La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de sobreseimiento que favorecía a Raúl Moneta al considerar que, entre los hechos ilícitos denunciados, figuran los que produjeron que el Banco Mendoza "dejara de funcionar" a fines de los ´90.
La resolución especifica que "mediante presunto fraude" y una "asociación ilícita" se obtuvieron también beneficios económicos a favor del Banco República y en perjuicio del Banco Central por un monto aproximado a los 140 millones de pesos (en aquel momento dólares). Esto implica que deberá reabrirse la investigación contra el que en los ´90 era llamado "el banquero del poder".
El fallo conocido en la víspera lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda y ratifica lo dictaminado en su momento por el procurador general adjunto Eduardo Casal, quien señaló que los sobreseimientos eran "arbitrarios", por que se presentaban elementos típicos de la estafa, como son "el engaño, el error y el perjuicio".
El Banco Central, como querellante, había presentado un recurso extraordinario contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que había confirmado lo que en su momento resolvió el juez Fernando Canicoba Corral, cuando después de varios años, durante los que el expediente durmió en algún estante de su juzgado, dictó el sobreseimiento por "inexistencia de delito".
Canicoba Corral sobreseyó a Moneta y a los otros imputados (Carlos Molina, Jorge Maldera, Eduardo Lede, Juan Carlos Bietti, Pablo Lucini, Benito Jaime Lucini y Jorge Rivarola), aunque reconoció que habían incurrido en falsedades para ocultar la vinculación societaria entre el Banco República, el Citicorp Equity Investments (CEI) y el Federal Bank de Bahamas. Sin embargo, consideró que esas conductas no bastaban para procesarlos judicialmente.
En rigor, lo que debe volver a investigarse es si las maniobras del República pueden haber generado una estafa en perjuico de la administración pública a partir de no haber declarado su vínculo con el CEI y el Federal Bank. Ese ocultamiento es el que permitió que el Banco Central, "por error", le concediera condonaciones de cargos.
El origen
Este fallo conocido ahora tuvo su origen en una presentación que, hace unos 10 años, impulsaron el ex juez federal Luis Leiva y el ex legislador demócrata Gustavo Gutiérrez, cuando ambos estuvieron en el despacho del entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado, con la premisa de que era necesario evitar que la causa prescribiera y el daño económico fuera irrecuperable.
Tal reunión se concretó después de que el Estado mendocino, por intermedio de su entonces fiscal Pedro Sin, rechazara impulsar acciones legales, asegurando que la caída del Banco Mendoza "no había provocado ningún quebranto para la Provincia".
Sin embargo, ahora el Máximo Tribunal habla de "engaño, error y perjuicio" y esas palabras las asocia a un delito como es la estafa.
Pero lo resuelto no es nuevo. Hace 14 años, Leiva, en ese momento juez federal, imputó a Moneta -junto a otros diez ex directivos del Mendoza- por subversión económica agravada por asociación ilícita, y ordenó su captura.
El banquero nunca pudo ser encontrado en aquel momento y después, con argumentos defensivos y chicanas legales (como que la casa central del Banco Mendoza estaba en Capital Federal), la causa pasó a la Justicia Federal porteña y otro juez, Gustavo Litera, desestimando todo lo actuado en Mendoza, comenzó una nueva investigación que nunca llegó a ningún puerto, mientras que en ese tiempo, Carlos Liporace, un juez que subrogó a Litera temporalmente, en sólo 24 horas otorgó a Moneta la eximición de prisión.
Hoy, Moneta, internado por problemas de salud, no podría responder a las acusaciones, situación que no beneficia al resto de los que habían sido sobreseídos. Igual, la causa volverá a ser tratada por un juez federal, que deberá investigar todo el entuerto de préstamos, redescuentos y paraísos fiscales.
