El delito de "moda" desde el 20 de marzo pasado hasta la fecha es el tan mencionado 205, artículo previsto en el Código Penal y con penas de 6 meses a 2 años de prisión para "el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una pandemia".
El coronavirus llegó para ponerlo en vigencia, pero su aplicación en Mendoza ha generado un cortocircuito entre dos actores de la Justicia: las fiscalías y el Servicio Penitenciario.
Desde que a nivel nacional se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en la provincia ya se imputó a más de 4.500 ciudadanos que no lo respetaron. En muchos de los casos a estas personas les iniciaron una causa, los acusaron formalmente y los mandaron a sus domicilios para cumplir la cuarentena. Quedará para más adelante la resolución, seguramente con una suspensión de juicio a prueba y trabajos comunitarios para los infractores.
Sin embargo, hay otros tantos que no tendrán una solución tan sencilla y se debe a que esos "desobedientes" ya contaban con antecedentes penales. A algunos de ellos se les dio prisión domiciliaria, mientras que a un grupo se los envió a la cárcel.
En este último punto radica el problema, ya que la penitenciaría va sumando nuevos internos y los espacios previstos van colapsando.
Los imputados por cuarentena son alojados en Almafuerte II, complejo perteneciente al tradicional penal ubicado en Cacheuta. Allí permanecen los 14 días preventivos a la espera de saber si alguno presenta síntomas de Covid-19; si esto no sucede, se lo traslada con el resto de los presos.
Ya son cerca de 150 internos que han llegado a Almafuerte II tras 35 días de vigencia del artículo 205. Un 20% llegó por violar el aislamiento y tener en su haber condenas penales previas y el resto porque combinó en el mismo hecho dos delitos: circular por la calle indebidamente y, por ejemplo, cometer un robo, un homicidio o portar un arma.
El traslado de todas estas personas empezó a generar desbordes en los recintos, lo que motivó una advertencia desde el Servicio Penitenciario hacia el Ministerio Público Fiscal.
"Entiendo que no disponen de tantos lugares, pero eso no lo puedo solucionar yo. No le puedo decir a los fiscales que no cumplan con la ley", explicó Alejandro Gullé, el procurador de la Corte, luego de recibir un comunicado de las autoridades penitenciarias.
El jefe de los fiscales le dijo a Los Andes que las instrucciones son claras para su personal y que únicamente los traslados que se ordenan a la cárcel son por delitos graves o personas con sentencias. "La ley nos impone mandarlos a un penal, es claro el tema. Comprendo lo que pasa, pero no está en mis posibilidades solucionarlo. Seguiremos de la misma manera".
Desde las penitenciarias sus responsables aclaran que el propósito fue poner a las fiscalías en conocimiento de la situación y trabajar coordinadamente. "Hoy tenemos lugar para recibir gente porque también se van liberando las celdas, pero hemos estado cerca de colapsar. Informamos esto y creo que el Procurador lo entendió muy bien", sostuvo el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana.
“Tiene que quedar claro que los presos que lleguen van a hacer cuarentena como corresponde. Hoy el objetivo es que no entre el virus a las cárceles”, agregó a este diario.
Sector cuarentena
Almafuerte II viene recepcionando desde hace más de un mes a los acusados de violar el aislamiento y para esto hay un sector con capacidad para 94 personas. Contiguo a este lugar, hay otro espacio con la misma disponibilidad de alojamiento, pero que ha sido reservado por si algún preso contrae coronavirus.
En Mendoza, por el momento, no se han registrado casos de esta enfermedad en la población carcelaria.
