Lo que lograron varios periodistas que se unieron y trabajaron juntos, ha sido publicado para nuestro estupor, en lo que se ha dado en llamar Panama Papers, o sea, una lista de empresas fundadas en paraísos fiscales, muchas de las cuales sólo se utilizan para el lavado de dinero.
Dentro de esta corrupción, contra la cual deberemos encolumnarnos todos los ciudadanos, está el denunciar a los políticos que se valen de la función pública para enriquecerse indebidamente.
Solo así lograremos que los bienes y el dinero público se usen para dar servicios a los ciudadanos y no sea apropiado por los corruptos -y sus testaferros o beneficiarios- para llenar sus bolsillos o el de sus amigos o parientes.
La corrupción genera un daño muy grave, tanto en el orden económico como moral y además mata porque, en vez de usarse los dineros para mejorar los caminos, renovar el material ferroviario o señalizar mejores las rutas, al no invertirse en ésas y otras materias los accidentes están a la orden del día.
Pese a que deseo ser optimista, muchas veces me gana el pesimismo, toda vez que las leyes necesarias, como la “del arrepentido en los casos de corrupción” o la de “asociación ilícita”, deben ser aprobadas por diputados y senadores, muchos de los cuales -ahora nos enteramos - han sido corruptos, han estado en el lavado de dinero o se han enriquecido mediante “coimas” mientras detentaban la función pública.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada el 31 de octubre de 2003, indica en su primer artículo cuál es la finalidad: promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.
También se refiere a la recuperación de activos y a la obligación de rendir cuentas.
Claro que para lograr todo esto se requiere una Justicia independiente del poder político y jueces probos y valientes que no acepten presiones ni se aferren a sus cargos y sueldos, aceptando cualquier orden del gobierno.
Por eso digo que muchas veces dejo de lado el optimismo, porque en mis muchos años de vida, más de una vez me he desilusionado al ver que los juicios se “cajonean” o duran años y años, convirtiendo en verdad aquello de que justicia lenta, no es justicia.
Esperemos que el nuevo gobierno no permita que esto siga ocurriendo y que nuestros gobernantes actuales puedan darnos la seguridad de que lucharán contra la corrupción, a fin de lograr que nuestros funcionarios públicos trabajen para el pueblo y no contra él a través de los manejos corruptos del erario público.
Osvaldo Enrique Arriaga
DNI 6.800.735
