A raíz de la aparición de los famosos cuadernos de la corrupción, muchos empresarios han aparecido implicados en el pago de coimas o sobornos, por los relatos escritos por un chofer. Estos empresarios o altos ejecutivos de empresas comandaban compañías concesionarias de obras públicas, muchas de las cuales han contratado con el actual gobierno por precios muy menores a los que contrataban con el gobierno anterior.
Muchos empresarios y altos ejecutivos de empresas se han presentado ante la Justicia Federal aceptando haber cometido un delito, auto inculpándose y comprometiéndose a dar información que revele nuevos nombres de personas y situaciones para esclarecer el mecanismo de este proceso calificado como una asociación ilícita.
Al haberse destapado esta cadena de hechos, por la confesión de los mismos autores, ha surgido un gran malestar de la sociedad y una suerte de enemistad hacia el sector empresario, sin distinción. No obstante, estos hechos revelados pertenecen a un sector de empresarios contratistas de obras públicas, pero no a todos.
Desde muchos sectores, sobre todo financieros, han surgido temores acerca de que el gobierno pudiera cancelar contratos actualmente vigentes de estas empresas o las consecuencias sobre una virtual paralización de obras ya que las empresas no contarían con el financiamiento necesario para seguir adelante.
Han surgido voces pidiendo que se excluya a las empresas de los sectores autorizados para contratar con el Estado y que se castigue a los empresarios involucrados.
La circunstancia es de gran complejidad ya que estamos frente a una investigación pero con confesiones claras de ejecutivos y dueños de empresas.
Pero esta aceptación de la comisión de delitos debería circunscribirse a las personas físicas, aunque sea el dueño o el Presidente de una empresa, y separarlo de la misma.
Las empresas son personas jurídicas distintas a las personas físicas que ocupan cargos de dirección y pueden haber sido los que tomaron decisiones que implicaba la comisión de un delito. En estos casos, es necesario diferenciar al ejecutivo de los dueños del capital social de la compañía involucrada por quienes la gestionaban.
Con respecto a lo que está ocurriendo, hay que tener en cuenta, como ya dijimos, que algunas de las empresas cuyos ejecutivos o directivos han sido involucrados por hechos anteriores a 2016 han ganado luego licitaciones bajo un sistema mucho más transparente. Muchas de estas, actualmente, están ejecutando obras o asumiendo la prestación o concesión de servicios cuya realidad no está siendo cuestionada.
Lo importante es preservar el capital societario para que las contrataciones del Estado hechas en los últimos tres años no caigan y terminen perjudicando al Estado, a la sociedad y a los miles de trabajadores honestos que se desempeñan en las compañías que aparecen involucradas en las denuncias.
Estos son momentos en que debe primar la serenidad a efectos de separar debidamente las responsabilidades. Aquellos que han aceptado la comisión de delitos, amparándose en la figura del "arrepentido", quizás tengan que afrontar otras penalidades conexas, aunque puedan zafar de la asociación ilícita.
Pero no debe caerse en una cacería de brujas, mezclando a todos los empresarios, los ejecutivos y las empresas bajo un mismo rótulo, porque se estaría cometiendo una enorme injusticia. Los empresarios, y las empresas, que no tiene ninguna vinculación cumplen una importante tarea en la sociedad ya que son los que invierten, arriesgan, crean trabajo y pagan impuestos. En definitiva, son los que crean riquezas genuinas.
