La Corte decidirá sobre un juicio raro

La Suprema Corte provincial deberá decidir si los dos productores agrícolas que habrían golpeado y encerrado a dos trabajadores de prensa de Canal 7 deben ser juzgados o bien debe respetarse un acuerdo monetario al que arribaron los presuntos victimarios y víctimas para que el debate no se realizara.

Los productores de Los Corralitos Horacio y Antonio Isgró están imputados del delito de privación de la libertad y robo agravado por el uso de arma.

Pero el caso resulta muy interesante porque, de llegar a debate, se pondrán en juego los derechos de las partes: la propiedad privada (presuntamente invadida por los trabajadores de prensa) y el derecho informar (presuntamente cercenado por los productores agrícolas).

El 12 de noviembre, los jueces de la Tercera Cámara del Crimen (con los votos de Eduardo Martearena y Diego Lusverti, en tanto que Laura Guajardo votó en disidencia) se negaron a homologar un acuerdo entre los abogados del multimedios Uno (por los periodistas Julián Chabert y Raúl "Rulo" Salazar) y los defensores de los Isgró.

Estos mismos abogados presentaron esta semana una apelación a la decisión de los camaristas y el martes próximo, luego de que se venzan los plazos, el expediente pasará a la Suprema Corte, que decidirá la cuestión el año próximo, después que termine la feria judicial de verano.

Un acuerdo espinoso

El 29 de diciembre de 2012, Chabert y Salazar realizaban una nota sobre las condiciones inhumanas del trabajo rural en la zona de Los Corralitos y por eso llegaron hasta la finca de los Isgró, que queda en callejón Carrasco y Ruta 20.

Esperaban encontrarse con inspectores de la Subsecretaría de Trabajo, pero éstos todavía no habían llegado. Entrevistaban a una mujer cuando llegaron los dueños de la finca, presuntamente armados.

Isgró padre los habría insultado y amenazado y Chabert decidió llamar al 911. El chacarero le arrebató el teléfono pero no se apagó, por lo que la policía pudo escuchar la conversación.

Luego, los productores los amenazaron y los obligaron a entrar en una vivienda, donde había una mujer, y allí les dijeron que se desnudaran, les quitaron los teléfonos y los documentos. Luego la policía llegó para restablecer el orden.

La fiscal especial Claudia Ríos investigó el asunto e imputó a los Isgró.

El 10 de noviembre pasado, cuando se iba a realizar el debate correspondiente, los abogados de los implicados organizaron "una solución del conflicto, un acuerdo que iba a dejar sin efecto no sólo la demanda civil, sino la penal.

Chabert y Salazar iban a recibir 70.000 pesos para dejar sin efecto el debate.
 
El fiscal de Cámara Darío Tagua se mostró de acuerdo y presentó la idea a los camaristas, que terminaron rechazándola.

Los abogados cometieron un error: les entregaron cheques a los periodistas pero se "olvidaron" de la parte más débil: la mujer que también habría sufrido un encierro obligado.

Para los jueces resultó jurídicamente "repugnante" pensar que los abogados pretendieran arreglar con dinero delitos que incumben a toda la sociedad.