Aunque ya estamos en la cresta de la ola frente a la grave situación sanitaria nacional que vivimos, y no se pueden remediar errores del pasado en materia habitacional, esta pandemia nos tiene que poner, a partir de ahora, en la misión de producir viviendas asequibles a todos los hogares.
Es un imperativo mejorar la forma de vida de miles de familias que habitan en barrios de emergencia o asentamientos, y porque ahora, tardíamente, advertimos que muchos de esos grupos tienen severos inconvenientes de cumplir el apartamiento social que solicitan las autoridades, asesorados por el comité de médicos y científicos.
Esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de agilizar y dar pronta solución a las familias que habitan esos lugares, precarios por los escasos servicios y donde los techos no permiten una convivencia sin hacinamiento a grupos integrados por varias personas, algunas muy chicas en edad y otras, adultos mayores.
De haber tenido este segmento importante de la población hogares con infraestructura básica y con las mínimas prestaciones, el buen pedido de quedarse en casa se hubiera podido cumplir mejor.
Hemos dicho en otras entregas de esta columna editorial que el Covid-19 ha encontrado a la Argentina y a la provincia en materia urbano-habitacional con muchos baches, aunque tampoco podríamos decir que la realidad nacional en este aspecto sea la peor de América Latina.
Los especialistas en la materia sostienen que el déficit habitacional sigue rondando un poco más de 3 millones de hogares en el país, esto es un 30% de la población.
En Mendoza esa deuda se encuentra en el orden de las 70.000 unidades.
En la interpretación del especialista Eduardo Reese, referente de las políticas y el desarrollo urbano en la Argentina, ese déficit significa que 70% de familias viven en situación de precariedad solucionable, es decir, que no necesitan una vivienda nueva y un 30% sí requiere nuevas unidades de costos accesibles a los ingresos de los distintos estratos sociales carenciados.
Debe aclararse que ésta era la situación antes de la propagación del peligroso y desconocido patógeno, y que debido a la irrupción de la enfermedad que tiene en vilo al planeta, se ha planteado una cuestión trascendente: una de las medidas más relevantes para cuidar la salud de las personas pasa en gran medida por la disponibilidad de una vivienda apta.
Y no sólo tener el techo sino que el aislamiento impone que los inmuebles posean las comodidades y habitabilidad que no disponen muchas viviendas precarias de villas inestables.
La crisis nos ha tomado en la provincia y en el país, especialmente en el gran conurbano bonaerense, con un elevado número de barriadas carentes de los servicios indispensables.
Las condiciones de habitabilidad no son bajo ningún aspecto adecuadas.
La realidad sanitaria actual, y siempre siguiendo el razonamiento del ya nombrado arquitecto Reese, nos lleva a puntos muy antiguos del papel del hábitat porque, aunque parezca mentira, el país y sus estructuras de gobierno han necesitado una epidemia para ponerlo dramáticamente arriba de la mesa.
Alertando sobre la gravedad de tal situación habitacional, los ámbitos académicos y las organizaciones de la sociedad civil abocadas al desarrollo del hábitat social, están proponiendo, a los gobiernos nacional y de las provincias, acciones que lleven pronta respuesta a las carencias de los barrios populares.
Medidas que incluyan la dotación de agua potable y otras dirigidas al control sanitario de los hogares.
Quedará, a continuación, la puesta en marcha de proyectos de mejoras de mayor complejidad conducentes a la reconversión de los espacios-residencias informales.
