El peronismo paladea la que cree será su primera victoria legislativa en dos años, aunque sea compartida. Se da ánimo a sí mismo, se arenga y mira expectante al único jugador que puede dar vuelta el partido por la ampliación de la Corte: Marcos Niven.
El diputado del PD se ha convertido en la estrella de la votación. La decisión partidaria de oponerse al proyecto lo ubicó en el rol de “gran decisor”. Su voto definirá el futuro del proyecto más importante del año para el Gobierno.
Si se inclina por el “no”, como ha manifestado hasta ahora, mandará al archivo la iniciativa y obligará al oficialismo a insistir, pero más debilitado, recién después del 1° de mayo de 2018, cuando comienza el próximo “año legislativo”.
Si finalmente Niven, y el PD, cambian de posición y deciden apoyar a su aliado, será el Gobernador quien saldrá corriendo gritando el gol.
Alfredo Cornejo se expone el miércoles, justo en la semana que cumple dos años de mandato, a perder el invicto que ostenta desde que asumió.
Hasta ahora, el oficialismo sólo tuvo en la Legislatura contratiempos (demoras, algún desempate y no mucho más) y una gran derrota simbólica: el “no” peronista a la reforma constitucional, aun antes de que presentara el proyecto.
Cornejo no está dispuesto a perder, al menos esta vez, y sus emisarios no han cortado el diálogo y la negociación con Niven.
El demócrata quería incluir la condición de que los nominados a jueces de la Corte no hayan ocupado cargos políticos los cinco años previos. Pero el Gobierno no aceptó.
Esa negativa pone en evidencia que Cornejo está pensando en alguien de la política para una de las vacantes al menos. Las miradas apuntan a su ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
Igual, el acuerdo parece encarrilarse aunque por otra idea que quiere aplicar el PD: crear una cámara de casación penal. Esa instancia, entre las cámaras actuales y los supremos, existe en la Justicia Federal y hace de filtro para que no lleguen tantas causas al máximo tribunal.
El Ejecutivo, dicen, aceptó ese pedido no sin alguna chicana: esa fue una modificación que impulsó hace unos años el juez Omar Palermo, “enemigo N° 1” del Gobernador.
Aunque para cumplir los deseos del PD es necesaria una reforma constitucional, porque es la misma Carta Magna la que dispone que “la casación” es una tarea de la Corte.
El oficialismo asegura que está dispuesto a impulsar una enmienda a tal fin, aunque igual desconfía del voto final demócrata. “Me genera mucha incertidumbre”, susurró Cornejo a uno de los suyos.
Del otro lado, la desconfianza también le gana a las certezas de que se planteará la enmienda.
Hace casi tres años, el radicalismo creó el Frente Cambia Mendoza y logró unir bajo ese sello al PD y el Pro con la centroizquierda que expresan el socialismo y Libres del Sur.
Pero aquel Partido Demócrata tenía como presidente a Richard Battagión, nombrado por esta gestión al frente de Aysam y cercano al líder del Pro, Omar De Marchi.
Battagión fue sucedido en el partido por Carlos Balter, que nunca se sintió cómodo en ese “colectivo” llamado Cambia Mendoza, no sólo por la centroizquierda sino también, o principalmente, por el radicalismo.
Si se ha mantenido hasta ahora con los pies adentro es porque salirse sería romper también con el presidente Macri, con el que se siente profundamente identificado.
Razones y sinrazones
Cuando se escuchan los argumentos de uno y otro lado, a favor y en contra de llevar de siete a nueve los miembros de la Corte, todos parecen tener algo de razón.
Son creíbles el autor del proyecto, el senador radical Jaliff, y los funcionarios del Ejecutivo cuando dicen que buscan un mejor funcionamiento de la Corte en particular, que acumula causas sin resolver.
El proyecto oficial le pone números: en la Sala II hay 200 planteos de detenidos con prisión preventiva que esperan resolución.
Nadie ha dicho que no es necesario que ese funcionamiento sea más ágil. Los opositores lo admiten, aunque aducen, sin esbozar soluciones alternativas concretas, que para lograrlo no se necesitan más jueces.
Entre las voces que se alzaron en contra, sólo una dio la clave para que la Corte funcione mejor con los mismos miembros: Aída Kemelmajer de Carlucci, jueza de la Suprema Corte hasta 2010 y una jurista reconocida.
En la entrevista publicada por Los Andes hace una semana, como parte del ciclo Encuentros, Kemelmajer dijo implícitamente que para que no se acumulen tantas causas los jueces deben trabajar más. Así de simple.
Y a eso apunta precisamente otro de los artículos del proyecto: la Corte deberá publicar en el Boletín Oficial las licencias de sus miembros, que hasta en Tribunales admiten como excesivas, aunque también incomprobables por el secretismo judicial.
Ese punto y los que disponen la publicación de los nombramientos de funcionarios, de las acordadas de la Corte y de las sentencias de la Sala Penal generan entre los supremos tanto escozor como si los obligaran a pagar el impuesto a las Ganancias.
Al fin de cuentas, mucho de su poder reside en el secreto.
Pero así como son creíbles los argumentos oficiales, también suenan verosímiles las sospechas de la oposición que apuntan a que Cornejo busca dominar el único poder que hasta ahora se le ha rebelado.
Aunque hay salvedades: dos miembros no le garantizarán una mayoría automática permanente.
Hoy el Gobierno sólo tiene dos votos (Valerio, Llorente) seguros a favor y tres (Palermo, Pérez Hualde y Gómez) en contra. Los otros dos son pendulares, aunque Nanclares parece ubicarse más cerca del “bloque oficial” y Adaro del “bloque opositor”.
Eso implica que a veces un fallo que le interese al Ejecutivo podría tener cinco votos y hasta seis, pero otras podría tener sólo cuatro. “Las cortes más manejables son las que tienen menos miembros”, suma una voz del oficialismo para despejar dudas.
Además, el plenario de la Corte interviene en muchos pocos casos y son las salas que la integran la que toman la gran mayoría de las decisiones. Es en esas salas donde sí conseguiría el Gobierno la mayoría.
El principal objetivo es la Penal/Laboral, donde hoy reina Palermo, con el acompañamiento frecuente de Adaro, dejando en soledad a la espada oficialista, Valerio.
El proyecto plantea dividirla en dos, una Penal y otra Laboral, lo que generaría las condiciones para al menos dominar la primera: Adaro iría a la Laboral y permitiría el ingreso de uno de los dos nuevos en la Penal para apoyar a Valerio.
Con ello, el oficialismo podría lograr su verdadero objetivo: modificar el espíritu jurídico de los actuales fallos penales, pasando del “garantismo” a la “mano dura” que impulsa Cornejo como parte de su política de seguridad y judicial.
Es allí precisamente donde se abre la grieta judicial.
Obviamente, todos esos planes oficiales quedarán en la nada si finalmente la ampliación de la Corte que ya aprobó el Senado no es ratificada por los diputados el próximo miércoles, o el siguiente, o el siguiente.
Con el “no” firme de todo el PJ, Cornejo esperará a asegurarse el voto de Niven para que se trate en el recinto. Si el demócrata no le garantiza su apoyo, el proyecto nunca se tratará. Mejor “dormirlo” un tiempo que perder.
Paradójicamente, al mismo tiempo que el oficialismo define si podrá aprobar la ampliación del máximo tribunal, la Sala II se prepara para anunciar el jueves su decisión sobre el ítem Aula resistido por el gremio docente.
Dicen quienes han visto pasar el texto entre despacho y despacho que, cuando se conozca el fallo, el Gobernador reforzará su idea de que debe hacer algo para modificar la Corte.
