Una democracia republicana se apoya en las instituciones creadas a lo largo de muchas generaciones para equilibrar cualquier exceso de poder. De todas ellas, la máxima institución de una República es su Constitución, en la cual se encierran los valores fundamentales de la creación del Estado y la Nación y los preceptos por los cuales los constituyentes, en tanto gestores de la Carta Magna, decidieron cómo debía manejarse la cosa pública para que se ponga al servicio de toda la sociedad. Los instrumentos y los fines, los propósitos y las metas de este sistema político se encuentran en esta Carta Fundacional.
Según la definición clásica “una institución es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo que cumple con una función de interés público”.
Vale decir, la institución es una organización creada para servir al bien público, al bienestar general, a la sociedad y sus integrantes.
Frente a tal concepto, aparece otro que en principio, si no somos cuidadosos, pueden llegar a confundirse como si se tratara de sinónimos, o casi. Hablamos de la palabra “corporación”, con la cual a veces se pretende decir lo mismo, aunque en los hechos se trata de algo muy diferente.
Una corporación es una entidad, una organización gestada para defender los intereses de los miembros que la componen. Sus metas pueden o no ser de bien público, pueden ser lucrativas o no, pero lo fundamental es que los beneficios de ella miran hacia adentro, no hacia afuera.
Tal distinción es fundamental, porque cuando una institución deviene una corporación, deja de tener como prioridad el bien público de la sociedad que existe fuera de ella, para ubicar en primer término a los componentes internos de la estructura organizativa.
Este breve análisis conceptual sirve para adentrarnos en el análisis sociopolítico del funcionamiento de la sociedad argentina, donde tamaña confusión entre los dos conceptos es materia corriente, y de allí surgen muchas desviaciones en las conductas sensatas de la comunidad, en particular de sus sectores dirigenciales.
Es muy común hablar en el buen sentido de corporación cuando el término refiere a la actividad empresaria, el lugar donde más se lo usa explícitamente. Eso es porque en la empresa es donde está más claro que el fin de ella es el beneficio económico, el lucro de quienes la componen y es a partir del mismo que producen un bien social.
Pero, en las actividades públicas debería ser al revés: el principal motivo de su existencia corresponde que sea el bien público y no el beneficio de los encargados de administrarla o conducirla.
Sin embargo, hay algo peor, algo que une para mal a la actividad empresaria privada con la actividad pública: ocurre cuando no sólo se piensa primero en el interés de los miembros internos de la organización, sino que ese interés deviene opuesto, contradictorio tanto en relación al bien social que debe prestar la empresa como al bien público al que debe servir una institución.
Cuando se habla de corporación política, de corporación judicial o de corporación sindical, entre tantas otras, la referencia lleva al momento en que las instituciones públicas se dedican a defender los intereses sectoriales de las personas que las integran, aún cuando ellos perjudiquen los intereses colectivos de la sociedad a la que deberían representar.
De ese modo, cuando los políticos devienen una casta o una clase, o cuando los jueces se separan del resto de la comunidad, o cuando los sindicatos se ponen al servicio de los jefes y no de los trabajadores, o incluso cuando las autoridades universitarias invocan la autonomía no para limitar la intromisión de otros poderes en la institución académica, sino para aislarse del resto de la sociedad... En todos esos casos las instituciones se han convertido en corporaciones y han perdido su razón de fondo para devenir un partido o un facción.
En síntesis, el punto de partida de una reconstrucción en serio de la sociedad argentina pasa por recuperar el valor de sus instituciones eliminando los aspectos corporativos que las tienen políticamente enfermas.
