El gobernador Alfredo Cornejo, al proponer a su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, para integrar la Suprema Corte de Justicia local, cumple otra etapa de su plan para “ordenar” Mendoza, a partir del diagnóstico inicial que hizo de la situación política e institucional de la provincia.
El primer mandatario sostuvo desde sus inicios que las claves para devolverle gobernabilidad a la provincia eran básicamente dos:
- Primero, quitarle atribuciones a los sindicatos estatales que en las gestiones peronistas anteriores (pero no sólo en ellas) habían ido adquiriendo funciones de cogobierno de facto en sus áreas de interés.
- Y segundo, realizar una profunda reforma judicial, porque para Cornejo es imposible solucionar el drama de la inseguridad con la Justicia tal como hoy está. Desde el principio apuntó a la cabeza de ese poder, la Suprema Corte, como el principal responsable de las culpas achacadas. Les criticó ideologización en lo conceptual e ineficiencia en la conducción. E incluso libró una lucha mano a mano, casi personal, con el renunciante Alejandro Pérez Hualde (para cuya vacante postuló a Garay), un juez propuesto por Julio Cobos pero en las antípodas de Cornejo: Pérez Hualde siempre creyó que Cornejo quiere avanzar sobre el Poder Judicial por intereses caudillistas, para lo cual busca fabricar una Corte adicta, a su imagen y semejanza, además de intentar politizar la justicia en su afán de imponer su concepción de mano dura en cuestión de seguridad. Y Cornejo siempre creyó que Pérez Hualde era la expresión del corporativismo judicial, que más que controlarlo lo que quería era ponerle palos en la rueda. Acusándolo de lo mismo que a los sindicalistas: de querer cogobernar con él. Y es sabido que si algo caracteriza a este gobernador es que no le gusta cogobernar ni siquiera con su sombra.
Lo cierto es que Cornejo hace tiempo que viene avanzando sobre la Justicia. Lo hizo con el procurador Alejandro Gullé y el juez de la Corte José Valerio; también con otros cargos de menor jerarquía. Pero hay que admitir que tanto Gullé como Valerio no eran amigos personales del gobernador ni militantes partidarios, por lo que el nepotismo no fue la causa de sus designaciones, sino que comparten un similar diagnóstico sobre la Justicia local y una misma concepción crítica sobre el garantismo extremo a lo Zaffaroni.
En el caso de Garay la cuestión es más compleja, porque se trata del funcionario más político de Cornejo. No sólo comparten ideas sino que el ministro de Gobierno ha sido el principal divulgador del pensamiento y de la práctica del Gobernador.
Cornejo es un político por vocación y por profesión, pero, extrañamente, no le gusta demasiado hablar mucho de política, sólo le interesa ejecutarla.
Los grandes debates lo aburren. Sin embargo, su relación con Garay es la excepción: los más íntimos de ambos admiten que con el único que habla y le gusta hablar de política a Cornejo es con Garay. Y Garay es capaz de explicar y defender el pensamiento político de Cornejo mejor que el mismo Cornejo.
Sin embargo, tampoco es un hombre de su “riñón” en el sentido de la confianza personal, más bien podría decirse que es de su “corazón”, el hombre en quien más confía políticamente porque cree que es el que mejor lo interpreta.
Es evidente que Cornejo y Garay son, hoy por hoy, políticamente lo mismo. Alma, corazón y vida. Eso dará lugar a todo tipo de críticas acerca de nepotismo o de intentos de partidización de la Corte o incluso de confusión entre poderes. Mientras que a favor de Cornejo está que en las personas que viene nombrando en la Justicia, por lo general coinciden sus capacidades profesionales con los cargos propuestos. En otras gestiones se eligieron magistrados otorgándole un cupo a cada línea interna del partido oficial, o porque el gobernador quería infiltrar un amigo personal o partidario, más allá de sus capacidades, dentro de otro poder. Ahora eso estará por verse según si el gobernador quiera extender su caudillismo político hacia el Poder Judicial para acumular y concentrar más poder propio o si lo que desea es impregnar a dicho poder de las ideas políticas que sustentan su propuesta de reforma, respetando e incluso fortaleciendo la división de poderes.
Si, por ejemplo, dejara de insistir con la ampliación de la Corte, daría una muestra de que sus intenciones van por el buen camino.
