“Venimos casi al cien por ciento. Cuando completamos el total, él te manda otra”, dicen en el oficialismo al referirse al ritmo que le imprimió el gobernador, Alfredo Cornejo, a la Legislatura. El poco más de medio año que pasó dejó un saldo más que positivo para el radical en materia leyes: sacó 18 de las 20 leyes que envió. Y todas, en tiempo récord. Al total, se suman dos que logró antes de la asunción, en la extensa transición.
Este marco normativo con el que Cornejo transitó medio año incluye cinco pedidos de endeudamiento, que suman $ 13.420 millones (contando la nueva cárcel, aún en discusión). A su vez, hubo tres aumentos que se dieron por decretos y que ratificó la Legislatura, siete leyes en materia de Seguridad y dos en Salud.
También declaró el estado de emergencia en tres áreas y nombró, con amplio consenso, a ocho magistrados, además del director general de Escuelas y de la OSEP.
Todo esto podría pensarse que es gracias a la cantidad de legisladores propios que tiene en ambas cámaras, entre radicales y aliados (PD, Pro, Libres del Sur y Frente Renovador). Pero también hay que destacar que la mayoría de las leyes, más allá de las críticas que pudo haber, salieron con el acuerdo del Frente para la Victoria (FpV), la principal fuerza de oposición en la Legislatura.
Seguridad, la clave
El tema sensible es sin duda la inseguridad y a esta problemática apuntan la mayoría de las leyes que logró Cornejo. En campaña había prometido agilizar los procesos judiciales y profesionalizar la Policía.
En orden, las primeras medidas sancionadas fueron la declaración en Mendoza de la emergencia por seis meses y la adhesión a la misma medida nacional. La primera prevé, como aspecto sobresaliente, un endeudamiento para reacondicionar las cárceles, además de comprar vehículos y equipamiento en general a través del mecanismo de la contratación directa.
Otra norma que consiguió a fines de marzo fue la modificación de la ley orgánica de Policía (6.722). Este cambio a la norma que nació luego de la revuelta policial de 1998 y como resultado de un acuerdo político, endureció las condiciones de ingreso a la fuerza de seguridad y creó la figura del policía a prueba, que consiste en una especie de pasantía que ratificará o no el estado policial.
Además de estas normas, los cambios siguieron y el tema sensible se instaló como su principal anuncio el 1° de Mayo en la Asamblea Legislativa, cuando el Gobernador dijo que endurecería las prisiones preventivas, con la intención de eliminar la “puerta giratoria”. El proyecto anunciado implicó modificar el Código Procesal Penal.
El texto estuvo un mes bajo análisis de los legisladores y en la búsqueda de acuerdos políticos, hasta transformarse en ley. Con la nueva norma, se pretendió reducir el margen de interpretación de los jueces a la hora de decidir si un sospechoso esperaba su juicio en libertad o en la cárcel, además de establecer nuevos plazos. También incorpora una modalidad de audiencia en la que la víctima puede participar en el proceso de dictado de la preventiva.
En mayo, también se sancionó la creación de un registro de libertad provisional y cuerpo de asistencia, con la intención de monitorear a aquellos que logran salir de la cárcel bajo alguna consideración y agilizar las actualización de los estados.
El mes pasado también vio la luz una modificación que, de todas, fue la que más oposición produjo: la reforma del Inspección General de Seguridad (IGS). El cambio supuso reducir la participación opositora en el directorio del órgano encargado de controlar y sancionar a los miembros de las fuerzas de seguridad.
Actualmente, quedan dos debates pendientes que hacen a la Seguridad. Por un lado, la construcción de una nueva cárcel en Cacheuta para casi mil presos, que sería inaugurada sobre el final de la gestión de Cornejo. El proyecto tiene la sanción de la Cámara de Diputados y la semana que viene, el Senado podría transformar en ley.
El proyecto viene a fortalecer el costado flaco que mostró el debate de las anteriores leyes, que tienden a endurecer el dictado de las prisiones: la situación de hacinamiento de las cárceles.
El otro proyecto en espera es el de unificación de las causas, que pretende centralizar en un solo fiscal todos los delitos que involucren a una misma persona.
Leyes austeras
Otra de las promesas de Cornejo fue que su gobierno sería austero. Y, para eso, se valió de varias leyes que pretendieron controlar el gasto público, al tiempo de pedir endeudamientos para salvar la pesada herencia financiera que recibió.
En esta consideración, su primera ley la logró varios meses antes de ser gobernador. En medio de una interminable transición con su antecesor, Francisco Pérez, ambos acordaron sacar una autorización que les permitiría endeudarse para poder terminar de pagar sueldos y hacer frente a los vencimientos que se avecinaban. Esta fue la famosa ley de transición (8.816), que fue el primera autorización de financiamiento.
Esta carta dio pie para un segundo proyecto, también fuertemente debatido por la entonces reciente conformación legislativa: la declaración de la emergencia Administrativa, Fiscal y Financiera. Esta iniciativa buscó darle un contexto de crisis a la emisión de bonos que posibilitó la ley anterior.
Luego, vinieron las emergencias en el sistema sanitario, que permitió la compra directa de insumos por $ 10 millones y la de Seguridad.
Para predicar con el ejemplo, la primera ley en la era Cornejo fue la reducción de la cantidad de ministerios que tendría en su Gobierno (de 15 pasó a seis y tres secretarías). La segunda fue la modificación del cálculo de su sueldo. El Gobernador eliminó los ítems de título y antigüedad, y así evitó que una actualización de su salario elevara el 20% no sólo su ingreso, sino el de todos aquellos que están “enganchados” a él: ministros, legisladores, asesores, intendentes, concejales.
En materia de cuentas, hay una última ley que esta semana le permitió a Cornejo salvar el equilibrio fiscal y “mantener el déficit fiscal que proyectaron en diciembre”, según comentó el ministro de Hacienda, Martín Kerchner. Esta ley es la reciente ratificación que dio la Legislatura provincial al acuerdo que pretende recuperar de a poco el 15% de la coparticipación federal que va a la Anses, además de un endeudamiento.
Esto le permitirá al Gobierno equilibrar los números que se vieron afectados por la caída en la coparticipación por la suba del mínimo no imponible y por la eliminación del IVA en los productos básicos para jubilados y beneficiarios de planes sociales.
Los ministros, en el palco de la Legislatura
Desde hace un tiempo, quienes frecuentan la Legislatura se pueden encontrar con un detalle no menor: en cada discusión está el ministro del área monitoreando y siguiendo la sesión desde el palco. Y si el proyecto es ley, entonces luego viene la conferencia de prensa.
“Esto responde a que, muchas veces, el justicialismo nos pidió la presencia del ministro, por lo que han estado en el tratamiento de las leyes importantes”, explicó el senador radical Juan Carlos Jaliff.
La justificación se corresponde con un reclamo que hacen desde tiempo atrás en el partido opositor: que exista mayor debate de las leyes, teniendo en cuenta que muchas son cambios sustanciales que merecen ser tratadas como políticas de Estado .
Una por una
Seguridad
Emergencia en Seguridad y adhesión a la emergencia nacional.
Modificación de la Ley Orgánica de Policía (6.722).
Creación del Registro de libertad provisional y cuerpo de asistencia.
Modificación de la composición del directorio de la Inspección General de Seguridad (IGS).
Modificación del Código Procesal Penal, para endurecer el régimen de prisión preventiva.
Unificación de las causas (todavía no es tratada).
Endeudamiento para construir una nueva cárcel.
Salud
Emergencia del sistema sanitario.
Descentralización de los hospitales.
Pedidos de endeudamiento
Ley de Transición (8.816), $ 5.800 millones.
Presupuesto, $ 5.000 millones.
Emergencia de Seguridad, $ 160 millones.
Ratificación del acuerdo de la coparticipación, $ 1.200 millones
Nueva cárcel, 90 millones de dólares ($ 1.260millones). Tiene la primera sanción de Diputados.
Decretos que ratificaron aumentos
Docente. Sin la firma del SUTE, creó el ítem Aula.
No profesionales de la Salud, sin la firma de ATE.
Administración Central, sin la firma de ATE.
Otras leyes
Ley de Ministerios.
Modificación del cálculo del sueldo del Gobernador y, como consecuencia, de funcionarios y legisladores.
Emergencia Administrativa, fiscal y financiera.
Creación del Emetur.
Avalúo.
Impositiva.
