Una vez más, la situación llegó a un punto tan crítico que estalló con violencia. Se produjo una revuelta el martes y al día siguiente una fuga. Hubo corridas, golpes, disparos y heridos. Se vio armas, un incendio y mucho movimiento de policías y gendarmes. Salieron a la luz cruces políticos, acusaciones y también quedaron en evidencia falencias históricas. Incluso, los hechos muestran que a través de los distintos gobiernos, Mendoza no ha logrado diseñar de manera integral un espacio de contención y formación que permita reinsertar en la sociedad a los adolescentes que han cometido delitos, conforme a lo que establecen las leyes a nivel provincial, nacional e internacional.
Hasta hace algunos años, el actual Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (SRPJ) se llamaba Cose (Centro de Orientación Socio Educativa). Pero lo cierto es que más allá del cambio en el 'nombre' de este centro, pocas cosas se modificaron en cuanto a su funcionamiento. Por eso, quienes trabajan de cerca con adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley, ponen el foco en la necesidad de mejorar aspectos de fondo que colaboren a que este sitio sea un lugar de paso, al que los adolescentes no tengan que volver.
El fiscal de menores, Gustavo Farmache, la jueza María Fontemachi; el referente social Marcelino Altamirano, el padre Vicente Reale (ex voluntario de la Dinaf) y Javier López Maida, de la Defensoría General de Derechos de la Dinaf, formaron parte de las consultas para realizar este informe.
También sumaron su aporte integrantes de asociaciones que trabajan con jóvenes en situación de calle y operadores del SRPJ que prefirieron resguardar su identidad.
De acuerdo a las leyes vigentes, los adolescentes mayores de 16 años y menores de 18 que han cometido crímenes y delitos contra la propiedad de terceros quedan a disposición del régimen tutelar, es decir, quedan a cargo del Estado. El lugar donde son derivados desde los juzgados penales de menores para lograr que ellos incorporen herramientas para forjar un mejor futuro y se eduquen para no volver a delinquir es justamente, el SRPJ. El problema es que esto en la realidad no se da, en tanto que las soluciones por parte del Gobierno van por detrás de los acontecimientos.
Historia repetida
El conflicto entre operadores e internos y la posterior huida de cuatro adolescentes, ocurrida esta semana, tiene antecedentes similares, aunque esta vez, a diferencia de las otras, fue necesaria la intervención de efectivos de la Penitenciaría Provincial (penal de adultos).
En febrero de 2004, el grupo de adolescentes que escapó fue de diez, mientras que en octubre de 2007, las fugas se repitieron: hubo tres en sólo dos semanas. En agosto de 2008, la situación en ese centro que aloja a los jóvenes que están en conflicto con la ley penal, volvió ser motivo de polémica y la cantidad de fugados llegó a 14. En ese momento, también hubo heridos de gravedad y se requirió de un importante operativo de seguridad.
En setiembre pasado, la luz de alerta volvió a encenderse cuando -el miércoles 12- tres jóvenes que estaban alojados en el pabellón B escaparon durante un recreo, de los cuales dos fueron hallados por la policía en las inmediaciones del edificio.
Revuelta y huida
A poco más de veinte días de producido el último escape, el martes pasado cerca de las 18, (en el sector considerado de máxima seguridad) hubo un grave enfrentamiento entre un grupo de ocho internos y cinco operadores terapéuticos, de los cuales tres debieron ser hospitalizados, tras recibir puntazos, piedrazos, cortes y golpes. Por la magnitud de esta revuelta se requirió de la intervención de la Policía de Mendoza y también de personal penitenciario.
Al día siguiente, pasadas las 19 y mientras los empleados apoyados por el gremio de los estatales (ATE) realizaban una asamblea en el marco del pedido que llevan adelante por mejoras en las condiciones de trabajo, siete adolescentes que permanecían en el área de admisión (ubicada fuera de la zona cercada por muros) huyeron. De ellos, tres fueron hallados por la policía a poco de escapar y uno fue encontrado al día siguiente en una casa del barrio La Gloria, mientras dormía. El resto de los adolescentes, de entre 16 y 17 años, sigue siendo buscado.
Separados, pero juntos
Si bien los espacios se dividen para separar a los adolescentes de acuerdo a la magnitud de los delitos que han cometido (el pabellón "B" es donde se alojan quienes han cometido delitos más graves, como homicidios y violaciones), en lo cotidiano esto no se respeta. De hecho, conviven casi en los mismos espacios los que llegan por un hurto menor y los que, por ejemplo, mataron a alguien.
En muchos casos, incluso, los jueces derivan al sistema a los jóvenes para evitar que sigan estando en la calle y para que reciban del Estado contención, tratamiento psicológico, techo e incluso alimento, debido a que muchas veces los jóvenes llegan con muy bajo peso y en estado de abandono. Junto a ellos están muchas veces, los que están cumpliendo una condena.
Falta de capacitación
La falta de personal especializado y capacitado de manera constante para hacerse responsable de la formación de los menores es otro inconveniente. Incluso, desde algunos sectores, denunciaron que ellos se han transformado en "guardiacárceles", en lugar de formadores. Desde el Gobierno reconocieron que no ha habido un plan de profesionalización del personal.
Tras el conflicto surgido esta semana, desde los ministerios de Desarrollo Social y Seguridad se planteó la posibilidad de que los operadores terapéuticos tengan, como mínimo, el secundario completo y no presenten antecedentes de maltrato a menores. Pero además, ellos deberían contar con una evaluación psiquiátrica permanente y estar preparados para resolver problemas sin necesidad de que medie la violencia, aclaran los especialistas. En ese sentido, el Gobierno prometió llamar a concurso y sumar así más personal.
Operadores, sobrepasados
Desde hace tiempo, los empleados que deben desempeñar la tarea de acompañar a los jóvenes en su proceso de cambio vienen solicitando al Gobierno que tome las medidas necesarias para que ellos puedan dedicarse estrictamente a la tarea terapéutica y no también a la de seguridad. Dicen que sus condiciones laborales son inadecuadas y que debería haber al menos el doble de operadores de lo que en realidad hay (unos dos por turno y piden seis por turno).
Ellos son los encargados de levantar a los internos, acompañarlos en sus salidas transitorias, escucharlos y también controlarlos. "A cambio muchas veces tenemos que soportar agresiones y amenazas por parte de los chicos y sus familias", comentó un operador.
Pero esto no es todo
Lo que solicitan los trabajadores del ex Cose es también un protocolo de acción y un equipo de profesionales que los contenga ante situaciones como la ocurrida el martes. "Es como si no existiéramos para las autoridades", explicaron.
Quienes conocen de cerca el tema aseguran que en lugar de más operadores, sería óptimo que haya más psicólogos, psicoterapeutas y trabajadores sociales que brinden un acompañamiento completo a los adolescentes. "Recordemos que ellos deben salir mejor de lo que entraron para no dañarse ellos, ni a terceros. Se trata de adolescentes a los que sus derechos también han sido vulnerados", enfatizaron.
Leyes vigentes
La legislación provincial, nacional y internacional da cuenta de que el adolescente que comete un delito y aún no ha alcanzado la mayoría de edad (18 años) es inimputable y debe ser sometido a un régimen que tienda a su reinserción social y que respete todos sus derechos. Las medidas de privación de la libertad son tomadas como último recurso y se establece como mínimo un año de tratamiento tutelar hasta que la Justicia se expida.
Por lo general, esto se extiende debido a que siempre se tiende hacia la resocialización; de allí que por ejemplo, en el ex Cose haya jóvenes mayores de 18 años. Si ellos no están condenados, es decir, no tienen una pena por el crimen que cometieron, continúan bajo el régimen tutelar. Algunas normas que regulan estos procedimientos son la Ley Penal de Menores N° 22.278, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Adolescente, la Ley provincial Penal N° 6.354 (art.192), el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas de la Habana, (Naciones Unidas), a las cuales Argentina está adscripta. También existe al respecto jurisprudencia sobre derecho penal juvenil en un informe especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
