Es evidente que en el tema de corrupción no existe ningún avance en Mendoza. A los resultados me remito. La anomia política y judicial es notoria a pesar de los distintos discursos de las cabezas de poderes.
La falta de acción de los organismos que deben intervenir, sumada a una lentitud pasmosa de la Justicia, sólo conducen al descreimiento de los ciudadanos en las instituciones, que los lleva a pensar que somos incorregibles, y que pasa a ser natural que los funcionarios sean corruptos.
Valgan los ejemplos. La Legislatura sancionó la ley 8993 de “Ética Pública” en agosto de 2017 pero olvidó, en las herramientas que debe manejar el auditor, la regulación de la denuncia anónima. Ésta es un arma fundamental para combatir la corrupción, como ha quedado demostrado en la lucha contra el narcotráfico, en la renuncia de Gils Carbó, en la detención del "Pata" Medina, etc. Sin denuncia anónima sólo tendremos una institución light.
No sólo obviaron esta verdadera espada contra la corrupción, sino que permitieron una norma manifiestamente inconstitucional -art. 43 ley 8993-, como es dejar librada la vigencia de la ley a la voluntad del Gobernador. Si estoy equivocado que algún profesor de Derecho Constitucional me corrija.
El Poder Ejecutivo no se queda atrás: no sólo acepta este tipo irregular de vigencia de una ley como se explicó, sino que acompaña esta fantasía legal al no concretar la voluntad legislativa designando el auditor de una vez por todas, poniendo en funcionamiento este organismo.
Proclama que no hay corrupción en su gobierno, pero le recuerdo el concepto de corrupción usado por Transparencia Internacional: "La corrupción es el abuso de poder en beneficio privado". Todos los días salen notas periodísticas donde el PE critica el nombramiento de parientes en el Poder Judicial, pero es nutrida la designación de funcionarios parientes en los otros poderes.
Tratan de zafar actuando de esta manera: yo te nombro el tuyo, vos nombrás el mío. Esto no es nuevo, siempre existió en todos los gobiernos, pero no deja de ser irritante para la población y hace a la corruptela. El ejemplo top: el presidente de Diputados nombra a su esposa por resolución Nº 1512 /15 para manejar los fondos de la Cámara violando normas expresas, como es la obligación de excusarse prevista en el art. 116 inc. a) de la ley 3909 hoy 9003. Pero nadie dijo nada: ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de los órganos de control.
El Poder Judicial y su morosidad en resolver los temas de corrupción es pública y notoria. Si a ello le sumamos algunas incoherencias, como la acordada 26207 de 2014, donde la Suprema Corte se obliga a publicar las sentencias penales y, como puede constatarse, hasta la fecha no lo hace; o la falta de aplicación de la ley 7294 sobre magistrados subrogantes. O vemos el manejo raro y la cantidad de licencias totalmente de privilegio respecto al resto de la administración pública. Eso sí, se rasgan las vestiduras y condenan a una fiscal como chivo expiatorio; mucha hipocresía.
Quizás la respuesta a todo esto esté en un capítulo de un informe de la ONG Acción Civil para la Igualdad y la Justicia, que se hizo sobre la corrupción y transparencia en Mendoza al hablar del condicionamiento idiosincrásico.
"Ante el telón de fondo estructural reseñado, se despliega un condicionante idiosincrásico particular que afecta las posibilidades de implementación de cualquier plan de acción orientado a generar cambios estructurales. Este condicionante está dado por lo que hemos denominado como 'alta densidad personal de las relaciones entre los actores sociales': las personas que tienen alguna clase de participación pública (política partidaria y no partidaria, liderazgo comunitario, académico, etc.) constituyen un grupo muy reducido, estable, e incluso cerrado, que ha convivido a lo largo de décadas no sólo en la arena pública sino en el ámbito de vida personal en circunstancias sociales. En general se trata de personas del mismo ambiente socio-cultural y hasta familiar, y que comparten actividades sociales con frecuencia. Existe también una marcada tendencia a que ciertas familias permanezcan en la arena pública a lo largo de generaciones. Esta 'alta densidad personal en las relaciones' limita notablemente las alternativas posibles de acciones de los distintos actores relevantes. A diferencia de lo que ocurre en sociedades extensas, con grados relevantes de pluralidad, volatilidad y variación en las relaciones y situaciones de los actores políticos, en comunidades como las de la provincia que consideramos, los márgenes de libertad y autonomía con que pueden operar los actores son muchísimo menores. Los dirigentes sociales son amigos de los dirigentes políticos y todos permanecen e intercambian esos roles durante décadas. Los distintos dirigentes políticos provinciales -que conforman un grupo muy reducido de personas- permanecen en esa situación y dinámica durante décadas".
Cierro con una esperanza, como sucede muchas veces: como somos incapaces de generar con efectividad nuestros propios controles, existe la posibilidad de que organismos externos como Transparencia Internacional, su referente en Argentina Poder Ciudadano y alguna ONG local, empiecen a actuar en Mendoza, marcando la cancha a las instituciones que deben intervenir para avanzar contra la madre de los problemas argentinos: la corrupción.
