El gobernador, Alfredo Cornejo, sigue dispuesto a hacer “cambios de fondo”. Así lo ha dicho y repetido, poniendo como ejemplo leyes que ha impulsado, en especial ligadas a la seguridad y la Justicia.
Ahora, su equipo se ha volcado de lleno a promover cambios en la normativa de los trabajadores del Estado.
Empezará esta semana con el Estatuto del Docente, principalmente en todo lo relacionado con el ítem Zona, tras el fracaso paritario de la semana pasada, por la negativa del SUTE a reestructurarlo.
Y seguirá en 2018 con fuertes cambios en el Estatuto del Empleado Público (administración central y ministerios), el que, a su criterio, “merece una actualización” ya que fue redactado hace 44 años. Allí planea “fortalecer la carrera administrativa”, aunque también busca cambiar el escalafón de clases de los agentes estatales (ver aparte).
El miércoles pasado, luego de cuatro reuniones, el SUTE y el Gobierno reconocieron que la paritaria por el “ítem Zona” había fracasado.
La idea del Ejecutivo era buscar la forma de pagarles a 16 mil docentes viejas deudas (siempre aclarando que habían sido contraídas por gestiones anteriores) por el derecho otorgado a percibir ese ítem, pero nunca abonado.
“Nos comprometimos a pagar casos judicializados con y sin sentencia y también los que están en sede administrativa”, dijo el Gobierno, que destinó 700 millones de pesos a ese fin.
Pero al llevar a la paritaria la propuesta, la acompañó con un planteo de modificación del criterio actual de las zonas.
Allí, además del nuevo formato, pedía que la comisión mixta que define las zonas abandonara esa tarea. En esa comisión, el gremio tiene igualdad numérica con el Gobierno (cuatro miembros cada uno). Por eso -votación de plenario mediante- el SUTE consideró “extorsiva” la propuesta y la rechazó.
En consecuencia, el cornejismo (tal como hizo con el ítem Aula en 2016, aunque esta vez sin decreto) decidió avanzar por su cuenta.
“A más tardar el martes que viene entra el proyecto a la Legislatura”, confirmó a Los Andes Dalmiro Garay, ministro de Gobierno.
En realidad, la modificación del Estatuto Docente será parcial. “Sólo contendrá los puntos relacionados con el ítem Zona”, destacó Garay, además del pedido de los $ 700 millones para pagar la deuda.
Sólo un artículo se destinará a ese objetivo, aunque será fundamental para que la ley salga. “Necesitamos que los legisladores aprueben el monto porque queremos pagar antes de fin de año o a principios de 2018”, presiona Cornejo.
El resto del articulado se usará para establecer lo que no se pudo hacer a través de la paritaria.
Será crucial el nuevo criterio para definir las zonas. “El sistema actual proviene de los 80 y está hecho sólo en base a la distancia a la ciudad. Hoy se necesita contemplar otras cuestiones, como la escuela misma, su ubicación o sus características”, explicó Garay.
El proyecto plantea que las escuelas rurales y las urbano marginales tengan de base “50% de zona”. En tanto que las de ámbitos de encierro tengan 100% (hoy la escuela de la cárcel de Boulogne Sur Mer no paga zona).
Para los primeros casos está planteado “un 50% adicional” para los docentes que allí trabajen. “Queremos que los mejores maestros vayan a esas escuelas más que a las otras”, ha dicho también Cornejo.
Ese porcentaje extra se basará en las condiciones edilicias de la escuela, accesibilidad (calle asfaltada o no), servicios (luz, gas, agua) o la distancia al centro de salud más cercano, entre otros aspectos.
Es por ese motivo que el Gobierno dice que dará “más zonas”. Y es en ese sentido que ha asignado más presupuesto para el año que viene.
“Vamos a invertir $ 350 millones más para las nuevas zonas”, dijo Cornejo el viernes pasado, en un congreso radical. Algunos hablan de que serán $ 400 millones los que tendrán el destino de las nuevas zonas.
El Ejecutivo entiende también que para definir las nuevas zonas se requieren especialistas. Por eso, otro criterio de la ley será dejar en manos de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) esa tarea.
Esto dejaría sin funciones a la comisión mixta, precisamente lo que generó la discordia con el SUTE. Si bien eso será así de hecho, el Gobierno asegura que la comisión no desaparecerá. “La idea es que emita dictámenes cuando, tras la recategorización, haya impugnaciones”, dice. Es decir que funcionará como un tribunal de apelaciones.
Finalmente, una duda grande es qué pasará con quienes hoy cobran el ítem Zona. El Ejecutivo jura que "nadie perderá el sueldo" que hoy percibe.
"Si la escuela deja de pagar zona en un futuro, al docente se le generará un adicional que compense y siga cobrando su salario como ahora y nunca lo vea disminuido", señaló Garay.
“Ahora bien, si el docente ingresa a esa escuela sabiendo que ya no tendrá zona, lógicamente no la cobrará”, dejó en claro el ministro.
El proyecto establece que las recategorizaciones deben estar listas “en 180 días”. Esto significa que recién en julio del año que viene (si se aprueba en diciembre) se conocerá el nuevo diagrama del ítem Zona de las escuelas mendocinas.
Palos para los que no cumplieron el acuerdo
Las deudas que hoy el Estado debe pagarles a muchos de los 16 mil docentes por el ítem Zona se generaron entre 2009 y 2010, cuando el director general de Escuelas era Carlos López Puelles y gobernador era el justicialista Celso Jaque.
En su discurso en el congreso radical del viernes pasado, el gobernador Cornejo no quiso olvidarse de él. “Hay que ponerle nombre y apellido”, dijo.
“Les reconocieron el derecho de la zona a los docentes pero no se lo pagaron”, añadió, recordando además que en las resoluciones, el artículo 2 siempre decía “se pagará cuando haya recursos”.
Más allá del enojo, Cornejo ratificó la decisión de pagarles a los docentes esa deuda y de avanzar en los nuevos criterios de zona “con más plata a ese destino” en el presupuesto 2018.
Y en alusión a las chicanas recibidas en la campaña 2015 quiso responder. “Nos decían que íbamos a ajustar la educación. Lejos de eso, hemos agrandado la inversión con dinero a las escuelas que hay que privilegiar”, lanzó.
Claves
El proyecto de ley que modifica el Estatuto Docente tiene estos puntos principales:
$ 700 millones. Pide autorización para pagar deudas de Zona con dinero de 2017.
Nuevo criterio de zona. En vez de distancia se tendrá en cuenta ubicación de la escuela, condiciones edilicias y accesibilidad.
Decisión técnica. La Dirección de Estadísticas será la encargada de definir los criterios de las nuevas zonas.
Comisión mixta. Seguirá funcionando, pero sólo como tribunal de apelaciones.
Garantía de continuidad. Los docentes que hoy tienen zona, la seguirán teniendo.
180 días. Es el tiempo estipulado para la recategorización.
