La máxima Corte venezolana declaró inconstitucional el lunes a la noche una ley de amnistía aprobada por la oposición parlamentaria para liberar a sus dirigentes presos, acogiendo un pedido del presidente Nicolás Maduro, en un fallo que analistas estimaban previsible.
Cuatro días después de que Maduro sometiera la norma a un control de legalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su Sala Constitucional falló que viola la Carta Magna al incluir, por ejemplo, “delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos”.
El TSJ “declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016”, señala la sentencia, que se suma a otros fallos polémicos que eliminaron facultades de control del Parlamento, dominado por la oposición desde hace tres meses.
Algunas horas después de la publicación del fallo, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la decisión del TSJ, indicando que es “inapelable” y que debe acatarse.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia inapelable, declarando inconstitucional la ley que pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de estado desde 1999 al año 2015”, dijo Maduro durante un evento con sus seguidores en un barrio popular en el oeste de Caracas durante la noche del lunes.
En su larga sentencia, la Sala Constitucional aduce además vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que “vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción”, y “efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas”.
Maduro pidió la semana pasada al TSJ declarar la inconstitucionalidad de la ley advirtiendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.
Comisión de la verdad
Casi de inmediato, el diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento, dio por descontado que el instrumento sería declarado ilegal, reiterando su denuncia de que el TSJ es el “bufete jurídico” del gobierno.
“Ya sabemos qué dirán los tramposos del TSJ, que la ley de amnistía es inconstitucional”, previó Ramos Allup.
Con esa norma, la oposición buscaba liberar al menos a 76 de sus dirigentes presos, y que cesaran los procesos judiciales contra cientos de “perseguidos y exiliados políticos”.
Varias de esas personas están imputadas por hechos ocurridos en el marco de protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
El más reconocido de esos acusados es el líder radical Leopoldo López, sentenciado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante las manifestaciones. En la lista figuran además el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma (bajo arresto domiciliario) y el ex candidato presidencial Manuel Rosales.
En contrapartida de la amnistía, a favor de la cual se habían pronunciado Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro instaló ayer una “comisión de la verdad” con participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). “El objetivo central es la verdad, el reconocimiento y la reparación de la víctima, la garantía de la no repetición, ni de golpes de Estado, ni desórdenes públicos”, afirmó Maduro.
