A las 15, el Alfredo Cornejo se encontrará cara a cara con el gobernador de La Pampa Carlos Verna. Los “árbitros” del encuentro serán el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación Pablo Bereciartúa.
La cita es la primera después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a las dos provincias y a la Nación acordar un caudal mínimo fluvio ecológico y el diseño de un plan de obras para resolver definitivamente el problema de la provisión de agua del río Atuel en el noroeste pampeano.
El fallo se conoció el 1 de diciembre. No fue un castigo para Mendoza, pero es más de lo que buena parte de los productores del sur provincial están dispuestos a ceder.
Mendoza debe dejar pasar un caudal que permita restituir el ambiente en la zona noroeste pampeana, algo que siempre fue resistido, bajo el argumento de que el agua no alcanza para regar las 75.561 hectáreas que otro fallo de la Corte, el de 1987, había ordenado que se debían regar en Mendoza antes de dejar pasar agua a La Pampa.
Pero el nuevo reclamo pampeano, presentado en 2014 por el gobernador Verna, se fundaba en otros argumentos distintos al que se resolvió en el ‘87. Se trata del derecho al ambiente, de los nuevos derechos de incidencia colectiva incorporados en la Constitución en la reforma de 1994.
Curiosamente ese fallo vino a resolver un diferendo nacido por un acuerdo firmado en 2008 entre los ex gobernadores, Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Jorge (La Pampa). El pacto fue firmado a instancias de Cristina Fernández que estaba presente en el acto.
Ese acuerdo siempre fue resistido por los productores de los departamentos del sur provincial y Jaque nunca mandó el convenio a la Legislatura para su ratificación. El documento estuvo cajoneado hasta 2014, en el gobierno de Francisco Pérez.
Harta de esperar la ratificación legislativa, La Pampa decidió demandar a Mendoza y entonces apareció el convenio la Legislatura local lo rechazó.
Volviendo al presente, en el Gobierno tomaron el fallo del 1 de diciembre con cierto alivio. Así que Cornejo mandó a Verna el 4 de diciembre, en la que lo invitó a empezar las negociaciones rápidamente.
A priori La Pampa pretendía una cuantiosa indemnización por el supuesto daño ambiental provocado y la Corte no dijo nada al respecto.
Arreglar un caudal fluvio ecológico de 4,5 metros cúbicos por segundo no debería ser un problema, porque Mendoza ya deja pasar esa cantidad de agua desde hace años. Ese caudal debería estar acordado en 30 días.
El único tema a discutir con Verna es que el caudal de un río de montaña no es constante, sino que presenta ciclos bajos en invierno y otros altos en verano. Es decir, la aspiración de Mendoza sería que ese caudal tuviera agregada la palabra “promedio”.
El otro tema es el plan de obras. La Corte dice que Nación y las dos provincias deben ponerse de acuerdo en el listado de trabajos y presentarlo en 120 días; además, la Corte ordenó que esas obras deberán ser pagadas por la Nación y las dos provincias.
¿Ese plan de obras incluirá el trasvase del río Grande en el Atuel? Seguramente esa propuesta estará sobre la mesa. Pero para conocer el combo de obras y el costo habrá que esperar 6 meses más.
