El gobernador, Alfredo Cornejo, tiene en vista la reprogramación de la mitad del endeudamiento actual de Mendoza que, según los números que maneja, supera los 16 mil millones de pesos.
Sus funcionarios ya promocionan en Estados Unidos y Gran Bretaña el nuevo “mendobono” que podrá llegar a los 500 millones de dólares. Su colocación total le reportaría a la Provincia un ingreso de 7.500 millones de pesos que oxigenarían la gestión.
Una buena parte de ese endeudamiento será destinado a modificar el perfil de la deuda, cambiando vencimientos cercanos y concentrados por lejanos y distanciados.
La nueva emisión mendocina es inminente, luego de que el jueves pasado la provincia de Neuquén -con el turno anterior asignado- lograra colocar su bono por 235 millones de dólares, a doce años (vencimiento en 2028), tasa de 8,6 por ciento anual y garantía de regalías.
El costo que pagará Neuquén es una señal del que podrá pagar Mendoza. Y está casi un punto y medio por encima de la tasa promedio (7.2) que costará la emisión de la Nación por 16 mil millones de dólares para pagarle a los fondos buitres.
Trascendió que tanto el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, como el mendocino, Alfredo Cornejo, esperaban tasas provinciales más bajas.
Si se repite la historia de Neuquén, el interés que deberá pagar Mendoza no se aproximará a la tasa nacional. Y esto hace más factible que la emisión mendocina quede -por el momento- más cerca de los 300 millones de dólares que de los 500 millones autorizados.
Si Mendoza repite el plazo de emisión de Neuquén (doce años con cuatro de gracia) la gestión de Cornejo se aliviaría al dedicarse a pagar los intereses de la nueva deuda. Y trasladaría el peso del pago del capital a los dos próximos gobernadores.
El Gobierno deberá resolver el tema de la garantía del nuevo bono. Es que el Mendoza 18, aún sin garantía, limita a 100 millones la constitución de avales con regalías para nuevas obligaciones. Mientras la coparticipación ha venido garantizando la devolución de adelantos a la Nación.
De gira
El ministro de Hacienda de la Provincia, Martín Kerchner; el subsecretario de Financiamiento, Lisandro Nieri, y el director de la deuda, Víctor Fayad (h) recorren desde mediados de la semana pasada las ciudades de Los Angeles, Boston y Nueva York y en los próximos días estarán en Londres.
Buscan abrir puertas para que el influyente Credit Suisse -en asocio con el Citigroup- coloque el nuevo bono que ya se prepara y sobre el que aún falta completar algún requerimiento de documentación de la Nación.
Muy lejos de sus referencias habituales a “la herencia”, la “emergencia” y la “depredación de recursos” con los que los funcionarios del gobierno de Cornejo describen localmente la situación de la provincia que asumieron en diciembre, sus expresiones cambian de tono cuando asumen el rol de promotores de Mendoza ante inversores externos.
Si bien no se conoce el contenido del prospecto del nuevo bono mendocino, los informes base de las consultoras son más “amables” al describir la situación de la provincia. “Las características crediticias de Mendoza reflejan ratios de deuda-ingresos en disminución y una economía diversificada que es compatible con una relativamente sólida base de ingresos propios”, informa Moody's.
El documento -escrito el 21 de abril pasado- indica que “las fortalezas crediticias de la provincia de Mendoza incluyen una economía diversificada que da soporte a una sólida base de ingresos propios, decrecientes niveles de deuda en relación a los ingresos, una manejable proporción de deuda en moneda extranjera y un bajo nivel de costo del servicio de la deuda aunque en crecimiento”.
“La perspectiva de las calificaciones en escala global de la provincia es estable”, afirma Moody's. Mientras Standard & Poor le subió la nota a Mendoza el 5 de febrero pasado como “emisora (de bonos) en monedas extranjera y local”.
El endeudamiento
El 11 de enero de este año el gobernador Alfredo Cornejo presentó en la Legislatura el informe de la Auditoría general de la Nación que impulsó la vicegobernadora Laura Montero. El documento exhibió un pasivo de 16.500 millones de pesos que incluía una deuda no registrada de 1.134 millones y con los municipios de 481 millones.
Con los bancos 2.606 millones, deuda transitoria por 3.700 millones (adelantos de coparticipación y créditos de cortísimo plazo del Banco Nación), deuda flotante de 2.075 millones y deuda consolidada de 6.560 millones. “Del total, el 60% vence a muy corto plazo, el 28% a corto y el 12% a largo plazo”, afirmó ese día Cornejo.
Esta semana la Fiscalía de Estado consideró “informal” la investigación de corte de la AGN pero convalidó algunas de sus cifras. Mientras espera la llegada de nuevos informes requeridos, para ofrecer el texto final de su documento.
