Las nuevas unidades penitencias con las que el Gobierno pretende hacer frente al hacinamiento, van tomando forma. Tal como lo habían prometido, ayer visitó la Legislatura una comitiva del Ejecutivo para explicar el detalle de la nueva cárcel para 900 internos que pretende construir, a partir de una iniciativa privada que tiene nuevamente al empresario Omar Álvarez como impulsor.
Se trata de un proyecto que hace un año planteó el entonces gobernador justicialista Francisco Pérez y que tuvo el acompañamiento de los radicales, en aquel momento opositores. Más allá del consenso, la idea quedó postergada hasta ahora, que fue retomada por el radical Alfredo Cornejo.
La modalidad, que se da a partir de la propuesta de un privado, implicará una convocatoria a una licitación pública para la construcción de un nuevo penal en Cacheuta, aunque la empresa “Iniciativa Privada” tendrá una segunda chance, por el hecho de haber presentado el proyecto original.
Esta oportunidad extra consiste en la posibilidad de mejorar la oferta en el caso de que otro oferente haya presentado una propuesta mejor. En el caso de que finalmente la obra sea ganada por otra firma que no sea la del empresario multrirrubro Álvarez (obras, medios y energía), el proyecto deberá ser comprado por el Gobierno por $ 20 millones, a razón de $ 434 el metro cuadrado. El nuevo penal tendrá 46 mil metros cuadrados.
En esto consiste el sistema de iniciativa privada, que se diferencia de una cárcel privada porque el manejo correrá por cuenta del Estado.
“No es un proyecto privado sino que lo presentó una empresa que se llama Iniciativa Privada. Finalmente siempre se contrata con el más barato y con el mejor, porque si la empresa que hizo la propuesta no cumple con las condiciones del pliego, tampoco puede ser elegida”, explicó el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, al salir del encuentro en la Legislatura.
Quienes compitan en la licitación deberán incluir un segundo requisito: presentar una propuesta de financiamiento ‘aceptable’. “En el caso de que no lo sea, lo buscaremos desde la Provincia, porque es una obra de largo plazo”, señaló Kerchner.
Este financiamiento consiste en un pedido de endeudamiento, que deberá votar la Legislatura, por 90 millones de dólares. Para esto, tendrá que acompañar el peronismo, ya que se necesitan dos tercios de los votos de cada Cámara. En el bloque opositor aún no hay una postura definida.
Del total de los 90 millones de dólares, entre 10 y 12 millones estarán destinados al mejoramiento del penal Almafuerte. “La intención es tener mejor calidad en talleres y escuelas, para apuntar a la reinserción y que los internos trabajen”, detalló el ministro.
Una vez hecha la licitación, que llevará entre cuatro y cinco meses, el plazo de ejecución está calculado en 36 meses, es decir que la inauguración podría coincidir con la etapa final del mandato de Cornejo, aunque en el Gobierno confían en terminarla en dos años.
