"Un gobernador que se apoya constantemente en la mirada del ciudadano común", dijo Alfredo Cornejo sobre el final de su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. Y así parece, al menos por el tenor del principal anuncio que hizo en ese mensaje: en las próximas horas remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para obligar a los presos a trabajar mientras estén cumpliendo condena.
Más aún, la intención es que los beneficios a los que accedan los internos de los presidios mendocinos, como reducción de penas o salidas transitorias, estén atados a ese desempeño laboral.
Durante una hora y cuarto Cornejo, lanzó sus latiguillos de "buen administrador", hizo un recuento de su año de gestión y lanzó algunas propuestas para este año. Dijo que el "ítem Aula" ha sido un éxito porque la cantidad de licencias pedidas por los docentes se redujo un 40% y que el ausentismo de maestros de la escuela estatal se ubicó en el 5%, el mismo porcentaje que las privadas.
Pero el anuncio que más llamó la atención y que más polémicas desatará es la del trabajo de los presos. De hecho, ayer mismo, desde la oposición la senadora María José Ubaldini (FpV), indicaba que el trabajo dentro de los penales está reglamentado por la ley de ejecución de la pena, la 24.660, y que en el artículo 110 se asevera que no se coaccionará al interno a trabajar.
La polémica está en puerta, otra vez garantismo y mano dura volverán a escena con la propuesta del gobernador Cornejo: “Queremos terminar con las cárceles de ‘máxima ociosidad’, donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio”, dijo.
Luego cargó sobre sus adversarios de la mano blanda: “La jurisprudencia conocida como ‘garantista’ hizo que hasta ahora la ley fuera el piso de los derechos para las personas privadas de la libertad: cada vez se les otorgó más y más ventajas, de manera que el trabajo dejó de ser una obligación y se convirtió sólo en una opción”.
El otro anuncio realizado por Cornejo ante la asamblea fue el adelantado por Los Andes en su edición del sábado: el llamado a concurso para cubrir 120 vacantes en el Estado; antes de eso, Cornejo remitirá una modificación a la ley de concursos para agilizar el trámite y luego tomará examen a quienes quieran ocupar esas vacantes en el Estado.
Dos frases latiguillo: “Máxima ociosidad”, referida al poco trabajo que hay en los penales y al que apunta su propuesta del trabajo obligatorio, y “la revolución de lo sencillo”, referido al carácter de sus acciones de gobierno: “En vez de anuncios ostentosos, como habrán visto, hemos elegido trabajar diariamente sobre pequeñas realidades”.
Otra frase de Cornejo se transformó en un contrapunto. El Gobernador agradecía que la Legislatura hubiese aprobado la declaración de emergencia en seguridad y juraba que gracias a esa declaración, la Policía de Mendoza se había colocado “entre las mejor dotadas tecnológicamente del continente”.
El bloque radical aplaudía al Gobernador y la oposición dejaba sus manos estáticas. Entonces Cornejo dijo “pueden aplaudir alguna desde el FpV”. Entonces el diputado Leonardo Giacomelli respondió “ya le hemos ayudado bastante”.
Por lo demás, Cornejo volvió a hablar de orden administrativo, dijo que en estos 17 meses de gestión redujo la planta de personal en cuatro mil agentes, también desglosó el éxito del “Ítem aula” con la reducción de licencias y ausentismo. También rescató la vuelta de las estadísticas oficiales que fueron suspendidas en los gobiernos peronistas y la baja en algunas alícuotas de impuestos provinciales para promocionar actividades, lo que sucede “por primera vez desde el regreso a la democracia”.
Del balance, uno de los datos más importantes que lanzó es que hay en ejecución 5.261 viviendas. El otro dato es que se prevé una inversión en obra pública por $63.379 millones, “es decir un 28% del Producto Bruto Geográfico en materia de contratos firmados, de los cuales se ejecutarán durante 2017 más de $21.000 millones”.
Ese quizá fue el tramo más espectacular. En ese número está contabilizada la obra pública directa, las viviendas, los fondos del Programa de Infraestructura Municipal, las obras e intervenciones de la Dirección Provincial de Vialidad y de la Dirección Nacional de Vialidad y, por último, las inversiones en materia de energía.
Respecto de las ausencias, las que más llamaron la atención fueron las de los intendentes peronistas Jorge Omar Giménez y Roberto Righi (San Martín y Lavalle respectivamente) y el jefe comunal massista Jorge Difonso. El otro ausente es un aliado de Cornejo: el de Luján, Omar De Marchi.
También hubo faltazos entre los legisladores nacionales. Los ausentes fueron Rubén Miranda (justicialista), Stella Huczak (Pro), Graciela Cousinet (Libres del Sur) y Guillermo Carmona (FpV) que se quedó en las afueras.
Cosecharían y arreglarían el mobiliario estatal
La propuesta de “reinserción social” de los presos que lanzó Alfredo Cornejo ayer, no es nada nuevo. Pero la apuesta del Gobernador es intensificar las labores de los internos de los penales locales. El Gobierno propone que los presos trabajen en recuperación de mobiliario estatal (escritorios, bancos escolares, estantes), refacciones varias para el Estado, la cosecha en la granja penal y, en caso de que aparezcan, contratos privados, también se incluirían.
Incluso ayer trascendió que hay una empresa interesada en trabajar chapería del automotor con los presos mendocinos.
El escaso trabajo de los presos “pasa a ser un privilegio adentro del sistema que no gozan los trabajadores, la gente, ni mucho menos las víctimas” decía el ministro de Seguridad Gianni Venier, para luego asegurar que el aprendizaje de oficios podría servir para reducir las reincidencias, porque habría una salida laboral que permita obtener ingresos.
Son alrededor de 4.800 presos los alojados en penales de la provincia, los cuales le cuestan a la Provincia unos 20 mil pesos por mes. El 60% son condenados, es decir, alrededor tres mil internos.
El proyecto de ley, que Cornejo mandará a Legislatura en las próximas horas, también contiene un detalle llamativo: que el otorgamiento de beneficios por parte del juez de Ejecución Penal previamente pasen por una audiencia oral en la que estén representados las víctimas del recluso y también la prensa.
Respecto del trabajo obligatorio, será bajo formas asociativas, con un pago del que se descontarán los gastos de manutención y para el resarcimiento de las víctimas y para la manutención de sus propias familias.
Serán alcanzados por la obligatoriedad todos los presos condenados; para los procesados en prisión preventiva, la medida será opcional.
Una de las críticas es que la propuesta podría ser inconstitucional, porque va en contradicción de la ley nacional 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad. Venier explicaba que el control de la ejecución de la pena es una facultad no delegada de la provincia a la Nación, por lo que la contradicción con la ley nacional no sería un inconveniente.
Para Petri, es "una ley clave"
El diputado nacional radical Luis Petri, es uno de los referentes en el tema de seguridad. De hecho, en la oposición hay quien dice que Cornejo “le copió” la iniciativa en el Congreso con el proyecto de dar trabajo obligatorio a los presos.
Lejos de cuestionarlo, el diputado mostró todo su apoyo. “Me parece una ley clave”, dijo Petri, que consideró “trascendental” que los condenados trabajen en las cárceles. “La mejor manera de resocializar a una persona privada de libertad, es con el aprendizaje de un oficio, la terminalidad educativa y la obligación de trabajar”, añadió.
Según el diputado, “el 85% de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios no tenía trabajo o lo tenía precarizado” antes de ser encarcelada. “Que aprenda un oficio y el valor del trabajo y ganarse el pan con el esfuerzo de su trabajo es clave”, insistió.
