Alfredo Cornejo fustigó al Poder Judicial, más precisamente a los jueces de la 8° Cámara del Crimen, quienes con su fallo liberaron a la líder la Tupac Amaru de Mendoza, Nélida Rojas y a su familia.
Otra vez Cornejo se montó en la grieta judicial: “Los miembros de la Octava Cámara son de Justicia Legítima, una facción que se armó durante el kirchnerismo, ultragarantista, abolicionista, que piensan que los delincuentes tienen todos los derechos y las víctimas en general son perjudicadas de esa ideología. Por lo tanto, creo que el Gobierno está bien orientando al enfrentar esas facciones que anidan en la Justicia. No son mayoritarios pero son muchos que piensan de esa forma”.
Cornejo reeditó la pelea que mantuvo el año pasado con un sector de la Justicia; en aquellos días identificaba al juez de la Suprema Corte, Omar Palermo, como el líder del “abolicionismo sacapresos”.
Esta vez apuntó a los miembros de la octava Cámara del Crimen: Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel. En algunos sectores ya se especula que la grieta judicial y la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima serán uno de los blancos de campaña del oficialismo.
Cabe recordar que los tres jueces hasta hace unos meses conformaban la única Cámara Penal de Apelaciones de la provincia. Entre las modificaciones del Poder Judicial que empujó Cornejo se incluyó la transformación de ese tribunal, que se sumó a las otras siete Cámaras del Crimen existentes desde hace años.
“Son dos ideologías que se enfrentan. La inmensa mayoría de los mendocinos creemos que los jueces deben regirse por las normas. Si bien tienen un margen interpretativo, no puede ser en contra de lo que dicen las leyes. El ultragarantismo de Justicia Legítima interpreta las leyes aun cuando digan cosas en contrario. Como es el artículo 293 del Código Procesal Penal, que modificó la Legislatura casi por unanimidad”, dijo Cornejo.
Ese artículo modificado en junio del año pasado se refiere a cómo opera la prisión preventiva, particularmente en los casos en que las víctimas corrieren peligro por la libertad de los imputados. “Ellos actúan privilegiando a los denunciados y perjudicando a las víctimas”, apuntó.
Luego se refirió a la supuesta motivación política de la causa. “Hablan de politizar la causa y nadie lo ha hecho más que ellos. La fiscal (Gabriela) Chaves militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Sin embargo atribuyen que es pro gobierno. Nunca tuvo contacto con nosotros. Nosotros no hicimos la denuncia, la hicieron los propios damnificados. Es un proceso vergonzoso”.
Luego dijo que prefiere no avanzar con una denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento, aun cuando considera que el caso merecería ser denunciado.
“Hay un montón de presentaciones ante el Jury de Enjuiciamiento cuando los jueces no fallan como ellos quieren. Este caso es diferente. Acá lo que se debe juzgar es si cumplen o no la ley los funcionarios judiciales o si cometen faltas o delitos, como el caso de la fiscal viajera. Preferiría que se canalizara en los ámbitos formales del Poder Judicial. Ojalá la Corte tenga una respuesta rápida y adecuada”.
