Sociedad
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hace 6 horas
Desde las PASO, ocho presos vinculados con el kirchnerismo quedaron libres en distintas causas, por fraude, coimas, lavado y hasta crímenes de la dictadura: Cristóbal López, Fabián De Sousa, Gerardo Ferreyra, César Milani, Fernando Esteche, Oscar Thomas, Carlos Cortes y Carlos Kirchner. El oficialismo aprovechó políticamente esa seguidilla de excarcelaciones para alertar a los electores sobre el "regreso de la impunidad", si la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner triunfa dentro de tres domingos.
El presidente Mauricio Macri salió este viernes a decir que "lo grave es que creemos que en el país no hay impunidad" y sostuvo que "la Justicia, como poder independiente, tiene que estar al servicio de la comunidad".
"No tenemos claridad en la independencia de poderes y el respeto de la ley", aseveró el mandatario y enfatizó que en ese sentido que "la política pesa" sobre los tribunales y sus decisiones.
En diálogo con una radio de Salta —provincia a la que irá este sábado en el marco de su peregrinación proselitista "Sí, se puede"—, Macri subrayó su compromiso de "dar todas las herramientas" a la Justicia para que se desempeñe con "independencia".
El jefe de Estado, y candidato a la reelección por el frente Juntos por el Cambio, formuló estas declaraciones un día después de que sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Justicia, Germán Garavano, presentaron un proyecto de ley "contra la mentira" en los procesos judiciales.
La iniciativa crea la figura del perjurio y busca penalizar "a toda persona que sea parte de un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo e incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad". Es decir, que mienta.
"Este es un proyecto que seguramente va a dar debate. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La interpretación que se ha hecho y esto es lo que pasa hoy en las indagatorias de nuestro país, es que las personas pueden mentir", manifestó Bullrich.
En ese sentido, sostuvo: "Defendemos la idea de que la verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial".
Garavano, por su parte, admitió que "es una iniciativa que va a generar discusiones que van a ser muy valiosas", y destacó que "es importante en términos de valores y va de la mano de los procesos orales porque al tener cara a cara al juez y a la otra parte, es difícil mentir". "Este proyecto impulsa un cambio cultural para resolver los conflictos en serio", sostuvo el ministro.
Querellas sin corte
En ese marco, el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López presentó un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal Federal a fin de establecer la "prohibición de desistimiento" por parte del Estado de continuar querellando "en los casos de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o en aquellos que hayan intervenido funcionarios públicos".
El diputado "lilito" propuso que los organismos que hayan intervenido como querellantes en el proceso "no podrán desistir expresa ni tácitamente de dicha intervención".
Según voceros del partido que lidera Elisa Carrió, la intención es que "en caso de que haya un cambio de gobierno, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) continúen siendo querellantes en causas por corrupción anteriores a 2016".
Para el caso de la UIF, el proyecto indicó que "alcanzará con el desistimiento motivado y por escrito de quien sea el/la titular de dicha dependencia".
Propone también una cláusula para "asegurar que el desistimiento en dichos casos no pueda ser tácito, estableciendo que antes de dar por decaído el derecho de querella el juez deberá notificar a la entidad pública a efectos de que acompañe el desistimiento por escrito y motivado de la máxima autoridad". Sobre las causas que lleva la OA, el proyecto dice que "no puedan dejar de ser querellantes por alguna razón poco clara".
Sin actividad
A pesar de las propuestas de los funcionarios y del diputado del partido de Carrió, el Congreso está paralizado debido a la campaña electoral y nada parece indicar que vayan a tratarse antes del 27 de octubre y probablemente tampoco después de esa fecha.
En el Congreso hay una innumerable cantidad de propuestas que están pendientes de discusión. En Diputados, la ley de góndolas; el régimen penal juvenil (con la baja de imputabilidad de 16 a 15 años); la ley antibarrabravas; la instauración del juicio en ausencia de los acusados; el aumento de penas al maltrato animal, y la imposibilidad de que los condenados por delitos corrupción puedan ser candidatos (ficha limpia), entre otras.
En el Senado hay otros asuntos pendientes, como el tratamiento de pliego de Marisa Graham como defensora del Niño de la Nación; el régimen de traspaso de mando presidencial y la reforma del Código Penal, que, aunque ya empezó a debatirse en comisiones pero sólo con reuniones de carácter informativo y en las que suele no haber quórum debido a la reiterada ausencia de senadores.
