Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar
Alfredo Cornejo termina 2016 de la misma manera como lo comenzó: sacando cuentas, batallando con la Justicia y en medio de disputas con los sectores gremiales.
Luego de haber hecho balances en exceso sobre lo que fue la marcha de su primer año de gobierno, en el que destacó el “reordenamiento de las cuentas públicas” y “la recuperación de la autoridad del gobernador”, Cornejo encaró la última parte del año con dos nuevas jugadas que apuntan en el mismo rumbo de lo que ha definido casi como un leit motiv de su gestión: la eficiencia y el orden como requisito imprescindible para gobernar.
Bajo ese imperio conceptual, desde Casa de Gobierno siguieron con inquietud cada una de las alternativas de la nouvelle demagógica que significó la discusión por la modificación de Ganancias; en especial, en lo que refiere a los recursos que las provincias tendrán que resignar para poder cubrir el agujero fiscal que significa para la Nación el aumento de las escalas del mínimo no imponible. La presencia de Cornejo en la conferencia de prensa conjunta con el ministro Rogelio Frigerio y sus pares de San Juan (Sergio Uñac) y de Córdoba (Juan Schiaretti), fue la ratificación del aval de los gobernadores que casi todos esperaban tras el okey previo de la CGT.
Allí, Cornejo aprovechó la platea nacional para mostrarse: “En Mendoza, este año redujimos el déficit estructural un 25% y el operativo en 80%. Es imprescindible reducir el déficit para poder crecer”, aseguró con tono propagandístico para dar sustento numérico a quienes lo acusan de ser un “ajustador serial”.
Con el compromiso de que lo que las provincias ceden volverá a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Cornejo y sus pares de todos los partidos pusieron su grano de arena a la “gobernabilidad”, acercando racionalidad al enchastre que la licuadora del massismo y el kirchnerismo habían desatado en Diputados y que logró incluso una media sanción que a poco de ser votada y festejada -entre otros- desde Victoria Donda hasta Axel Kicillof, demostró ser inviable.
Tranquilizada esa fuente de financiamiento, calculada para Mendoza en unos 1.000 millones de pesos, y ratificado el acuerdo político con la sanción del Senado y la vuelta sobres sus pasos en Diputados, el Ejecutivo local apuró la entrega del bono de fin de año y la reestructuración de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM).
Sobre el bono, que en principio el mismo gobierno había despojado de expectativas al considerarlo sólo “una ayuda”, o que no iba a superar los “1.300 pesos”, hizo una movida sorpresiva al convocar a paritarias y ofrecer -en ese ámbito- un poco más de lo que prometió: 2.000 pesos para los estatales que cobren hasta 20 mil pesos. No sólo eso, apuró a los gremios a que si rechazaban esa suma, directamente no se les pagaría. El amague de ATE a utilizar el bono como parte de la disputa política con el Gobierno se diluyó en menos de 24 horas cuando sus propias bases le exigieron, ante la amenaza oficial, aceptar el ofrecimiento. Por el contrario, cinco gremios confirmaron su rápida disposición a recibirlo y luego, el resto. Una picardía cornejista que rindió sus frutos en la batalla simbólica mayor que el gobernador emprende desde el Día 1, de constante confrontación y desgaste con las cúpulas sindicales.
Cornejo, que tiene todo medido, sabe que en la opinión pública la figura de los sindicalistas (y en especial aquellos que pertenecen al sector público) no cuenta con la mejor de las referencias. Y ahí machaca para lograr sus objetivos políticos, que muchas veces sólo han encontrado oposición en los gremios. A ellos les dedicó de manera elíptica un párrafo especial cuando, con motivo del aniversario de su gobierno, dijo ante los periodistas de Los Andes que se “sentía solo en la defensa del interés general”. Conclusión, todos los estatales cobrarán su bono en vísperas de Reyes: hayan o no puesto sus zapatos a la vera de la cama y pese a la mala cara de sus sindicalistas.
Así, Cornejo evitó que los gremios hicieran campaña en su contra con un bono sólo financiado con costo fiscal.
Para más sorpresas, esta semana ATE Salud también aceptó la oferta salarial del 17% en dos tramos para el año próximo, lo que implicará que en febrero cobrarán un 10% de aumento y la posibilidad de reabrir paritarias en el último trimestre. Así, quedó -de hecho- preconfigurada la discusión salarial en 2017. A veces el pragmatismo de las bases deviene en una racionalidad que los planteos ideologizados de las cúpulas sindicales no alcanzan a percibir. En el Ejecutivo incluso se ilusionan con encaminar la discusión durante el receso con el SUTE y garantizar así el inicio de clases en marzo próximo sin conflictos. Habrá que ver.
La reestructuración de la EPTM supone para Cornejo una parada más brava pues implica reunir mayorías y sortear observaciones en la Legislatura, incluso de la propia tropa. Pero en especial del peronismo, que por lo bajo coincide con muchas de las objeciones que el Gobierno tiene sobre la EPTM, pero que se resiste a aceptar en público con el pretexto de ser considerados cómplices de una falsa “privatización” como la que milita el FIT y a la que se sumó esta semana la nueva conducción de la CGT local. Al respecto, no pasó inadvertida para el Gobierno la presencia en el acto de lanzamiento de la central sindical de dirigentes orgullosamente kirchneristas, como Agustín Rossi (quien ese día estaba en Mendoza por una actividad partidaria) acompañado del diputado nacional Guillermo Carmona. En el razonamiento del Ejecutivo, la pregunta retórica en coincidencia con la asunción de Omar Félix en el principal partido de oposición, sigue siendo la misma: “¿Quién conduce al PJ?”.
Disquisiciones al margen, el debate en Diputados por la EPTM abrió un nuevo frente de conflicto, que se prolongará hasta la sesión del Senado del martes, de derivaciones insospechadas si –como se prevé- la postura del oficialismo triunfa finalmente y se convierte en ley.
Por otra parte, los disturbios, la toma de las instalaciones de la empresa (luego levantada) y el clima de caos social que se esbozó el miércoles, casi en sintonía con el aniversario de la crisis del 2001, vuelve a poner en debate la responsabilidad de los dirigentes, en especial de aquellos que ostentan cargos legislativos y que –por ejemplo- desconocieron la autoridad de la Justicia en la figura del fiscal Torres, cuando intimó a los manifestantes a despejar las calles del Centro bloqueadas con troles en señal de protesta y a los que sólo les faltaba prenderlos fuego para emular ese Mendozazo trágico que parece no haber dejado enseñanzas significativas, ni autocríticas para sectores que ahora hacen de la radicalización un negocio que ni siquiera es de oposición: es directamente antisistema, pero en cuya trampa caen quienes dicen ver en Cornejo un Mefistófeles con banda y bastón.
Para cerrar la semana en la previa navideña, el Jury le dio a Cornejo el regalo más esperado: la apertura de los procesos contra los fiscales Orozco y Sidoti, ambos acusados por mal desempeño y en la mira oficial. Otra batalla es demostrar que aun en la cuestionada y corporativa Justicia el orden y la eficiencia también son posibles. Aún sin grandes resultados a la vista, la guerra no cesa y el final sigue abierto.
