Un importante capítulo de la causa de los cuadernos de la corrupción se definirá en la Cámara Federal porteña, que deberá decidir sobre varios pedidos de excarcelaciones, como también la recusación planteada contra el juez Claudio Bonadio por parte de Cristina Kirchner. Por otro lado, comienza la cuenta regresiva para que se defina la situación de todos los investigados, entre los que se encuentra la ex presidenta.
Y en paralelo, el magistrado tiene que decidir si homologa el acuerdo de José López y Ernesto Clarens como imputados colaboradores. Se trata de dos de los "arrepentidos" más importantes que tendría la causa: el ex secretario de Obras Públicas que ya aceptó que manejó fondos millonarios en sobornos, y el empresario que fue cerebro financiero para lavar y blanquear esa plata con los Kirchner.
Después de las audiencias celebradas la semana pasada en la Cámara Federal, en los próximos días los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun deberán resolver si avalan la decisión del juez Bonadio sobre la detención de algunos de los acusados en el expediente.
Entre los que solicitaron su excarcelación se encuentran Walter Fagyas, ex titular de Enarsa; el empresario Carlos Mundin y Rafael Llorens, ex asesor del Ministerio de Planificación.
Como plazos ordenatorios, los camaristas tienen cinco días hábiles para resolver teniendo en cuenta que está en discusión la libertad de las personas.
Los detenidos están imputados como partícipes necesarios de la asociación ilícita que se dedicó a "recaudar fondos ilegales" para el enriquecimiento ilícito de sus principales responsables. Estos son, según el fiscal Carlos Stornelli, Cristina Kirchner en su rol de jefa, Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores.
Además, la Cámara debe expedirse sobre los pedidos de Cristina Kirchner. El primero de ellos, es la recusación formulada contra Bonadio y el fiscal Stornelli.
En este punto la ex presidenta sostuvo que no deben continuar frente a la investigación, ya que la misma "fue instruida sin el correspondiente sorteo" y manifestó que se pone de manifiesto el temor de parcialidad. Planteo similar realizó Oscar Parrilli, sin éxito, ya que el juez Bruglia confirmó a Bonadio frente a la causa de los cuadernos de las coimas.
No fue el único planteo de la senadora de Unidad Ciudadana. Pidió asimismo, la nulidad del expediente que la tiene imputada como jefa de una asociación ilícita que habría movido unos 200 millones de dólares en sobornos cobrados a empresas de la construcción y del sector energético.
Con 14 personas detenidas, una docena de “arrepentidos”, y más de 30 imputados, y mientras el Tribunal de Alzada resuelve estos incidentes, el juez Bonadio debe decidir si acepta como imputado colaborador al financista Clarens quien aportó a la causa.
Javier Fernández pidió licencia
Javier Fernández, histórico operador judicial del kirchnerismo, pidió una licencia de dos meses en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se desempeña como director.
Fernández, que declaró hace dos semanas como imputado en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”, presentó una carta con una copia de un certificado médico alegando que padece un “síndrome de estrés post traumático”.
“El doctor Fernández, en una atentado de 2011 comenzó a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico y ha tenido una recaída relacionada a la tramitación de esta causa”, aseguró este lunes su abogado, Domingo Montanaro, en diálogo radial. “En razón de ello es que necesita guardar reposo y tener atención médica y exige no tener las tareas habituales que demandan en la AGN”, agregó.
En el marco de la causa desatada a raíz de las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, número dos del ex ministro Julio De Vido.
Hubo 170 llamados para denunciar dónde está la plata
Unas 170 personas se comunicaron con el Ministerio de Seguridad de la Nación entre el viernes y ayer para aportar datos sobre dónde hay dinero y propiedades que habrían salido de hechos de corrupción del Gobierno kirchnerista entre 2003 y 2015, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A través de una resolución del Ministerio de Seguridad, el Gobierno decidió el jueves de la semana pasada ofrecer una recompensa de hasta $ 2 millones a quienes aporten datos que sirvan para recuperar dinero que haya sido obtenido de hecho de corrupción a nivel nacional.
“El resultado ha sido muy positivo. Tengo el corte de los dos primeros días: hubo 170 llamadas efectivas, de las cuales unas 30 ya fueron a la fiscalía de Carlos Stornelli. Todas tienen un previo análisis. Se hace estudio y se trabaja en equipo con la fiscalía”, dijo la funcionaria en declaraciones a radio La Red.
Bullrich explicó que las personas que llaman aportan datos, lugares, mecanismos, precisiones sobre bienes y lugares en los que podría estar la plata.
“Denuncian porque quieren ayudar a la causa y al país. Es importante que hagan las denuncias. Ahora hay que analizar (las denuncias)”, expresó.
