Corrupción: ¿justicia sólo para chivos expiatorios?

Ricardo Jaime, el ex secretario de Transportes de la Nación, acaba de ser procesado por enriquecimiento ilícito por el juez Sebastián Casanello. Hay que recordar que Jaime fue, durante toda la gestión de Néstor Kirchner y los dos primeros años de la primera presidencia de Cristina Fernández, el total responsable de los sistemas públicos de transporte en nuestro país. Muchos analistas destacan, con acierto, que cuando llegó a la función pública, en 2003, sus conocimientos sobre el sector para el cual fue nombrado eran prácticamente nulos, pero la amistad y la confianza hicieron que el extinto ex presidente le confiara tamaña responsabilidad.

Con los años, luego de observar el deterioro creciente del sistema ferroviario (uno de los medios de transporte más utilizados en la inmensa área metropolitana argentina), se llega a la conclusión de que poco y nada aprendió el ex funcionario, o que su intención no priorizó la perfección en la función pública sino, más bien, el mantenimiento deplorable de lo existente, en parte heredado de la década menemista, a cambio de un beneficio personal que resulta ahora casi imposible ocultar.

La situación judicial en la que se encuentra Jaime demuestra, justamente, que el ex funcionario habría tenido bastante habilidad e ingenio para hacer uso y abuso de los recursos estatales, generando suculentos beneficios que hizo extensivos a la estructura política del kirchnerismo y a sus propios testaferros, también puestos bajo la lupa del juez interviniente en el caso.

Por otros diversos asuntos oscuros de las gestiones kirchneristas mucho se identificó al juez Casanello con el poder político de turno en los últimos meses, pero en este asunto puntual debió priorizar la correcta labor como magistrado como resultado de una investigación que durante mucho tiempo encaró el fiscal Carlos Rívolo, quien llegó a la conclusión de que Jaime recibió gratificaciones de empresarios del transporte que condujeron al ex funcionario a disponer una criticable liviandad del Estado en el control de las concesiones que gozaban dichos empresarios.

Los aportes de la investigación para el procesamiento del ex funcionario cordobés no son de poca monta: bienes, propiedades y gastos documentados, otorgan un cariz condenatorio al destino de Jaime.

La ciudadanía debe seguir expectante el curso de esta acción judicial. El Gobierno nacional no sólo arrojó a Jaime como sospechado de la comisión de actos de corrupción en la función pública. El vicepresidente, Amado Boudou, encabeza una importante lista de hombres públicos que durante estos once años han utilizado el emblema del progresismo y el modelo político y económico "nacional y popular" para enmascarar sus intenciones delictivas en pos del beneficio patrimonial a costa del Estado, es decir, del dinero de cada uno de los argentinos.

Por eso, más allá de la importancia y trascendencia de que un hombre tan cercano al poder, como lo fue Jaime, se encuentre ahora sentado en el banquillo de los acusados y seriamente comprometido, es de desear que los jueces se atrevan a investigar a fondo cada hecho sospechoso de corrupción que vincule al poder, con el propósito de poner en marcha alguna vez la limpieza institucional que se necesita para que la Argentina crezca con sus recursos y el esfuerzo de cada uno de sus habitantes.

Sería de lamentar que Jaime fuera sólo un chivo expiatorio de los años de kirchnerismo, como María Julia Alsogaray, por citar un caso también emblemático, quien pasó a ser la cara desagradable de un menemismo que también abusó del poder sin miramientos.

Es hora de que los jueces honestos demuestren que son mayoría en el Poder Judicial y se lancen a operar para erradicar un mal de los argentinos: la corrupción enquistada.