Como se preveía, el Senado aprobó ayer, con 22 votos a favor y 7 en contra, la designación de Luis Romero -actual titular de la Dirección de Promoción del Liberado- como el nuevo procurador de las Personas Privadas de Libertad, es decir el defensor a cargo de velar por los derechos y condiciones en las que viven en la provincia algo más de 5.000 detenido en las cárceles.
De la sesión de acuerdo que se hizo a voto secreto- participaron todas las bancadas salvo la izquierda. Tras su designación, Romero manifestó que uno de sus primeros objetivos será "conseguir un presupuesto propio, que le permita a la Comisión que ahora presido contar con una mejor estructura".
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura que encabezará Romero se creó por ley (la 8284) en 2011 y fue resultado de un proceso de revisión del sistema penitenciario que se inició en el año 2000, con el motín vendimial que incluyó a casi 1.000 reclusos y una veintena de rehenes. "Hay figuras que en todos estos años nunca se designaron, como es un procurador adjunto, un secretario ejecutivo, un área de estadísticas o una asesoría que procese los informes. Toda esa estructura es necesaria y nunca se implementó", aclaró.
La designación del nuevo defensor de los detenidos fue un proceso que se inició en abril, con la toma de los exámenes a los postulantes; Romero, el elegido por el gobernador Alfredo Cornejo, no tiene pasado "garantista" y había quedado tercero en la terna de los mejores postulantes, detrás de Fabricio Imparado (vinculado al garantismo, que asumió el cargo en 2014 y buscaba su reelección) y de María Mercedes Duberti (integrante de la también garantista ONG Xumek).
Así, los principales cuestionamientos que pesaban sobre Romero y que se escucharon durante la audiencia pública de la semana pasada, apuntaban a que es funcionario del
Gobierno y que eso pondría en duda su imparcialidad a la hora de controlar las políticas penitenciarias del Ejecutivo. Pero además, subrayaron que no encabezaba el orden de mérito. Sin embargo, Imparado llegó al cargo en condiciones similares: era director del Organismo Técnico Criminológico del gobierno de Francisco Pérez y finalizó segundo en la terna. Además, el orden de mérito no impide al Gobernador optar por el segundo o incluso el tercer postulante.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, apuntó contra los críticos de Romero: "Es necesario reformar la ley porque la comisión que hoy está encargada de armar la terna de postulantes está integrada exclusivamente por los titulares de las cátedras de Derechos Humanos de Mendoza y eso genera una posición absolutamente elitista".
Según el artículo 18 de la ley 8284, el procurador saldrá de una terna propuesta por la comisión asesora conformada por las cátedras de Derechos Humanos de las universidades locales, algo que Venier considera "injusto e insólito. Debe ser la única ley en el mundo donde un único sector pone a un funcionario. Por suerte, el Senado ha equiparado algo que la ley impedía y que debería ser corregido".
De esta manera y con la de signación de Romero avalada por el Senado, Cornejo logra llevar al campo de los derechos humanos a una persona de su confianza y consigue reemplazar en el cargo a Imparado, que iba por su reelección con el respaldo de cierto sector del peronismo y de organismos de Derechos Humanos, que han visto el nombramiento de Romero como una derrota.
Pero además, Cornejo logra que su influencia en el área trascienda no solo su gestión sino la del próximo gobernador, ya que el cargo de procurador de las Personas Privadas de Libertad es por 5 años, con opción a una reelección.
Romero, lejos de mostrar distancia, elogió la gestión de Cornejo en el tema: "Ha mostrado en los hechos un mayor compromiso con los derechos humanos de las personas detenidas que las gestiones anteriores. Se logró revertir el porcentaje de procesados, que era del 60% de los detenidos y ahora ese número es el de condenados; está la construcción de Almafuerte 2 y de nuevos pabellones en San Rafael".
Aspirantes pidieron suspender la designación
Por el momento, hay dos recursos administrativos de suspensión del procedimiento de concurso firmados por aspirantes que rindieron para el cargo.
Uno de ellos fue presentado por Guillermo Rubio, primo del senador radical Marcelo Rubio; y el otro, por Ana Sosino. Ambos pidieron que se revisaran los criterios de la evaluación y los puntajes, y que se explicitaran las motivaciones de las decisiones.
En tanto, organismos de Derechos Humanos ingresaron una nota repudiando el proceso de selección y solicitando la suspensión del trámite legislativo pero no presentaron impugnaciones contra Luis Romero porque -argumentaron- que de esa forma validarían el proceso de evaluación y conformación de la terna.
