendocina, Versbistky concluye “que el fallo no dice nada que justifique la alarma suscitada por medios y dirigentes políticos”.
Además indica que la resistencia manifestada por el gobierno provincial “es una forma de confesar que el cumplimiento de las leyes y Convenciones obligatorias que ordenó la Corte se opone ‘al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública’”.
Además, Versbitsky no se priva de recordar la lamentable situación por la que atraviesa el sistema penitenciario local desde hace muchísimos años, aunque elude consignar que durante 12 años de kirchnerismo (del que ha sido un ferviente defensor) poco y nada se ha hecho para superar esta triste realidad.
Para Versbitsky es ahora la lucha contra el narcotráfico “la nueva consigna mágica que basta repetir para que esa miserable realidad se pierda en las brumas y esos miles de personas sean inmoladas en el altar de la seguridad”.
