La Corte exigió al Gobierno "medidas urgentes” para frenar el narcotráfico

La solicitud fue firmada por todos los miembros. El pedido, dirigido a los ministerios de Justicia, de Seguridad y extensivo al Consejo de la Magistratura, pide aplicar la medidas sugeridas por los jueces del Norte argentino.

La Corte exigió al Gobierno "medidas urgentes” para frenar el narcotráfico

La Corte Suprema de Justicia le solicitó hoy al Gobierno nacional y al Consejo de la Magistratura que "arbitren de modo urgente" las sugerencias realizadas por jueces federales de Salta, Jujuy y Tucumán para luchar contra el narcotráfico.
 
En su resolución, la Corte menciona la "extrema gravedad de las circunstancias denunciadas" vinculadas al aumento del tráfico de drogas en esas provincias.

La resolución, firmada por los siete jueces del máximo tribunal, solicita "al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en razón a la extrema gravedad a las circunstancias denunciadas, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas" por los jueces de esas provincias que hicieron llegar en presentaciones que fueron enviadas a los organismos.

La Corte ya había pedido el 31 de octubre pasado al Gobierno y al Consejo que intervengan, pero como no recibió respuesta volvió a reclamar la intervención de esos organismos.

A fines de octubre los jueces de la Cámara Federal de Salta -que tiene jurisdicción sobre Jujuy, Jorge Villada y Roberto Loutayf Ranea, y los magistrados federales de Tucumán, Daniel Bejas y Fernando Poviña, le hicieron llegar a la Corte un diagnóstico de la situación del narcotráfico y propuestas para combatirlo.

Los camaristas de Salta señalaron que esa frontera "está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía" y que existe la "presencia de miles de personas que se están radicando en la zona, dedicadas al tráfico de estupefacientes, contrabando y otras actividades ilícitas semejantes".

"Su extensa frontera es la gran puerta de entrada para la mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas), que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país", añadieron.

La Cámara de Salta advirtió que las causas por drogas crecieron un 84,64 por ciento de 2005 a 2012, mientras que los jueces de Tucumán señalaron el "constante incremento de las causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes".

En ese marco, describieron la falta de personal de fuerzas de seguridad y de organismos nacionales en las fronteras para combatir el tráfico de drogas.

Los jueces tucumanos pusieron como ejemplo que el área operativa de Inteligencia en Drogas y Crimen Organizado de la Policía Federal en esa provincia tiene solo cuatro miembros, por lo que entendieron como "indispensable el incremento de las fuerzas de seguridad".

La Cámara de Salta requirió más presencia en la frontera de personal de AFIP, Aduana, Migraciones, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeronáutica.

El mismo tribunal hizo referencia al lanzamiento, en 2009, del programa "Control Integral de Frontera" y al anuncio que en junio de 2011 hizo la presidenta Cristina Kirchner de la instalación de siete radares y la remodelación de otros 20.

"Resulta conveniente la pronta y total implementación de estas acciones anunciadas, en una frontera que está altamente desprotegida y sin controles suficientes a lo largo de su extensa geografía", pidieron los camaristas Villada y Loutayf Ranea, además de solicitar un escáner para cada paso fronterizo.

Otras dos problemáticas que señalaron los jueces de Salta y de Tucumán es la falta de personal, de cobertura de cargos de magistrados vacantes -algunos desde 2008 y 2009- y la situación de los presos.

"Se produjo una crisis del sistema carcelario cuya capacidad de alojamiento colapso", sostuvieron los camaristas salteños, y graficaron que en las cárceles federales de Salta y Jujuy hay capacidad para alojar a 850 personas y a junio del año pasado había 1021 detenidos y 44 con prisión domiciliaria.

Así, propusieron duplicar las plazas carcelarias, constituir alcaidías federales en las localidades de Orán y Tartagal y crear centros de rehabilitación.

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