La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió ayer requerirles a los ministerios de Justicia y Seguridad y al Consejo de la Magistratura que "arbitren de modo urgente" una serie de medidas reclamadas por jueces federales del norte que se quejaron ante el máximo tribunal por la falta de infraestructura para combatir al narcotráfico y la trata de personas, entre otros delitos.
Es más, en apenas tres párrafos, los siete jueces del máximo tribunal recordaron que ya remitieron el 31 de octubre pasado sendos oficios a esas tres dependencias oficiales "sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos", señaló ayer la Corte.
La resolución del máximo tribunal del país se conoció apenas cinco días después de un documento emitido por los obispos titulado justamente "el drama de la droga y el narcotráfico". Además, ocurre un mes después del ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, atribuido a las bandas de narcotraficantes que operan en la ciudad de Rosario y donde este año hubo más de cien muertos por este tema.
La Corte reenvió ayer a los ministerios de Seguridad y Justicia sendas notas remitidas por dos camaristas federales de Salta, también con jurisdicción en Jujuy, y de otros dos jueces federales de Tucumán.
Allí reclaman desde la designación de jueces para cargos vacantes, la puesta en marcha de tribunales ya creados, una ampliación de la estructura judicial de la zona, el incremento de personal policial, aduanero, migratorio, de la AFIP, gendarmes, prefectos, escáners y un aumento en la capacidad de las cárceles existentes en esas provincias. También pidieron la "pronta y total implementación" de la anunciada radarización de la zona.
Los jueces federales del norte mencionaron "el crecimiento preocupante del narcotráfico en nuestra frontera, la trata de personas, el incremento del contrabando y especialmente la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando en esa clase de ilicitudes y que, sin exageración alguna, se cuentan por miles en la frontera NOA y NEA", según expresaron los camaristas.
También dijeron en su misiva que se "requiere una mayor presencia del Estado Nacional en un área tan extensa", además de una "coordinación de políticas institucionales nacionales y provinciales" para "garantizar la paz, la seguridad y la prosperidad de los residentes de esta parte del país".
Los jueces advirtieron que entre 2005 y 2012 hubo un incremento del 52% en el ingreso de causas penales y de un 84,64% de causas por estupefacientes. Además, recordaron que la Cámara Federal de Salta-Jujuy tiene una única sala de tres jueces, hoy ocupada por dos (Jorge Villada y Roberto Loutayf Ranea) ya que el concurso para el tercer lugar se encuentra demorado en el Consejo de la Magistratura y que la sala 2 fue creada hace quince años y todavía no tiene jueces.
También hay vacancias en sendos juzgados de Salta y Jujuy y Tucumán y en los tres cargos del Tribunal Oral Federal de Jujuy.
También reclamaron la apertura del concurso para habilitar el juzgado federal de Tartagal y concluir otro concurso por una vacante en el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. Y recordaron que la presidenta de la Nación tiene pendiente elevar al Senado el pliego del candidato de la terna para ocupar el juzgado federal de Libertador San Martín.
Y requieren mayor presencia policial en Salvador Mazza, Mosconi, Orán y Tartagal (Salta) como así también en Libertador General San Martín (Jujuy).
Además pretenden que una cárcel provincial que se está construyendo en Tartagal pueda alojar a reclusos federales y saber si se puede ampliar la capacidad de las unidades federales de Cerrillos y General Güemes, entre otros problemas.
