Antes de la crisis que generó el coronavirus, en Mendoza se venía hablando sobre la necesidad de bajar el costo de la política y el Gobierno se basa en este argumento para pasar de un sistema bicameral a uno unicameral, previa reforma de la Constitución.
En su discurso del 1° de mayo, el gobernador Suárez dijo que "la reforma institucional -que debe comprender necesariamente cambios constitucionales y otras normas- debe tener como norte la disminución sustancial del costo de la política, una mayor calidad institucional y mejores controles en el manejo de la cosa pública, para así promover solidez en los lazos de confianza que vinculan a representantes y representados".
Es oportuno volver sobre las palabras del filósofo español Daniel Innerarity, quien suele repetir que reclamamos que en el parlamento estén los mejores, pero no estamos dispuestos a pagarles y agrega: "El sueldo de los políticos, ajustado pero suficiente, es una garantía de la igualdad en el acceso a la actividad política. Los poderosos suelen tener otros procedimientos para hacer valer sus intereses, pero lo sorprendente es que pongamos en peligro esta conquista de la igualdad de acceso a la política con torpes propuestas. No entro a determinar si son muchos o cobran demasiado; me limito a señalar que ese debate daña su legitimidad y dibuja en el horizonte un ideal de parlamentos débiles y en manos de los ricos. Si los políticos no cobraran, se dedicarían a ello los ricos o sus testaferros. Defender el número y salario de los parlamentarios suena hoy como una provocación, pero es más igualitario que ciertas medidas populistas que debilitan la democracia"; hay un legislador con ganas de disolver Concejos y viene de administrar un departamento. "¿Hay algo peor que la antipolítica? Si, su ausencia, la mentalidad antipolítica, con la que se desvanecerían las aspiraciones de quienes no tienen más esperanza que la política porque no son poderosos en otros ámbitos. En un mundo sin política nos ahorraríamos algunos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación de sus intereses y sus pretensiones de igualdad aquellos que no tienen otro medio de hacerse valer", remata Innerarity.
Destaco la necesidad de “calidad institucional y mejores controles en el manejo de la cosa pública” que resaltó Suárez en su discurso y la “representación de intereses” que señala Innerarity.
¿Cuál es la relación? En Mendoza no contamos con una ley que regule la gestión de intereses, esto es la actividad legitima que los lobistas de distintos sectores realizan en el Ejecutivo, en la Legislatura, en los Concejos Deliberantes y en cualquier lugar en dónde se decida algo que afecte sus negocios. El lobby es una práctica a través de la cual, representantes de intereses particulares operan a favor de ellos frente a los tomadores de decisión.
Negar el lobby sería necio, tiene que estar y hasta es saludable, pero si es transparente mejor. Un iracundo bodeguero cacarea criticando a lobistas de otras bodegas siendo que él también lo realiza con las entidades gremiales que controla. El lobby no sólo lo hacen empresarios -o sus representantes- también lo llevan a cabo sindicatos, la Iglesia, las ONGs y movimientos sociales.
Un buen ejemplo del ejercicio del lobby es lo que sucede con la obra Portezuelo del Viento, empresarios de distinto tipo hicieron lobby sobre las exigencias del pliego y el tiempo para preparar las propuestas.
Así entonces, es bueno avanzar con su regulación para implementar, entre otras cosas, un registro de audiencias. De esa forma, funcionarios y legisladores están obligados a dejar asentado día por día con quién se reúnen, para qué, quién pidió la reunión y hasta una síntesis de la charla. Este registro funciona a nivel nacional, y los organismos de control lo ponderan porque permite obtener datos que suman elementos para luego avanzar con denuncias de corrupción. En otros países también se lleva un registro de lobistas.
Muchas empresas y entidades gremiales empresarias tienen equipos que sólo se dedican a producir estudios con un enfoque determinado, para luego presentárselos a funcionarios y legisladores y así inclinar decisiones a su favor.
Con una ley que regule la gestión de intereses, Mendoza sería la primera provincia del país en avanzar en una legislación de este tipo y quedaríamos a la altura de los Estados más avanzados en políticas de transparencia. Muchos políticos hablan del gobierno abierto, esta es una de las medidas que van en ese sentido.
Vemos entonces que el costo de la política y su reducción es más delicado de lo que pensamos si evaluamos quién se beneficia con el "ajuste". Funcionarios y legisladores con pocos conocimientos ante una inmensidad de temas y situaciones y con menos recursos, quedan vulnerables a la incidencia de los intereses particulares, obvio que esto es solo una parte del problema. Y una sociedad que advierte falta de transparencia y control en las actividades que realizan sus legisladores y funcionarios, rompe los "lazos de confianza que vinculan a representantes y representados", y apoya su ajuste y disminución.
