El Grupo Macri, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, negó el miércoles que hayan existido irregularidades en el acuerdo alcanzado con su gobierno para pagar una deuda contraída en 2001, que fue calificado por una fiscal como una "condonación".
Jaime Cibils Robirosa, presidente de la empresa Correo Argentino, presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la que defiende el acuerdo y señala que la fiscal Gabriela Boquín, quien cuestionó los detalles del arreglo, hizo un "llamativo y espurio manejo de las cifras".
Boquín concluyó el jueves que el acuerdo del gobierno con el poderoso Grupo Macri es "equiparable a una condonación del 98% de la deuda" y que "debe considerarse abusiva".
"La señora fiscal no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso y que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna", afirmó el Grupo Macri en la presentación.
La deuda era de 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares) en 2001, cuando el Correo declaró su quiebra.
También acusó a la fiscalía de "confundir a la opinión pública" con respecto a la quita de deuda por parte del Estado.
La empresa Correo Argentino S.A. hizo severas críticas el dictamen elaborado por la fiscal general ante la Cámara Comercial por la "exorbitancia de las inexactitudes" que contiene, "el llamativo y espurio manejo de las cifras y la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas".
Ahora el acuerdo omite actualizar el monto pese a que la inflación desde entonces fue de 700%. Se pagaría en cuotas al 7% anual de interés hasta 2033, una tasa muy por debajo de lo que cobra cualquier banco argentino.
Sin embargo, para el Correo Argentino "la propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo".
Mientras tanto, diputados opositores pidieron interpelar en el Congreso al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Sin embargo, entre los legisladores presentes no llegaron reunir el voto de tres cuartas partes requerido para conseguir su cometido.
La Cámara Federal deberá decidir la legalidad del acuerdo. El Correo fue concecionado en 1997, cuando prevalecía la política de privatizaciones del gobierno peronista de derecha de Carlos Menem (1989-99).
El padre del presidente argentino repartió las acciones de la empresa entre sus tres hijos.