Con apenas 34 años de edad, Pablo Ruz fue una sorprendente opción para el remplazo de Baltasar Garzón, el juez investigador más famoso de España, cuando Garzón fue suspendido por espionaje ilegal. Sin embargo, Ruz se convirtió rápidamente en una referencia familiar, guiando la investigación de pagos a políticos del Partido Popular que ahora amenaza al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy.
Para bien o para mal, el caso ha convertido a Ruz en el más reciente “juez estrella” de España. Pero, a medida que el caso se desarrolla lentamente, sacudiendo la política española con un flujo de filtraciones a los medios informativos de evidencia y testimonios de audiencias a puerta cerrada, ha revelado también lo que detractores y partidarios por igual del juez conceden que son los defectos del sistema de justicia español.
La opinión pública y políticos de todas las estirpes al parecer coinciden en que los tribunales del país están abrumados, son fácilmente politizados y propensos a debilitantes demoras, al tiempo que el rumbo de la historia se vuelve con demasiada frecuencia contra las personalidades y preferencias de jueces con una carga de trabajo enormemente abrumadora.
Los tribunales de España han sido inundados con unos 800 casos de corrupción desde que empezó la crisis financiera en 2008, en tanto algunos de los casos van enfocados a instituciones otrora intocables, incluida la familia real. La importancia y magnitud de los casos es tal que los jueces, -quienes toman la delantera en investigaciones en España, en vez de los fiscales- actualmente parecen opacar a los políticos con frecuencia como quienes toman decisiones de mayor importancia en el país.
“España sufre de una politización de la justicia y una judicialización de la política”, opina Antonio Garrigues, el presidente de Garrigues, uno de los mayores despachos de abogados en España. Los medios informativos, agregó, traen “escándalo y el tipo de clima sumamente apasionado en el cual se vuelve casi imposible alcanzar veredictos justos y correctos”.
O cualquier veredicto, como a menudo parece. Tan sólo un puñado de los 800 casos de corrupción ha resultado en condenas o alcanzado conclusión alguna hasta la fecha. La mayoría languidece durante años.
“Los tribunales españoles sencillamente no están preparados y no tienen los medios para lidiar con el tipo y cantidad de casos que hemos estado viendo en fechas recientes”, afirma Joaquim Bosch, magistrado que también es el portavoz nacional de Jueces por Democracia, asociación que busca mejorar el Poder Judicial de España.
Bosch estimó que la carga de casos había crecido de dos a tres veces a lo largo de los últimos cinco años de proliferación de escándalos, dejando a las cortes (especializadas en casos de corrupción financiera o política) “al borde del colapso”.
En el interín, el Poder Judicial ha acumulado una carga de más de 3 millones de quejas pendientes, pesada carga que los jueces prevén que crezca con los recortes presupuestarios del Gobierno. En febrero, más de 2.000 jueces y magistrados efectuaron una huelga de un día para protestar por el deterioro de las condiciones laborales.
Debido a ese tipo de demoras, persistentes filtraciones y una considerable cantidad de sus propios escándalos, los tribunales de España son vistos con recelo popular que está casi a la par de los índices de aprobación históricamente bajos de políticos marcados por la corrupción.
En una encuesta conducida para el diario El País, 92% de 1.000 personas encuestadas por teléfono en enero accedieron a que la lentitud de las cortes dificultaba el combate de la corrupción.
“España enfrenta actualmente la mayor carga de trabajo judicial en Europa”, afirma el magistrado José Luis González Armengol, juez decano de la principal corte regional de Madrid. “Sin embargo, nuestros recursos, para mala fortuna, son demasiado limitados para entregar lo que se espera”.
En julio, Ruz fue criticado después de que Luis Bárcenas, el ex tesorero de quien se sospecha que opera un fondo discrecional del Partido Popular, apareció en una audiencia a puerta cerrada. Los medios noticiosos de España empezaron a filtrar testimonios antes de que siquiera fueran completados. El juez no ha dado entrevistas, en tanto la corte nacional dijo que no estaba disponible para comentarios.
Ruz no es el único juez cuyos procedimientos han alterado a la élite del país. El juez José Castro, de la corte en Palma de Mallorca, ha sido el motor de una investigación sobre si el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, malversó millones de dólares de contratos deportivos recibidos de políticos regionales.
En fecha reciente, Vicente Martínez Pujalte, legislador del Partido Popular, denunció a Castro de buscar “protagonismo personal”. Como tal, agregó: “Tengo la impresión de que lo que él quiere no es cerrar el caso sino que lo prolongue”.
Si bien los jueces se irritan ante ese tipo de comentarios, muchos efectivamente poseen el poder de estancar o acelerar casos, y de decidir justamente hasta qué grado se conducen las investigaciones. Cuando se trata de las muchas y retorcidas variedades de corrupción que han dominado las cortes españolas últimamente, pueden necesitarse años para desenmarañar los casos más complejos.
El caso de Ruz, por ejemplo, surgió a partir de lo que a todas luces era una mundana investigación por desvío de recursos lanzada en 2009 por su predecesor, Garzón, sobre alegatos de sobornos a políticos regionales del Partido Popular. Pocos prevén una resolución antes del final programado del mandato de Rajoy en 2015 y la siguiente elección.
Ese tipo de demoras han alimentado el desencanto popular. Sin embargo, magistrados como Bosch argumentan que el obstruccionismo del gobierno y la defectuosa cooperación policial, en vez de los jueces con una carga laboral excesiva, deberían soportar la mayor parte de la responsabilidad por la lenta mano de la Justicia.
“Es cierto que los casos por corrupción pueden durar 10 años, pero si los políticos están entre los sospechosos, pueden tener la certeza de que no proporcionarán al Poder Judicial los recursos y el respaldo popular para trabajar de manera eficiente”, dice Bosch.
El gobierno de Rajoy está preparando una reforma judicial que cambiaría el balance de poder dentro de los tribunales y pondría de nuevo a los fiscales en el principal papel investigador.
Esta reforma resultaría en “un sistema más similar al anglosajón, más razonable y preferido normalmente por abogados”, opina Gonzalo Ulloa, el presidente de Gómez-Acebo & Pombo, prominente despacho legal de España.
Pero, dadas sus complicaciones en las cortes, no se confía de manera uniforme en el impulso del cambio proveniente del gobierno de Rajoy. “Todas las reformas que estamos viendo giran en torno a incrementar el control político sobre el Poder Judicial, lo cual va en contra del principio de la división de poderes y es particularmente peligroso en una época en que muchísimos casos involucran corrupción política”, dijo González Armengol, de la máxima corte de Madrid.
La reorganización, con todo, podría reducir la carga laboral de jueces como Ruz quien, como designado provisional, tenía programado regresar de la corte nacional a un juzgado en un suburbio de Madrid. Pero, dada la importancia del caso, Ruz aseguró una extensión de su mandato este mes, volviendo probable que él siga encabezando el caso hasta que llegue a un veredicto, sin consideración a cuánto tiempo pudiera tomar eso.
“El juez Ruz es un gran profesional”, declaró su expulsado predecesor, Garzón, a El País en mayo. “Sin embargo, me irrita que los casos de corrupción sean demorados eternamente”.
