En su última protesta en las calles, el 18 de este mes, la ciudadanía argentina no sólo volvió a expresarse contra políticas puntuales del presente gobierno nacional, sino que hizo oír su enérgico reclamo por decisiones, gestos y actitudes de las actuales autoridades que tienden a poner en riesgo la vida democrática y, como consecuencia de ello, la libertad y el bienestar de cada uno de los argentinos, sin distinción de niveles socioeconómicos.
Fue ésta una de las características diferenciadoras en parte entre el último cacerolazo y los dos anteriores, de setiembre y noviembre del año pasado.
La gente ha comprendido que no sólo se debe apuntar con la queja contra los problemas por asuntos coyunturales, que están y que aportan al malhumor social. De nada valdrá detenerse a reclamar por la inflación, el deterioro que genera la inestabilidad cambiaria, el drama de la inseguridad o las falencias cada vez más notorias en los servicios básicos que debe garantizar el Estado, por citar los problemas cotidianos de los argentinos, si no se advierte antes que la estrategia de perpetuidad del oficialismo nos lleva a la sistemática destrucción de los principios de sustentación de la República a través de acciones como las que nos han tocado presenciar en los últimos días.
Precisamente, en el llamado 18A la ciudadanía, movilizada como nunca se había visto antes en muchísimos puntos del país, pidió que cese la corrupción y defendió enérgicamente a la Justicia argentina, hoy vapuleada por los proyectos contenidos en la reforma “democratizadora” que ideó el gobierno de Cristina Kirchner y que están a punto de finalizar su vergonzoso trámite en el Congreso.
La gente comienza a entender que la corruptela enquistada en el poder es la que termina debilitando todo el andamiaje estatal que debe estar al servicio de cada uno de los habitantes de este país.
La gente también comienza a entender que las reformas al funcionamiento judicial introducidas prepotentemente por el kirchnerismo, como ya se ha dicho más de una vez, no son sólo una cuestión de discusión y abordaje entre políticos, jueces y abogados.
Precisamente, de lo que se trata es de entender que una justicia abarrotada de jueces elegidos por consejeros representantes de mayorías políticas circunstanciales terminará perjudicando al ciudadano común, que no podrá respaldarse en sus magistrados cuando reclame ante éstos por sus derechos violentados desde el Estado.
Se debe entender que una Justicia con más instancias de apelación y con restricciones a las acciones que se interpongan ante el Estado sólo servirá para proteger aún más esa corrupción enquistada en la función pública argentina, dilatando en el tiempo las decisiones tendientes a hacer justicia con los que delinquen en el ejercicio de la función pública.
Y también con todo el resto de los delincuentes. Porque la corrupción por arriba y la inseguridad por abajo son las dos caras de una misma moneda.
